El caso se produjo en la noche del viernes último y tomaron intervención los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda.

Incluso la víctima comentó que el sujeto quemó el colchón y cerró la puerta de la habitación con ambos adentro.

Después la mujer logró escapar y radicar la denuncia, por lo que de inmediato tomó intervención el personal de la oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar y brindó contención a la víctima.

En simultáneo, los policías de la Brigada Investigativa de la Comisaría Segunda detuvieron al sujeto, lo trasladaron hasta la dependencia, lo notificaron de su situación procesal y quedó alojado en una celda.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Homicidio en Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

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El hecho ocurrió entre las 7.30 y 8.30 del día 23 de octubre de 2020 cuando la mujer fue hasta la ladrillería donde trabajaba su pareja, Santiago Guillermo Franco Olmedo, desatándose en el lugar una discusión entre ambos. En un momento determinado ella arrojó combustible sobre el cuerpo del hombre para luego prenderle fuego, causándole graves quemaduras en el cuerpo, que le produjeron la muerte veinte días después.

En el mes de marzo de ese año ambos habían iniciado una relación de convivencia, siendo el común denominador del vínculo la violencia física que ejercía Franco Olmedo contra su pareja, Débora Torres. Producto de esto, ella decidió interrumpir la relación en el mes de setiembre y el hombre fue a vivir a la casa de su madre. No obstante, éste iba asiduamente a la vivienda de su expareja para seguir agrediéndola verbal y físicamente.

La noche previa al desenlace fatal, Franco Olmedo, acompañado de dos amigos, fue nuevamente a la casa de Torres donde consumió abundantes cervezas, mientras miraba un partido de fútbol. La noche terminó con una discusión entre ambos y golpes de puños y patadas propinados por el hombre a la mujer.

Al otro día, antes de ir a su trabajo, Franco Olmedo pasó por la casa de la mujer y desde la calle le dijo a viva voz que la iba a matar a ella y a sus hijos. Minutos después, Torres, junto a sus hijas menores, fue a la ladrillería donde trabajaba su expareja, discutió con él, le arrojó nafta y le prendió fuego. El hombre murió el día 13 de noviembre producto de las graves heridas sufridas.

Por la muerte de Franco Olmedo, la mujer fue llevada a juicio acusada de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, y, en esa instancia, la Cámara Segunda en lo Criminal decidió absolverla de culpa y cargo, tras entender que actuó en legítima defensa, luego de haber sufrido de manera permanente y sistemática violencia de género de parte de su pareja y recibido amenazas de muerte, tanto ella como sus hijos.

Es que antes de este trágico epilogo, Débora Torres realizó varias denuncias -policiales y judiciales- sobre los maltratos y episodios de violencia reiterados de los que era víctima, no recibiendo nunca ninguna respuesta mínimamente satisfactoria.

Tras el fallo absolutorio, el caso -vía recurso de Casación- llegó a la máxima instancia judicial de la provincia y allí el STJ sacó esta mañana otra sentencia (número 6412) que coincide plenamente con la absolución dictada por la Cámara Segunda en lo Criminal.

Obligación constitucional

El fallo de Casación define claramente cuál es la línea que debe seguirse a la hora de analizar y tratar casos como estos y recuerda que el STJ ya tiene dicho que la perspectiva de género es una categoría analítica, una herramienta conceptual que busca encontrar y poner en evidencia las diferencias entre hombres y mujeres, no solamente por su determinación biológica, sino por las diferencias culturales que se les han asignado históricamente. “Es un conjunto de mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres”, afirma, y agrega: la perspectiva de género en el ámbito judicial comienza a delinearse a partir de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) que en nuestro país es de obligatoria aplicación a partir de la sanción de la ley Nº 24.632, en el año 1996, y reforzada con la ley Nº 26.485, sancionada en el Año 2009, considerada de orden público y que, entre otros objetivos, pretende “la remoción de patrones socio-culturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” imponiendo deberes expresos a los tres poderes del Estado, para combatir la desigualdad socio – cultural de raíces históricas.

Sobre la base de estos y otros precedentes legales, el fallo de Casación afirma que el juzgamiento con perspectiva de género no es una opción, es una auténtica obligación emanada de Convenciones Internacionales, de la Constitución Nacional y de la legislación antes citada; y este imperativo está mucho más allá de las coyunturales posiciones ideológicas de funcionarios de turno, “porque forma parte del cuerpo jurídico que rige el conjunto de la Nación y es obligación nuestra, de los jueces y de las juezas, de toda la República, su plena aplicación cuando así corresponda”.

