No sería impedimento para el PJ, que tiene el dos tercios del parlamento aprobar la designación (alcanza con mayoría simple, 16 votos). La sesión de hoy será presidida por el diputado Armando Felipe “Papacito” Cabrera. Pero «no está previsto tratar la renuncia de Hang hoy jueves».

De todos modos, en los pagos de Formosa, todo puede suceder y sorprender con “un tapado” que surge en minutos. 

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La ceremonia estuvo presidida por el titular del STJ, Marcos Bruno Quinteros, los ministros Guillermo Horacio Alucín y Eduardo Manuel Hang y el procurador General, Sergio Rolando López.

Entre las autoridades que estuvieron presentes, cabe destacar la asistencia de la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, de la doctora María Sena, en representación del Ministerio de Gobierno, referentes de gremios judiciales e invitados especiales.

EL ACTO

La secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe leyó la resolución de convocatoria al juramento y la disposición legislativa de designación de las dos juezas y la fiscal, tras lo cual el presidente del STJ, Marcos Quinteros procedió a tomarles el juramento de estilo.

Tras dar el “si juro”, las autoridad del STJ y las flamantes magistradas y funcionaria, firmaron el acta correspondiente, previa lectura de la doctora Priewe.

Al hablar en el cierre de la ceremonia, el doctor Quinteros agradeció la presencia al acto y dijo que el Superior Tribunal de Justicia está complacido por el dinamismo que tuvo este proceso de jerarquía constitucional, destacando en tal sentido el trabajo intenso que desplegó el Consejo de la Magistratura y la respuesta ágil que dio la Legislatura Provincial con estas designaciones que vienen a cubrir vacantes en lugares trascendentales para el servicio de Justicia.

Refiriéndose a las dos magistradas y a la fiscal que asumieron sus funciones,  puso en valor que todas pertenecen al Poder Judicial de la provincia y que han demostrado un interés permanente en capacitarse, razón por la cual consideró que podrán mucho empeño y compromiso a la hora de ejecutar el trabajo pendiente en sus respectivos juzgados y Fiscalía.

“Estoy seguro que van a dar respuestas muy positivas, dándole a la comunidad lo que ella espera del Poder Judicial, es decir la resolución ágil de los conflictos que ingresan al sistema judicial”, enfatizó Quinteros, quien auguró a nuevas magistradas y funcionaria «la mejor de las gestiones”.

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PRISIÓN PERPETUA

La máxima pena prevista en el Código Penal Argentino recayó en Brian Emanuel Aguilera Núñez, Rubén Vázquez y Sebastián de Jesús Escobar, los tres hallados penalmente responsables como coautores de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, homicidio calificado criminis causa y femicidio. La absolución, en tanto, fue para el cuarto acusado, Francisco Javier Fariña.

La lectura de la sentencia de este resonante hecho se desarrolló en el sexto piso del edificio de Tribunales y estuvo a cargo de la presidenta de la Cámara Segunda, María Nicora Buryaile y el juez Ricardo Fabián Rojas, con la presencia de la jueza Viviana Taboada, integrante subrogante del Tribunal.

El fallo está fundado en las pruebas e indicios reunidos a lo largo de un extenso proceso caracterizado por la complejidad de este caso que conmocionó a la comunidad de Clorinda, por la saña y brutalidad con que Cinthia Morán fue violada y ultimada en un zanjón de la calle Piedras, en el barrio 1 de Mayo de esa ciudad.

La sentencia hace hincapié en la crueldad inusitada e inconcebible empleada por los asesinos de Cinthia y otorga un lugar preponderante a la figura de femicidio, al entender los jueces de la Cámara Segunda que se trató de caso de violencia de género donde la víctima fue cosificada y considerada un mero objeto, con total y profundo desprecio por su condición de mujer. “Se trató de una violación grupal donde aflora el mandato de masculinidad”, sostiene el fallo que lleva como número13.384/23.

Quedó probado que la joven -que en ese momento tenía 19 años- fue brutalmente abusada sexualmente y luego asfixiada boca abajo en una zanja repleta de agua servida que había en el lugar.

