El punto central es evitar reaccionar de forma impulsiva. Aunque el dinero figure acreditado en la cuenta, no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia. Tampoco se recomienda devolverlo por cuenta propia, dado que ese es uno de los mecanismos más utilizados por los estafadores: contactan a la persona y le piden transferir el monto a otra cuenta distinta a la original. De ese modo, pueden comprometer al usuario en delitos como suplantación de identidad, robo o incluso lavado de dinero.

Ante este escenario, lo primero que se debe hacer es comunicarse de inmediato con la entidad financiera, ya sea un banco, una billetera virtual o una aplicación de pagos. Es fundamental informar que se recibió una transferencia no reconocida y solicitar que el movimiento sea revisado o bloqueado.

Por qué no se debe devolver el dinero directamente a quien lo reclama

Estafas virtuales: cómo identificar los mensajes de texto que pueden vaciar tus cuentas bancarias.

Además, se recomienda reunir y conservar toda la información posible sobre la operación: capturas de pantalla, fecha y hora, datos del remitente y cualquier otro detalle que pueda servir como evidencia en caso de una investigación.

Otro aspecto clave es no tomar decisiones apresuradas por cuenta propia. Las acciones deben quedar en manos del banco o, si corresponde, de la Justicia. Seguir los procedimientos oficiales es la única forma de evitar complicaciones legales.

Según explican especialistas, los delincuentes suelen acceder de manera ilegal a cuentas de terceros para mover dinero a través de múltiples usuarios, en una operatoria conocida como “triangulación”. En ese esquema, quien recibe la transferencia puede convertirse sin saberlo en una pieza intermedia del delito.

Por eso, la recomendación es clara: ante cualquier movimiento extraño, actuar con cautela y comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad financiera. La rapidez en el aviso y la falta de intervención directa son claves para evitar caer en este tipo de engaños.

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La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, prevé asignar un porcentaje de esos recursos al fortalecimiento del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

El objetivo es recuperar capacidades operativas tras años de limitaciones presupuestarias, mediante inversiones en equipamiento, infraestructura y sistemas logísticos en todo el país.

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La convocatoria incluyó la participación de escuelas y del público en general, con instancias presenciales y online.

Además, en Formosa se realizaron actividades de educación ambiental, como la obra infantil “Tete y Marité, las yaguaretés”, con funciones para estudiantes en distintas localidades y en el Teatro de la Ciudad.

La iniciativa apuntó a promover la conservación del yaguareté y la participación comunitaria.

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De acuerdo a La Nación, que tuvo acceso a fuentes del máximo tribunal, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz resolvieron desestimar la presentación realizada por el abogado Hugo Tomei en representación de Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi.

El fallo de los jueces sobre los rugbiers afirma que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”. 

La Corte Suprema también decidió rechazar el planteo que presentó el abogado Francisco Oneto, representante legal de Máximo Thomsen, porque el “recurrente” no cumplió con los requisitos formales que exige este procedimiento.

Las presentaciones realizadas ante el máximo tribunal están basada en la supuesta “vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según anunció la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires a través de un comunicado de prensa.

La condena a los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa 

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores los considerara coautores del delito de “homicidio doblemente agravado” de Fernando Báez Sosa, a quien le quitaron la vida a golpes de puño y patadas.

Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión al ser considerados “partícipes secundarios” del brutal crimen.

En una entrevista con el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, Pertossi habló sobre lo ocurrido y afirmó: “Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”.

Sobre el audio que envió minutos después a su grupo de WhatsApp, revelando que Báez Sosa había muerto usando la palabra “caducó”, declaró: “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”.

El rugbier recordó que regresó a la casa que alquilaba con sus amigos y “los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Creo que ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

Según el rugbier, desde antes del juicio “quería declarar” y “contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.

Pertossi cerró la entrevista asegurando que «no fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.

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La regulación alcanza a los vehículos de una o más ruedas destinados al traslado de personas y autopropulsados por motorización eléctrica u otros sistemas de propulsión, excluyendo de esta categoría a bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, vehículos para personas con movilidad reducida y aquellos ya contemplados específicamente por la Ley Nacional de Tránsito.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacaron que el crecimiento sostenido en la utilización de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal hace necesario avanzar en reglas claras de circulación, promoviendo una movilidad moderna, sustentable, pero también segura y responsable.

Qué deben tener los VMP eléctricos para circular

Para poder transitar, los vehículos de movilidad personal eléctricos deberán contar obligatoriamente con:

-Sistema de freno eficiente, que permita una detención total y segura.

-Iluminación reglamentaria, con luz delantera blanca y luz trasera roja encendidas durante toda la marcha.