La sentencia pone énfasis en el contexto en que se desarrollaron los hechos y el ciclo de violencia de género padecido por la mujer, antesala y disparador del desenlace, los que abonan y fundamentan el modo en que actuó Débora Torres; es decir defendiendo legítimamente su vida y la de sus hijos.

“La posición dogmática que reduce la figura de la legítima defensa al hecho aislado sin comprender todo el contexto, hubiera implicado que Débora Torres se quedara en su casa esperando que su ex pareja volviera para concretar la amenaza de muerte a ella y a sus hijos, para recién ahí, comenzar a ponderar de qué manera se iba a defender. Es muy probable, entonces, que los roles de víctima e imputada se hubieran invertido de haber adoptado esa pasiva conducta”, subraya el fallo de Casación.

Violencia permanente

El fallo pone el foco en el estado de violencia permanente y no ocasional o coyuntural que sufría la mujer, los intentos que ella hizo para que el Estado ponga freno a esta situación, sin lograr ningún resultado, lo que la colocó en un estado de indefensión, lo que la llevó a acometer una acción -no querida ni buscada- para defenderse por sí misma del ataque constante que venía padeciendo.

“Débora Torres fue la causante de la muerte de su agresor, siendo el acto de defensa por ella desplegado, el único que entendió necesario para impedir que la agresión se extendiera a la pérdida de su vida y la de sus hijos”, explica la resolución judicial, y agrega: “Solo en ese cuadro se entiende el derecho que posee la mujer que sufre violencia, de forma continua y habitual, inmediata o mediata, para defenderse, también, mediante el uso de la violencia”.

Menciona más adelante que la doctrina ha empezado a hablar de “violencia de género invertida”, esto es, de una modalidad de violencia -especialmente física- a la que necesariamente debe recurrir la mujer para proteger sus derechos, en particular el derecho a la vida o a su integridad física. “Débora Torres y sus hijos se encontraban en una situación de abuso continuo y sistemático, que no le dio opciones y el Estado inoperante, en este caso particular, no puede exigirle, con la serenidad de análisis de una sentencia condenatoria que omite el factor de vulnerabilidad, que Débora eligiera la opción menos cruenta o lesiva, como alejarse o abandonar al agresor para escapar del abuso y riesgo al que era constantemente sometida. Débora Torres fue una mujer en peligro permanente de ser agredida, sin opciones posibles de neutralizarlo, de manera que, para defenderse, escogió el medio que creyó definitivo”, afirma la sentencia del STJ.

Respecto a la controversia suscitada en cuanto a si hubo o no legítima defensa, el fallo aclara que la ley en realidad no exige textualmente, que la agresión ilegítima sea actual o inminente. La interpretación lógica del apartado a) del artículo 34 del Código Penal lleva a entender que cuando la agresión cesa, la defensa también; pero si aquélla continúa, en la forma de un estado permanente y continuo de violencia, no podría negarse la legítima defensa en situaciones de violencia de género -como la traída a juicio-, invocando solamente la falta de actualidad de la agresión, “pues ello implicaría negar el carácter permanente de la violencia sistemática en un contexto de género y contradecir la definición que ya se ha adoptado por toda la legislación y jurisprudencia existente. Y, en este caso en particular, en cuyo desenvolvimiento no hay discrepancias, la conclusión de la absolución se fundamenta en que mientras subsistió el peligro de lesión o de posteriores daños mayores, la agresión siguió siendo actual y la defensa fue, por lo tanto, legítima”, concluye la resolución judicial.

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«AL PUEBLO DE EL COLORADO Y A LA PROVINCIA TODA«

En las últimas horas comenzó a circular por redes sociales un escrito de una presentación judicial en mi contra, formulada por mi ex pareja y madre de mi hija, así como una serie de publicaciones mal intencionadas y mentirosas, es por eso que me veo en la obligación de aclarar lo que realmente paso:

Primero quiero negar absolutamente haber ejercido actos de violencia de algún tipo contra mi ex pareja Celeste Abigail Juroczko. Niego también haber faltado en algún momento con el sostenimiento económico de los gastos de manutención de mi hija, siempre he sido un padre presente y todo lo que he realizado siempre fue por el interés superior de mi hija.  