En cuanto a la calificación penal del aberrante hecho los jueces tuvieron plena coincidencia, no así con relación a quienes participaron y fueron autores de la muerte de Cinthia. El juez Rojas sindicó como autores materiales a Aguilera Núñez y Vázquez, en tanto las juezas Nicora Buryaile y Taboada incluyeron además a Escobar, prevaleciendo por mayoría la opinión de ambas magistradas en cuanto a que fueron tres y no dos los que violaron y mataron a la mujer.

En su acusación, la fiscal del caso, Norma Zaracho había pedido que los cuatro acusados sean condenados a la pena de prisión perpetua, en tanto los abogados defensores reclamaron la absolución de todos los implicados, argumentando “falta de pruebas y certeza plena” que ellos hayan sido los autores del violento crimen.

Cinthia Morán fue ultimada en la madrugada del 17 de junio del 2017 por personas con las que había estado compartiendo una amena reunión en una vivienda de la zona.

Uno de ellos la siguió cuando ella se retiró del lugar y a muy pocas cuadras, ayudado por otros integrantes del mismo grupo, decidieron violarla de manera aberrante para luego matarla a fin de evitar ser descubiertos por la víctima.

Su cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado una semana después en un zanjón al costado de la ruta 86, en el barrio 1 de Mayo de la ciudad de Clorinda.

FARIÑA, ABSUELTO

Por su parte, Fariña terminó absuelto de culpa y cargo porque ninguna de las pruebas ni indicios reunidos durante la investigacion y el proceso judicial lo colocaron en el lugar de los hechos, concluyendose así que no tuvo ninguna participación en el abuso ni en el posterior femicidio de la indefensa victima.

LECTURA DEL FALLO

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También se dispuso el orden de subrogación de la Presidencia para el mismo periodo, el cual quedó establecido de la siguiente manera: Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera.

La designación del doctor Quinteros (Acordada 3146 punto Tercero) fue comunicada al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo de la Magistratura y a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juez Quinteros ingresó al Poder Judicial de Formosa el 17 de mayo de 2012, asumiendo el cargo de ministro del STJ. Desde entonces y hasta la fecha ejerció la Presidencia de la Corte Provincial en cuatro ocasiones: 2014, 2015, 2020 y 2021.

FUENTE: Facebook del Poder Judicial (ver)

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En los considerandos de la resolución de creación del nuevo juzgado, el STJ mencionó que “la Constitución provincial confiere al Superior Tribunal de Justicia la facultad de crear juzgado de Paz en el territorio de la provincia de Formosa, atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y su población”.

“En la ciudad de Formosa se encuentran en pleno funcionamiento tres juzgados de paz, ubicados dos en el casco céntrico y un tercero en el denominado Circuito Cinco de la ciudad capital. El vertiginoso crecimiento poblacional que se verifica en el barrio conocido como La Nueva Formosa impone, con el objeto de garantizar el acceso a justicia de la población allí asentada, la habilitación de un cuarto juzgado de Paz, que atienda de manera directa y eficaz los requerimientos propios del fuero que nos ocupa” señala el resolutivo.

“Claramente, los juzgados de paz en todo el territorio provincial, se han consolidado como centros de atención jurídica de la población, atendiendo tanto casos contravencionales como de naturaleza civil, tal cual lo permite la legislación vigente, de manera gratuita y rápida” prosiguió.

“Siendo así, y con el objeto de mejorar el acceso a justicia de la población radicada en la nueva urbanización de la ciudad de Formosa dispone el inicio de las gestiones necesarias para la pronta habilitación del Juzgado de Paz N° 4, cuyo asiento deberá materializarse en el barrio La Nueva Formosa” se indicó.

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Los dos ex jueces, junto a otros ya fallecidos, fueron denunciados en el año 2007 por varias de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el proceso militar que asoló en nuestro país entre los años 1976 y 1983.