-Sistema de alerta sonora (bocina), perceptible para el resto de los usuarios de la vía.

-Velocidad máxima de circulación de 30 km/h, límite que no podrá superarse en ningún caso.

Obligaciones para quienes los utilicen

La normativa también establece pautas claras para la conducción:

-Uso obligatorio de casco homologado, con certificación correspondiente.

-Uso de chaleco reflectivo o de alta visibilidad, elemento clave para mejorar la seguridad, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

-Solo podrá circular una persona por vehículo, sin acompañantes, cargas ni transporte de animales.

-Está prohibido utilizar teléfonos móviles, auriculares u otros dispositivos que generen distracciones durante la conducción.

-Alcohol cero y prohibición absoluta del consumo de drogas al conducir, con obligación de someterse a los controles que determine la autoridad competente.

-Solo podrán conducir personas mayores de 16 años.

La normativa nacional acompaña una transformación en la movilidad urbana, incorporando reglas claras para el uso de estos nuevos medios de transporte eléctricos y reforzando un mensaje central: innovar en la forma de movernos también implica asumir un compromiso con la seguridad vial.

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Este trámite resulta clave cuando quien figura como titular ya no convive con el menor, dejó de ocuparse de su cuidado o ambas partes acuerdan modificar quién recibe el dinero. En esos casos, ANSES permite actualizar los datos para que la prestación llegue a quien corresponde.

Quién puede ser titular de la AUH

La AUH solo puede estar asignada a una persona por cada hijo. Generalmente, el titular puede ser:

La madre El padre Tutor o tutora legal Guardador judicial Familiar responsable del cuidado del menor

El objetivo del sistema es que el cobro quede en manos de quien efectivamente garantiza la crianza y el bienestar del niño o adolescente.

Cuándo se puede cambiar el titular de la AUH

ANSES contempla distintas situaciones para pedir el cambio de titularidad. Entre las más comunes figuran:

Cuando el titular actual ya no vive con el menor Si uno de los progenitores no puede ser ubicado Cuando ambos padres conviven, pero acuerdan cambiar quién cobra Si otra persona asumió el cuidado diario del niño En casos de guarda, tutela o decisiones judiciales

Cada situación puede requerir documentación específica para respaldar el pedido.

Cómo cambiar el titular de la AUH en ANSES

Actualmente, el cambio de titularidad se realiza de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo.

Paso a paso:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y descargar el formulario correspondiente. Completar los datos personales y del menor. Solicitar un turno para atención presencial. Presentarse en la oficina con DNI y documentación respaldatoria. Esperar la validación del trámite.

Una vez iniciado el pedido, se puede consultar el estado desde Mi ANSES.

Qué documentación pueden pedir

Según el caso, ANSES puede solicitar:

DNI del menor y de los adultos involucrados Partida de nacimiento Certificado de convivencia o domicilio Sentencia judicial de guarda o tutela Declaraciones juradas

Es importante llevar originales y copias para agilizar la gestión.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la AUH online

Si no hace falta cambiar al titular, pero sí modificar dónde se cobra la asignación, el trámite sí puede hacerse por internet.

El dinero puede depositarse en:

Cuenta bancaria (CBU) Billetera virtual habilitada Sucursal bancaria para retiro en efectivo

Paso a paso:

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la opción Cobros. Seleccionar Cambiar lugar de cobro. Elegir la nueva cuenta o medio de pago. Confirmar la operación. Cuánto tarda el cambio

El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en reflejarse. En el caso de la titularidad, el plazo dependerá de la documentación presentada y de la revisión administrativa.

Por eso, se recomienda hacer el trámite con anticipación para evitar demoras en el cobro mensual.

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En un categórico comunicado, la entidad federal reafirmó el principio fundamental de la independencia judicial consagrado en la Constitución Nacional y en su propio Estatuto, que prohíbe la puesta en comisión de jueces, la intervención del Poder Judicial y otras medidas análogas que afectan la independencia judicial y las garantías del debido proceso, resguardadas por la Constitución Nacional.

El pronunciamiento no solo reafirma un principio fundamental de nuestro sistema republicano: la independencia del Poder Judicial, sino que también llama a la reflexión en torno al respeto por el federalismo y las autonomías provinciales consagradas en la Constitución Nacional.

En la declaración oficial, la Junta Federal subrayó la vigencia del artículo 2 inciso r) de su Estatuto, que explícitamente protege a los jueces de la puesta en comisión, las intervenciones y demás medidas que puedan comprometer la independencia judicial y las garantías del debido proceso. «Los jueces sólo pueden ser removidos por las causales previstas en las respectivas Constituciones provinciales», recuerda el comunicado firmado por la presidenta de la JuFeJus, Emilia María Valle y la secretaria Adriana García Nieto, respaldando esta posición con antecedentes similares en provincias como San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, La Rioja y Santa Cruz, en diversas fechas a lo largo de los últimos veinte años.