Todo el resto del escrito merece, y así se hará, una respuesta fundada que la daremos en el expediente judicial que ya se encuentra en trámite ante el Tribunal de Familia, con responsabilidad y cuidando de que esto no perjudique a nuestra hija que tenemos el deber de cuidar.

LA VERSIÓN DE LOS HECHOS

Dicho esto deseo describir brevemente lo que verdaderamente ocurrió y desencadeno todas las acciones posteriores por parte de mi ex pareja.

El día domingo 03/11/2024 recibí una llamada de mi ex pareja al medio día, diciéndome que “IBA A TERMINAR CON SU VIDA Y LA VIDA DE MI HIJA”,como podrán entender, estas palabras me horrorizaron de sobremanera, luego me contacté con los padres de ella, les conté lo que me había dicho de manera telefónica, y les pedí que resguardaran a mi hija y también que contuvieran a la suya, pues en razón de sus dichos ambas personas corrían peligro.

Seguidamente acudí a la comisaría de El Colorado, dejé constancia de los dichos de la progenitora y posteriormente fui a retirar a mi hija de la casa de sus abuelos maternos, donde ellos me la entregaron sin inconvenientes, previo a mantener una conversación donde yo les solicitaba que me la entreguen para poder resguardar a mi hija, y que ellos se ocuparan de contener a Celeste, teniendo en cuenta las amenazas que ella había hecho.

Luego de ello la tuve conmigo a la menor “para resguardarla”, garantizando siempre la posibilidad de que tanto la madre como los abuelos pudieran verla.

Mi ex pareja luego ha intentado minimizar sus conductas, diciendo en un intercambio de WhatsApp “…VOS HICISTE TODO UN DRAMA DE UNA FRASE…”. Lo cual -aclaro- no comparto en absoluto, jamás me podría mantener indiferente ante semejante amenaza, sigo convencido de que hice lo que tenía que hacer en ese momento de crisis en la que ella evidentemente se encontraba.

Con posterioridad presenté una demanda en el Tribunal de Familia donde básicamente solicité el cuidado personal de mi hija, y que se ordenen los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos que sean necesarios respecto de mi ex pareja para garantizar la integridad física y psíquica de mi hija, así como también la de ella misma.

Al día siguiente, me contacté con los abuelos maternos y acordé, entregar temporalmente a mi hija, para que no perdiera el contacto con ellos, ni con su progenitora, siempre priorizando el interés superior de la niña y en el ánimo de que comenzáramos a desarrollar de hecho un cuidado compartido, mientras se resuelven estas cuestiones en la justicia, siempre bajo la responsabilidad de ambos abuelos maternos respecto de la integridad de la menor.

Aclaro que todo lo que he realizado lo he hecho en resguardo de la vida de mi hija, luego de la amenaza de mi ex pareja. Y considero que cualquier padre o madre responsable haría lo mismo ante una situación de esa naturaleza.

Siempre he intentado resguardar nuestra vida privada, pero doy a conocer todo esto ahora, porque han tomado trascendencia interesada una serie de acusaciones infundadas, absurdas y mentirosas sobre mi persona.

Condeno enérgicamente a las personas que hayan usado de una manera tan perjudicial y deshumana a mi pequeña hija para intentar dañarme pública y políticamente. Como padre cualquiera entenderá que el límite son los hijos.

Hoy todo esto se encuentra en manos de la justicia y voy a atenerme a ello. Pero tengo la tranquilidad de haber obrado como un buen padre en un momento critico -que no se lo deseo a nadie- y de ir la con la verdad, porque estoy convencido que la verdad más temprano que tarde, saldrá a la luz.

Emanuel Zieseniss – Concejal de la ciudad de El Colorado

DNI N° 32.233.048

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La diputada provincial de Nuevo País, Mara Amarilla, denunció que en la última sesión ordinaria en la Legislatura, fue «censurada por el oficialismo”, y por el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Cabrera, quien dio lugar a una moción de orden pedida por el diputado Agustín Samaniego.

«Es común el maltrato a todas las diputadas de la oposición» dijo Amarilla.

Radio Uno habló con Mara Amarilla, diputada provincial de Nuevo País, quien quiso presentar un proyecto para que los vehículos oficiales estén debidamente identificados, cuando tras un pedido de moción de orden del diputado oficialista, Agustín Samaniego, le apagaron el micrófono y no la dejaron hablar más.