Los ex jueces de la Corte Provincial están acusados de haber incurrido en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes que tenían como funcionarios públicos y de encubrir los secuestros, torturas y desaparición forzada que sufrieron empleados del Poder Judicial capturados en aquel momento por los grupos de tareas de las fuerzas armadas y de seguridad, entre los que se encuentran los denunciantes de esta causa judicial.

Luego de 15 años de un incidentado y sinuoso proceso judicial, caracterizado por chicanas legales para dilatar o anular la causa, el expediente llegó finalmente a su punto culminante con la convocatoria a juicio oral y público que formuló el juez de Cámara Rubén David Oscar Quiñones, mediante una resolución firmada ayer en horas de la mañana.

La primera audiencia tendrá lugar el 24 de este mes a las 8, continuando el viernes 1 de julio, a la misma hora, de manera presencial en la sede del tribunal en calle Maipú 262, y en forma remota a través del sistema de videoconferencia de la plataforma zoom meeting.

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La sesión se desarrolló en el salón principal de la Escuela Judicial, en el sexto piso del Edificio de Tribunales, en la capital provincial, y estuvo presidida por el titular del Comité Ejecutivo de la Región NEA, Guillermo Horacio Alucín (Formosa), el vicepresidente Alejandro Alberto Chaín (Corrientes), la secretaria Cristina Leiva (Misiones) y la tesorera Iride María Grillo, de la provincia de Chaco.

Una de las decisiones más importantes tomadas en este encuentro fue la de propiciar la integración operativa del Foro del Norte Grande, facultando al doctor Alucín a iniciar las conversaciones con los referentes del NOA, con quienes deberá definir y diseñar los instrumentos y formas de integración del foro.

En otro pasaje de la reunión, los ministros designaron al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez como representante de la región ante el Instituto REFLEJAR, quedando establecido que la próxima nominación recaerá por rotación en la provincia de Misiones.

Por otra parte, se aprobó la moción de los representantes de Corrientes para que esa provincia sea sede del Primer Encuentro Regional de las áreas de Recursos Humanos y Capacitación de los Poderes Judiciales del NEA.

De la cumbre regional de ministros también participaron María Emilia Valle, Rolando Ignacio Toledo, Alberto Mario Modi y Víctor del Río, ministros de la provincia de Chaco, Fernando Augusto Niz de Corrientes y por el STJ anfitrión los ministros Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll y Marcos Bruno Quinteros.

Modificación del Estatuto

Otro punto importante que se debatió y aprobó fue la modificación del artículo 4º del Estatuto del NEA, el cual quedó redactado de la siguiente manera: Obligaciones: Los Superiores Tribunales miembros tienen las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con el presente estatuto, reglamento y resoluciones que dicte el Comité Ejecutivo, siempre que no colisionen las normas de cada provincia. Las decisiones que se adoptan en el seno de la región NEA de JuFeJus implican la conformidad de los superiores tribunales de justicia que la integran, independientemente de las opiniones individuales de sus miembros. A tal fin, cuando una ministra o ministro de un Superior Tribunal de justicia asista y participe de las decisiones que se adopten en la región, lo hace en representación de su Tribunal en pleno.

Esta modificación quedó Ad Referéndum de las provincias de Misiones y Corrientes.

Asimismo, los ministros volvieron a referirse a las asimetrías salariales que hay entre las provincias del NEA con el resto del país, encomendando a la ministra Valle y al ministro Coll a reiterar ante la JuFuJUS los planteos formulados oportunamente sobre este tema.

Durante la sesión los magistrados brindaron un cálido y merecido reconocimiento a la impecable labor realizada por el presidente saliente Rolando Ignacio Toledo, haciéndose extensiva dicha valoración a toda la comisión que finalizó su mandato.

Por su parte, el doctor Alucín propuso como alternativa, que sin perjuicio de la presencialidad, las próximas reuniones también puedan desarrollarse de manera virtual para aquellos miembros que deseen participar bajo esta modalidad.