“Desde la histórica reforma constitucional de 1994, que incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos en su artículo 75 inciso 22, Argentina está obligada a garantizar el principio del juez natural y el debido proceso, pilares esenciales para la confianza en la administración de justicia”, dice la Junta, advirtiendo que que una intervención federal en el Poder Judicial de Formosa podría vulnerar estos principios fundamentales y sentar un preocupante precedente.

¿Intervención federal o intromisión política?

Lo que llama poderosamente la atención es que el pedido provenga de un legislador nacional, figura que, según la Junta Federal, debería estar a la vanguardia en la defensa del federalismo y las autonomías provinciales. “La intervención, entendida como una medida excepcional y restrictiva, choca con la necesidad urgente de preservar la autonomía judicial y garantizar que los procesos se desarrollen conforme a las normas constitucionales vigentes”, insistieron.

La postura de la Junta Federal refleja un claro compromiso institucional con la normalidad democrática y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y enfatiza la importancia de evitar «cualquier forma de presión indebida», defendiendo celosamente la independencia y el funcionamiento normal de los tribunales provinciales.

En un contexto donde la confianza pública en los poderes del Estado es algo que se debe rescatar y afianzar, la Junta sostiene que no puede haber lugar a acciones que, lejos de fortalecer, debilitan las bases de la justicia independiente y la gobernabilidad federal. “Recrear la credibilidad y la confianza pública en el accionar de los poderes judiciales provinciales es una condición indispensable para el correcto funcionamiento de nuestra democracia”, afirma el comunicado de las juezas Valle y García Nieto.

Preservar la institucionalidad

Por último, la Junta Federal instó a todos los actores políticos y sociales a respetar la plena vigencia de las instituciones como garantía irrenunciable de la confianza ciudadana en el Poder Judicial. El mensaje es claro: cualquier intento de interferir en los procesos judiciales provinciales mediante intervenciones federales o medidas similares representan una amenaza a la autonomía, la estabilidad institucional y los derechos fundamentales.

El fuerte rechazo expresado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia marca un punto de inflexión en el debate sobre la justicia y el federalismo en Argentina, toda vez que la defensa de la independencia judicial y el respeto por las autonomías provinciales se erigen como pilares insoslayables para la consolidación democrática del país.

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El pronunciamiento de la Corte Provincial está plasmado en la Resolución 179/26 con la firma de la totalidad de sus integrantes: la presidenta Claudia María Fernández y los ministros Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll.

En la parte medular de la resolución, cuando se hace referencia al modo que tiene la Prensa de ejercer ese derecho, el STJ sostiene que el Estado no puede decir que está bien y que está mal en el ejercicio periodístico, cuestión que, en todo caso, quedará a cargo de la audiencia de cada medio.

Principios fundamentales

La resolución judicial se erige y está sustentada en los principios fundamentales sobre el libre ejercicio de la libertad de prensa, y es una contundente respuesta a un planteo que realizó la abogada Ana Gabriela Neme, al denunciar -por escrito y ante el STJ- la presencia de un medio de prensa en los pasillos del edificio de Tribunales de la ciudad de Formosa, en ocasión de una audiencia a la que tuvo que asistir en el marco de una demanda judicial en trámite y de la que ella es parte involucrada.

Previamente, tanto el periodista como el camarógrafo habían sido debidamente registrados en la recepción de Tribunales, anotándose, incluso, el motivo de su ingreso al edificio: entrevistar en un espacio común de ese inmueble a un funcionario judicial.

La abogada se quejó porque cuando el periodista de un canal de televisión local estaba entrevistando -en un espacio común de Tribunales- a una de las partes del referido pleito judicial, ella fue filmada cuando se retiraba del lugar.

Antes de entrar a analizar este caso puntual el STJ recordó a modo de referencia que el artículo 101 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia de Formosa, autoriza a periodistas a consultar expedientes judiciales, cuando ya se hubieren dictado sentencias definitivas o se tratare de actos procesales precluídos; lo cual implica que para que un periodista pueda ejercer esa facultad debe ingresar a Juzgados y/o Tribunales, sea este un medio público o de un medio privado, lo cual -afirma la Corte Provincial- “es absolutamente indiferente porque la garantía de la libertad de prensa que consagra el artículo 13 de la Constitución Provincial, no hace ese tipo de distinciones”.