«No me dejaron exponer sobre qué iba mi proyecto, cuando dije que se trataba de identificar correctamente a los vehículos oficiales para así evitar el mal uso de los recursos y bienes del Estado, como sucedió el último fin de semana, saltó Samaniego, a los gritos, como ya es su costumbre, para pedir moción de orden, y sin dejarme explayarme y contar sobre qué iba mi proyecto, el presidente de la Cámara de manera provisional, el diputado (Armando) Cabrera, le hizo lugar a su pedido, y pasaron directamente a votar, es decir ¿cómo van a votar algo que no sabían de qué se trataba si no me dejaron explicar?», dijo Amarilla.

La censura fue clara y más que explícita, puesto que a la legisladora de la oposición le apagaron el micrófono mientras Samaniego seguía vociferando, prácticamente ordenándole al presidente de la Cámara de Diputados, cómo proseguir.

Luego, la diputada hizo su descargo en las redes y expuso el vídeo donde se ve la violencia con la que trataba el legislador oficialista a todos los integrantes del bloque, Gabriela Neme y Adrián Bogado, a quien le dijo algo, previo a pedir la moción de orden.

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En la mañana de este martes, finalizó en los Tribunales de Formosa la fase de Alegatos en el juicio oral y público que se viene llevando adelante para esclarecer la muerte de la joven Janet Aleman, ocurrida la noche del 22 de abril de 2021,en el barrio Bolsón Grande de la ciudad de Clorinda, cuando en medio de una discusión con su pareja, Domingo Sebastián Chávez, ella recibió un disparo en la espalda, efectuado con un pistolón de caza calibre 14, que le causó la muerte casi en el acto.

El juicio oral y público para esclarecer este hecho comenzó a principios de febrero y está a cargo de la Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia, integrada por los jueces Arturo Lisando Cabral, Ricardo Rojas y la jueza María de los Angeles Nicora Buryaile. Intervienen como fiscal subrogante, Pedro Gustavo Schaeffer, la parte querellante y la defensa del acusado, ejercida por Lucio Leiva, Defensor Oficial de Cámara.

Abrazo de la muerte

Antes de que las partes comenzar a formular sus alegatos, el acusado Domingo Sebastián Chávez expresó al tribunal su deseo de prestar declaración indagatoria, haciendo uso de su derecho a Defensa.

En su exposición, el hombre habló de la relación “sentimental y comercial” que tenía con Janet y dio su versión sobre lo que sucedió en aquella fatídica noche del 22 de abril. Contó que hubo una discusión previa entre ambos y que en esas circunstancias ella tomó el arma que estaba en la vivienda, en una clara actitud amenazante contra él. Dijo que logró desarmarla y apoderarse del pistolón, luego de lo cual intentó calmarla y al momento de abrazarla se produjo el disparo que terminó causándole la muerte a la mujer. “No sé cómo salió el disparo…no digo que soy inocente ni culpable, es mi intención aclarar lo que pasó esa noche”, declaró Chávez.

También recordó las acciones que desplegó después de producido el grave suceso. Señaló que intentó cargar a la víctima en su moto para llevarla al hospital, pero al no lograr su cometido porque le resultó imposible subir la empinada barrera para llegar a la calle, corrió desesperado a pedir ayuda, primero a los vecinos y luego a la Policía, yendo directamente a una Comisaría de la zona.

En virtud de los fundamentos señalados, el defensor pidió al Tribunal que aplique a su cliente la pena de cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo.

Negó enfáticamente que haya querido matar a Janet y ocupó buena parte de su relato a intentar desacreditar a la víctima, hablando de sus hábitos y conductas personales.

La declaración de Chávez fue aprovechada por el Tribunal para realizar una suerte de reconstrucción de los hechos.

El acusado se puso de pie, caminó unos pasos y se paró frente a un muñeco que sostenía un policía y que fue llevado a la audiencia por el fiscal Schaeffer, para que represente a la víctima del caso. En este contexto y empuñando con una mano un caño que hacía las veces del arma de fuego, Chávez procuró recrear los hechos, reprodujo el supuesto abrazo a su pareja y, finalmente, precisó el instante en que salió el tiro que cejó la vida de Janet.

Esta representación o simulación de los hechos, permitió a los jueces del Tribunal tener una mejor percepción de cómo pudo haber ocurrido este trágico episodio, abonado lógicamente por las demás pruebas del expediente y las declaraciones que fueron brindando los testigos que desfilaron a lo largo de las sucesivas audiencias.