Durante la sesión se analizaron temas de interés común para la región, destacándose el posicionamiento que tiene actualmente el NEA dentro de la JuFeJus, toda vez que varios ministros de la región integran la Comisión Directiva, como el caso de la vicepresidenta, Emilia Valle, el secretario, Ariel Gustavo Coll y el vocal y presidente de la Comisión de Acceso a Justicia, Fernando Niz.

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El encuentro será a las 10.30 en el aula principal que tiene la Escuela Judicial en el sexto piso del Edificio de Tribunales, en calle San Martín 641.

Participarán de la reunión los ministros de las provincias de Chaco, Emilia María Valle, Rolando Toledo, Alberto Modi, Iride Grillo y Víctor del Río; de Corrientes, Fernando Augusto Niz, de Misiones Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva y de Formosa Ricardo Alberto Cabrera, Eduardo Hang, Ariel Coll, Guillermo Alucín y Marcos Quinteros.

Durante la cumbre regional de ministros se analizarán cuestiones relacionadas con los programas de capacitación que están en marcha y las futuras líneas de acción a trazar en esta temática, como así también la importancia de comenzar a trabajar en la posible conformación de un foro regional más amplio denominado norte grande, que incluya al NEA y al NOA, en virtud de los intereses y realidades afines que tienen las provincias de esta región del país.

La reunión tiene vital importancia para los poderes judiciales de la región, fundamentalmente por la participación y posicionamiento que tiene actualmente el NEA dentro de la Junta Federal de Cortes. En efecto, la vicepresidenta de la JUFEJUS, Emilia María Valle es presidenta del STJ de Chaco, el secretario Ariel Gustavo Coll, es ministro de Formosa, Fernando Niz de Corrientes preside la Comisión de Acceso a Justicia, quien recientemente estuvo reunido con el ministro de Justicia de la Nación y Guillermo Horacio Alucín, ministro de Formosa, es presidente del bloque de la región NEA. Asimismo, el ministro del STJ de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, integrará próximamente el Instituto REFLEJAR de la Junta Federal por la región NEA.

“Es un orgullo para la región por el lugar de preponderancia que hoy por hoy ocupa el NEA en el seno de la Junta Federal de Cortes”, destacó el doctor Alucín al referirse al encuentro del próximo lunes, al que asignó una importancia superlativa porque será una oportunidad propicia para avanzar en la conformación de un bloque más amplio a partir de la integración de la región NOA, sobre la base de los intereses comunes que hay entre ambas regiones, como así también la vinculación y los problemas de interés general que relacionan a ambos sectores, sin olvidar la posición geográfica estratégica que se tiene, no solo dentro del país sino en el contexto regional con los países vecinos.

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“Presentamos unas inquietudes al presidente del STJ Ricardo Cabrera sobre la designación de juez civil y fiscal de Las Lomitas, respecto de la capacidad y aptitud de los aspirantes, en la dirección y manejo de audiencias y en el conocimiento del desempeño y desarrollo de las técnicas de litigación, ya que los jueces civiles tendrán que participar del plan de oralidad y los fiscales obviamente en el plan de oralidad de causas penales de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias)” significó Caballero.

“También cómo poder superar las etapas de evaluación, los candidatos, para poder acreditar en el examen las aptitudes para poder ser evaluados en esto, sobre todo a las técnicas de dirección de audiencias y de litigación”, indicó.

“En cuanto a los avales que presenten que puedan ser constatados, de haberse capacitado en eso. Por otro lado lo que le pedimos y sugerimos es que pueda volver a conformarse el observatorio sobre el desempeño en las audiencias, observatorio que fue creado en su momento cuando estos eran planes pilotos, y se dejaron de hacer, y la idea es que puedan volver a gestionarse la conformación de estos observatorios donde podamos trabajar en forma mancomunada en todo lo que respecta a manual de buenas prácticas, recomendaciones, proyectos de reforma legislativa, que mejoren la dinámica del trabajo en la audiencia” expresó.

“Esos fueron los puntos que estuvimos conversando y que le estuvimos brindando al doctor Cabrera” sintetizó.

