El Ejecutivo dictó un decreto que tendrá vigencia 10 días.

“Ante el alarma epidemiológica registrado a diario por casos positivos a COVID-19 en nuestra comunidad y luego de una exhaustiva y consensuada opinión y a fin de salvaguardar la salud de la población; se hace necesaria y urgente dictar una medida preventiva” señala los considerandos de la medida.

“Con ello se tratará de mitigar la ligera expansión comunitaria en nuestra sociedad” refiere el decreto.

Por ello, el intendente “dispone en toda la localidad de Misión Tacaaglé y jurisdicciones la suspensión de todas aquellas actividades públicas o privadas que implique concurrencia masiva de personas” señala el artículo primero de la medida municipal.

Fundamentalmente “se suspenderán las actividades de boliches bailables, festivales y/o fiestas deportivas populares gratuitas u onerosas, la concurrencia de público a los eventos deportivos, desde las 00:00 hs. del día 14 de enero hasta las 24:00 hs. del día 24 de enero de 2022, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica” dispone el Ejecutivo.

En su artículo 2°, el intendente solicitó “a la población mantener una conducta uniforme durante la vigencia de medida dispuesta en el articulo precedente, estableciendo que las actividades y oficios religiosos podrán realizarse al aire libre” remarcó la medida que lleva la firma del intendente Francisco Ravano.

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El STJ dictó esta mañana el fallo 12.219 que hizo lugar al reclamo formulado por el intendente Ravano y dejó sin efecto la resolución del Cuerpo Deliberativo de fecha 28 de setiembre de 2020 que dispuso de manera irregular la suspensión por tiempo indeterminado del jefe comunal y la apertura de un juicio político en su contra.

Ese día los concejales se reunieron en una sesión extraordinaria para tratar la emergencia hídrica por la que atravesaba la localidad y, además, para analizar otros temas.

Si bien se expuso el tema de la emergencia hídrica que afectaba a toda la comunidad, en la misma reunión los concejales se refirieron a una resolución judicial dictada en el marco de una acción de amparo impulsada por agentes municipales contra el Municipio, por la que se le ordenaba al intendente Ravano a reincorporarlos en sus cargos, pero porque éste no habría dado cumplimiento a esta medida, el presidente del Concejo propuso, en la misma sesión, conformar una Comisión Investigadora para buscar una solución.

Así las cosas, los concejales crearon una Comisión Juzgadora y tras un intercambio de opiniones resolvieron suspender en sus funciones al intendente Ravano, al tiempo de iniciarle un juicio político, asumiendo como intendente interino el presidente del CD, Julio Argentino Leguizamón, presente en la reunión e impulsor de que la medida aplicada perdure hasta que cumpla con la referida sentencia judicial.

Una medida ilegal

Al analizar el conflicto de poderes suscitado, el STJ recordó que el artículo 26 de la Ley de Municipios 1028 regula en que casos podrá convocarse a sesiones extraordinarias, estableciendo que el Concejo solo se ocupará del asunto o los asuntos que fije la convocatoria.

Respecto a esto, la Corte Provincial dijo que la primera irregularidad advertida consiste en que tanto en la convocatoria a sesiones extraordinarias, como en lo actuado y decidido no estaba previsto en el orden del día tratar la suspensión del Intendente Ravano y, menos aún, la posibilidad de iniciarle un juicio.

Por otra parte -dice el fallo del STJ- la misma norma municipal en su artículo 179, siguientes y concordantes, establece expresamente el procedimiento a seguir cuando se pretenda iniciar juicio político, en este caso, contra el intendente.

“Es más -agrega- formulada la acusación el Concejo Deliberante deberá constituir al efecto una Comisión de Juicio Político (artículo 181) que a su vez deberá conformar un órgano de acusación y un órgano de juzgamiento, regulándose además los integrantes de cada órgano”.

Sin embargo, el CD no dio cumplimiento al ordenamiento legal vigente, incurriendo así en una clara violación a la ley de Municipios, porque además de no haber sido orden del día el tratamiento de la suspensión del intendente como tampoco el inicio de Juicio Político, se propuso, a pedido de un concejal, la formación de una Comisión Investigadora y de ahí una Comisión Juzgadora y lo que es más grave aún “un mismo concejal –Miguel Almada- forma parte de ambas”.

El artículo 181 regula expresamente los órganos que deberán constituirse al efecto de iniciar un Juicio Político al funcionario en cuestión, y las reglas que deben observarse.

A la luz de las documentaciones analizadas, el STJ concluyó que lo actuado y decidido en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de fecha 28 de setiembre de 2020, “ha sido en total inobservancia y violación a lo dispuesto en la Ley Nº 1028, por la vulneración grave y manifiesta al debido proceso legal y al derecho de defensa del afectado en este caso, el intendente Francisco José Ravano.

El fallo judicial tiene los votos coincidentes de los ministros Eduardo Manuel Hang, Ricardo Alberto Cabrera, Guillermo Horacio Alucin, Ariel Gustavo Coll y Marcos Bruno Quinteros, con opinión favorable del procurador General Sergio Rolando López.

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«El intendente saliente de Misión Tacaaglé, Chilú Leguizamón, metió más de 150 personales nuevos en la Municipalidad dejando sin presupuesto al electo intendente José Ravano. La esposa del intendente Víctor Hugo Leguizamón, Emilia Ramona Jara (actual concejal) confirmó por un estado de WhatsApp que aún faltan muchos por designar» contaron a NoticiasFormosa desde aquella localidad del interior provincial.

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