Antes que declarara Chávez, lo hizo el último testigo, el doctor Bienvenido Zárate, el médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Janet.

El profesional se encargó de explicar con meridiana claridad las características del disparo, el modo en que fue realizado, la distancia, el recorrido que hizo el proyectil en el cuerpo de la víctima y dónde quedó finalmente alojado, ya que no hubo orificio de salida.

Las explicaciones que dio el forense ilustraron sobre este aspecto del caso y se circunscribieron específicamente al momento de la ejecución del hecho. “Es imposible que ella se haya disparado”, aseveró ante la pregunta del juez Cabral, descartándose la posibilidad de un suicidio.

PENA MÁXIMA

Tanto la Queralla como el fiscal Schaeffer pidieron al Tribunal que al momento de dictar sentencia apliquen a Chavez la pena de reclusión perpetua, la máxima sanción prevista en el Código Penal Argentino.

Ambos dieron por probado el hecho, el modo en que se desarrollaron los actos, tanto antes, como durante y después de la muerte de Janet y señalaron como autor material del femicidio al acusado Chávez.

“Todas las pruebas reunidas a lo largo de este proceso muestran con meridiana claridad al acusado Chávez como autor material y responsable del hecho, correspondiéndole la pena de prisión perpetua por haber cometido el delito de homicidio doblemente calificado, ya que mató a su pareja y en un contexto de violencia de género”, afirmó el acusador público.

El fiscal Schaeffer realizó una enjundiosa y fundada exposición enumerando una a una las pruebas que a su criterio dan sustento y respaldo a su requisitoria, consideró inviable la versión exculpatoria que brindó el acusado del abrazo que había dado a la víctima segundos antes del disparo letal, maniobra a la que calificó de inverosímil a la luz de las pruebas existentes en la causa y cerró su requerimiento con una contundente frase: “Jante fue ejecutada”.

Lejos de dar crédito a la declaración de Chávez respecto a que el disparo fue accidental, el fiscal hizo una reconstrucción de los hechos diametralmente opuesto. Opinó que la víctima recibió el disparo cuando estaba agachada y de espalda al tirador, consumándose así una acción deliberada, intencional e ilegítima.

En cuanto a las acciones que desplegó Chávez con posterioridad a los hechos pidiendo con desesperación ayuda a los vecinos y a la misma Policía para salvar la vida de Janet, el fiscal dijo que todo eso se trató de un “acting”, una mera actuación para mejorar su situación.

“En nombre de todas las mujeres que me rodean y tengo a mi vista no quiero más este tipo de juicios”, expresó Schaeffer, quien se refirió al flagelo de la violencia de género y a los casos de femicidio, donde queda claramente demostrado una asimetría donde el varón ejerce un poder superior sobre la mujer, prevaleciéndose de su estado de vulnerabilidad, “propio de un estado y una condición de patriarcado que debe desterrarse para siempre”, enfatizó.

No hubo dolo

En la vereda de enfrente se ubicó el doctor Lucio Leiva, abogado defensor de Chávez.

Para la Defensa el acusado no tuvo intención ni motivación para matar a Janet, sostuvo que se trató de un disparo accidental y, sobre la base de este razonamiento, se trata de un típico caso de homicidio culposo.

“No se trata de hacer un juicio moral contra el acusado que lo muestre como un femicida, acá tenemos que basarnos en las pruebas y las pruebas que hay no revelan de ningún modo que haya existido dolo, es decir intención de matar”, remarcó Leiva.

En su extensa exposición, el Defensor atacó cada uno de los argumentos esgrimidos por el fiscal, robusteció la versión de su cliente, sobre todo en los actos posteriores a través de los cuales éste trató de salvar la vida de Janet, y trajo a colación testimonios que revelaron “el amor que él le tenía a la víctima”, señalando puntualmente los dichos de la madre de la mujer.

De manera concreta, Leiva sostuvo que lo que pudo probarse es que existió un homicidio y que el culpable de este hecho es su cliente, pero en ningún caso -dijo- se puede afirmar que hubo intención de matar, esto no se pudo probar, insistió. “No hay una sola prueba del dolo, si en cambio que existió un obrar negligente de Chávez al apoyar un arma de fuego en una persona”, remarcó.

La lectura de la sentencia de este juicio será el 27 de marzo a las 12 horas, anunció el juez Cabral, antes de dar por finalizada la audiencia.