Estuvieron presentes en el encuentro en el STJ, el Dr. Martín Quiñónez Allende, la Dra. Romina Hermosilla y Dr. Guillermo Caballero.

Club de litigación oral

En cuanto a la actividad que viene desplegando el club, este próximo lunes 2 de mayo se realizará el acto de presentación de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva 2021-2023 del Club de Litigación Oral.

La actividad está prevista para ese día, a las 18:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 54 “Gobernador J. J. Silva”, sita en Sarmiento N° 885 de esta capital.

En la ocasión, habrá entrega de certificados y credenciales a los socios, y se formalizará la diagramación de actividades académicas para el presente año. En tanto, se concretará la entrega del caso para simulacro del 16 de Mayo de 2022.

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Para ello, los juzgados de Instrucción y Correccional, de Menores y las Cámaras Criminales de toda la provincia deberán enviar al STJ un informe pormenorizado de todas aquellas personas que están privadas de libertad y, además, procesadas con prisión preventiva.

El proyecto que acaba de aprobar el máximo tribunal de la provincia en la Acordada 3110 de este miércoles, fue redactado por el ministro Marcos Bruno Quinteros y está respaldado por las facultades de superintendencia que tiene y ejerce el STJ por mandato constitucional.

Funcionamiento del registro

A partir de ahora, los Juzgados de Instrucción y Correccional y los Juzgados de Menores de toda la provincia, así como ambas Cámaras Criminales, deberán remitir a la Secretaria de Recursos del STJ un informe pormenorizado de las personas detenidas con prisión preventiva sometidas a su jurisdicción y que no cuenten con sentencia definitiva a su respecto.

Dicho informe deberá contar obligatoriamente con los siguientes datos:

a) número de la causa, carátula, fecha de iniciación, tribunal de radicación ,fiscales intervinientes y todo otro dato de interés;

b) objeto de la investigación

c) identificación del o de los procesados (nombre y apellido, tipo y número de documento, nacionalidad, sexo, edad y estado civil);

d) fecha de detención y unidad penitenciaria en la que se encuentra/n alojado/s;

e) si tiene o tienen condenas anteriores;

f) estado de la causa;

g) razones por las cuales aún no se llegó a dictar sentencia definitiva.

El proyecto aprobado por el STJ dispone en el artículo 3º que el referido informe deberá ser enviado dentro de los diez días de dictada la resolución que dispone la prisión preventiva o su confirmación por la Cámara Criminal interviniente, mediante un formulario elaborado por la Secretaría de Recursos del STJ, que asegure su integralidad.

Asimismo, cuando el tribunal interviniente omita, en forma injustificada, remitir el informe en el plazo establecido, la Secretaria de Recursos dará inmediata intervención al Superior Tribunal de Justicia, enviando los antecedentes a los efectos que correspondan. Si el Tribunal solicitara una prórroga para remitir el informe, la Presidencia del STJ podrá fijar un nuevo plazo no mayor a diez días.
Ahora bien, cuando un procesado sobre el que se hubiere informado cesara de cumplir prisión preventiva, el tribunal deberá confeccionar de inmediato un formulario para informar de ello y de los motivos de su liberación a la Secretaria de Recursos del STJ para la modificación del registro.
En caso de que se dictara en las actuaciones informadas sentencia condenatoria o de sobreseimiento u otras causales que importaran la conclusión del proceso, el tribunal deberá poner el hecho en conocimiento de la Secretaría de Recursos en un plazo de diez días para la modificación del registro. Cuando las victimas fueran menores deberá informarse con las reservas correspondientes. La omisión o retardo de estos informes se considerará falta grave para los jueces y funcionarios intervinientes.
Por su parte, la Secretaría de Recursos del STJ deberá llevar un registro actualizado, y en forma cronológica de los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, debiendo modificarse o darse de baja cuando se reciba una comunicación que cambie el estado procesal del detenido.

Al mismo tiempo, la Secretaria de Recursos también deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Presidencia para posteriormente ser tratado en Acuerdo de ministros del STJ.

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