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El hecho ocurrió el domingo último alrededor de las 16:45 horas, cuando la propietaria del inmueble, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Freitas del barrio centro de Laishí, se presentó en la unidad operativa con la finalidad de denunciar la situación.

La víctima relató que su pareja estaba completamente fuera de control y en un momento afirmó: “Voy a prender fuego la casa. A vos y a los chicos los voy a quemar vivos”.

Mientras radicaba la denuncia, el personal de guardia recibió un llamado telefónico a la línea de emergencia gratuita 101, donde vecinos informaron que una vivienda se encontraba en llamas. Por la dirección, se trataba de la casa de la mujer.

Los uniformados rápidamente acudieron al lugar con los elementos para extinción de incendios y una cisterna de 10.000 litros de agua, encontrándose con un incendio generalizado de la casa.

Luego se sumaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron la situación y trabajaron en el enfriamiento y remoción para evitar el reavivamiento del fuego.

Después se realizaron las diligencias procesales y pericias con el perito de Bomberos, determinándose que el siniestro fue intencional.

En medio de las actuaciones, se presentó en el lugar la pareja de la mujer, un hombre de 39 años, que terminó detenido.

Por el caso, se inició una causa judicial caratulada “Amenaza en Contexto de Violencia de Género e Incendio”; se notificó al sujeto de su situación legal y fue alojado en una celda, a disposición de la justicia.

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Uno de los casos tiene que ver con un delegado vecinal y el otro con un empleado que trabajaba en un Juzgado de Pirané.

El primero de ellos fue denunciado por una empleada de la Delegación Vecinal por acoso, abuso y expresiones o insinuaciones de carácter sexual, en tanto el segundo fue acusado bajo los cargos de violencia laboral, acoso sexual y persecución de telefonía celular, comentarios y bromas mal intencionadas de naturaleza sexual y desvalorizantes de la persona sobre el trabajo funcional de la denunciante.

Tras recibir ambas denuncias, el Superior Tribunal de Justicia abrió una investigación interna a través de los respectivos sumarios administrativos.

Esto dio inicio a una minuciosa pesquisa, en cuyo marco los acusados hicieron sus descargos y ofrecieron las pruebas que consideraban pertinentes. También declararon como testigos todos los empleados judiciales del área donde los acusados se desempeñaban laboralmente.

Finalizada la etapa de instrucción de los sumarios, los ministros del STJ analizaron todas las pruebas reunidas a lo largo de ambas investigaciones y, con dictamen del procurador General, tomaron la determinación de declarar la cesantía de ambos empleados.

Con relación al Delegado Vecinal, dijeron que lo manifestado en su declaración, las pruebas que ofreció y las diligencias realizadas, no tienen entidad suficiente para revertir las pruebas existentes en el sumario, las cuales acreditan fehacientemente las violaciones incurridas, destacándose que el hecho probado fue valorado en su conjunto adquiriendo la certeza requerida por la reglamentación para dictar un fallo definitivo.

En cuanto al empleado denunciado en Pirané señalaron los ministros del STJ que del sumario surge acreditado fehacientemente que el agente denunciado ha incurrido en violencia laboral y acoso, manifestados mediante acoso sexual, persecución personal y de telefonía celular, comentario o bromas mal intencionadas de naturaleza sexual y desvalorizante de la persona sobre el trabajo funcional de la denunciante, por lo que resulta aplicable el artículo 6 inciso b) del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, que refiere a la obligación de guardar consideración y respeto hacia los magistrados, funcionarios, compañeros y subordinados, debiendo observar asimismo buena conducta en el servicio y fuera de él y el deber de acatamiento al orden jurídico-político, en concordancia con el artículo 1 inciso a) del Convenio 190 de la OIT (Ley N° 27.580) y los artículos 4, 5 y 6 de la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

“Que la gravedad de las infracciones y el tenor de las mismas impiden mantener una persona con esas características en el plantel del Poder Judicial, por lo cual, si bien como antecedente registra un llamado de atención justamente por inconducta, resulta procedente se decrete la cesantía”, enfatiza la decisión judicial que se tomó en consonancia con el RIAJ y en línea con los compromisos legales de nuestro país en la lucha contra la violencia de género.

Alcances

Estas dos resoluciones del máximo tribunal de la provincia, 186 y 436, constituyen un paso importante para la erradicación del acoso sexual en el lugar de trabajo y la promoción de la igualdad de género, en el convencimiento de que este tipo de comportamientos no tienen cabida en ningún entorno laboral, toda vez que atentan contra los principios de igualdad de género y respeto hacia los demás.

El tribunal subrayó que la gravedad de las infracciones denunciadas justifican los despidos y la necesidad de mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los empleados, representando un importante avance en la promoción de un ambiente laboral libre de acoso sexual, al tiempo de reforzar el compromiso de las instituciones judiciales en la protección de los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo. (Imagen destacada: Internet)

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Ante la denuncia por violencia de género, además, se activaron en forma simultánea varios operadores del Estado en defensa, protección y contención de la víctima, a la vez de iniciarse la investigación por el hecho, que ocurrió el año pasado. La denunciante es la ex pareja del edil.

Las dependencias y organismos que rápidamente activaron sus protocolos de atención, son los siguientes: Oficina de Violencia Intrafamiliar, la Fiscalía de Primera Instancia y el Juzgado de Instrucción y Correccional que están de turno, la Unidad de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Delitos Penales y la Secretaría de la Mujer.

Para este tipo de casos, es cuestión de poco tiempo para que se impute formalmente al legislador municipal por los graves delitos por los que se lo acusa, tras lo cual el siguiente paso sería que preste declaración indagatoria en la causa, además de designar un abogado que lo represente.

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El sábado último, una mujer denunció en la Comisaría Seccional Segunda que fue víctima de amenazas con arma de fuego.

El personal del área de género le brindó contención y asistencia a la mujer y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Rápidamente los uniformados se abocaron al trabajo investigativo, con la finalidad de aprehender al hombre y secuestrar el arma que tenía en su poder para evitar una tragedia.

En esa línea de trabajo, el domingo al mediodía, se procedió a la aprehensión del imputado en una estación de servicios, ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle 17 de Octubre de esta ciudad.

Por otra parte, un hombre al tomar conocimiento de lo sucedido, entregó en forma voluntaria una pistola calibre 9 mm, siete cargadores, 22 cartuchos del mismo calibre y una pistolera del detenido, los que fueron secuestrados porque resultan de interés a la causa.

Detenido y secuestros fueron trasladados a la unidad operativa, donde quedó alojado en una celda, a disposición del magistrado en turno.

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El hombre fue internado en el Hospital Central con lesiones graves, imputado en una causa judicial y con custodia policial. La víctima terminó con lesiones leves.

Este martes, minutos antes de las 23 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera tomaron conocimiento a través de la línea de emergencias gratuita 911ECO, sobre un herido de arma blanca en la avenida Sargento Cabral y calle Santos Marighetti del barrio Villa Lourdes de esta ciudad.

Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien comentó que circunstancias que se encontraba en su vivienda, se presentó un hombre con herida de arma blanca en el cuerpo solicitando ayuda, ante esa situación requirió la presencia del SIPEC y el personal de salud traslado al herido hasta el Hospital Central de esta ciudad.

De las averiguaciones realizadas por los uniformados con los vecinos del sector, se determinó que el herido de 33 años, era vecino del lugar. Por ello, se trasladaron hasta un inmueble, donde se entrevistaron con una mujer de 31 años, quien se identificó como la pareja del lesionado.

La mujer denunció que su concubino se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su vivienda, en un momento dado se produjo una discusión, tornándose agresivo. El sujeto le propinó un golpe de puño en el rostro causándole lesiones.

Ante la agresión, la víctima trató de salir del inmueble, pero su pareja la tomó del cabello y la llevó hasta el dormitorio, donde se sacó su cinto y la azotó en diferentes partes del cuerpo.

Minutos después, la víctima logró salir de la casa, pero nuevamente su concubino la llevó del cabello hacia el interior. Allí el hombre tomó un cuchillo y le produjo un corte en la zona del cuello.

Posteriormente el agresor intentó abandonar la casa, aprovechando ese momento la víctima para tomar un puñal que se encontraba en la mesa con el cual le asestó un puntazo en el abdomen provocándole lesiones.

El sujeto permanece internado en el Hospital Central con custodia policial, tras ser intervenido quirúrgicamente por presentar lesiones graves; en tanto la mujer resultó con lesiones leves.

El caso se informó al Juez y fiscal de turno, disponiendo la sustanciación de una causa por el delito de “Lesiones por Motivo de Violencia de Género (Ley 26.485) y Lesiones Graves”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Provincia Circunscripción Judicial de la Provincia.

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