Por otra parte, el STJ señala que los edificios judiciales, poseen espacios comunes – pasillos, mesas de entradas, etc – y espacios sujetos a determinadas restricciones. Estos últimos, donde se desarrollan audiencias de juicio o de cualquier otra naturaleza, están sujetos a las restricciones que imponen los jueces y juezas de cada causa, por las razones que las normas procesales autorizan.

El ejercicio periodístico no es incumbencia del Estado

Sin embargo -aclara la decisión del STJ- los pasillos y espacios comunes, como el asignado al medio de prensa en esta oportunidad, son absolutamente libres para su tránsito y para el cumplimiento del trabajo de medios de prensa, “cualquiera sea el sentido que el periodista pueda darle a su actividad, siendo irrelevante que sea de un medio público o de un medio privado, porque no es de incumbencia del Estado – en este caso, el Poder Judicial – determinar que está bien y que está mal en el ejercicio periodístico, ponderación que, en todo caso, queda a cargo de la audiencia de cada medio, sin perjuicio del juzgamiento de los casos puntuales que se investigan y resuelven en el ámbito jurisdiccional y cuando así corresponda. Pero en el ámbito administrativo no corresponde, desde el inicio, intervención previa alguna”, enfatiza la resolución 179/26.

Por lo demás, la Corte señala que escenas como las que relató la profesional del derecho y fueron motivo de su denuncia, han sido y siguen siendo habituales en distintas mesas de entradas de Juzgados y Tribunales, incluido dentro del propio Superior Tribunal de Justicia, “cualquiera sean sus ocasionales protagonistas y nunca a nadie, se les ocurrió prohibirlas, censurarlas o sancionarlas”.

En virtud de todo lo señalado, el STJ no advirtió infracción alguna que merezca investigarse, “porque el ejercicio de la libertad de prensa se encuentra por encima de los coyunturales inconvenientes que puedan suscitar a personas determinadas”, afirma la decisión, correspondiendo, en consecuencia, la desestimación de la denuncia y el inmediato archivo de las actuaciones.

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El acto fue presidido por la rectora de la UCP, Mgter. Florencia Rodríguez, acompañada por vicerrectoras, decanos, delegados de sede, docentes y egresados. Asimismo, estuvieron presentes autoridades provinciales de Corrientes y Chaco, representantes del Poder Judicial, colegios profesionales y destacadas personalidades del ámbito jurídico. Se destacó especialmente la participación de magistrados de la República del Paraguay, quienes viajaron para acompañar esta distinción, reflejando el carácter regional e internacional del evento.

El Dr. Greco es considerado uno de los pensadores más influyentes del derecho penal contemporáneo. Se desempeña como catedrático W3 —máxima jerarquía académica en el sistema universitario alemán— en la Universidad Humboldt de Berlín, donde dicta Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Extranjero y Teoría del Derecho Penal. Su formación incluye estudios de posgrado en la Universidad de Múnich, donde obtuvo su maestría y doctorado bajo la dirección del jurista Claus Roxin, con calificación summa cum laude.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado aportes fundamentales a la teoría del delito, la dogmática penal y los fundamentos del castigo, posicionándose como una referencia en el debate jurídico internacional. Su producción académica, publicada en diversos idiomas, ha tenido impacto en Europa y América Latina, contribuyendo a la formación de generaciones de juristas, investigadores y magistrados.

El acto de investidura tuvo como padrino al Mgter. Dr. Daniel Horacio Domínguez Henaín, director de la Especialización en Derecho Penal y del Instituto de Derecho Penal de la UCP, quien pronunció la tradicional laudatio, destacando la excelencia académica y el aporte científico del homenajeado.

Durante la ceremonia se realizó la lectura de la resolución, la toma de juramento y la entrega de los atributos académicos —estola, medalla, anillo y diploma—, símbolos de la máxima distinción que concede la universidad. Posteriormente, el Dr. Greco brindó su lectio doctoralis, en la que compartió reflexiones sobre el presente y los desafíos del derecho penal en el contexto global.

En conferencia de prensa, el jurista expresó que parte de su misión es contribuir a la construcción de un derecho liberal en América Latina, especialmente en países como Brasil, Argentina y Colombia. Además, destacó la importancia de llegar a las nuevas generaciones: “Me gustaría tocar el corazón de algún estudiante, tal como grandes juristas me animaron a mí cuando era estudiante en Brasil”.

Por su parte, el decano Abog. Aníbal Gronda subrayó el impacto de la visita y la relevancia de promover debates desde la razón. Asimismo, remarcó el rol del derecho en la construcción de sociedades más justas y expresó el orgullo institucional por la distinción otorgada.

Como cierre de la jornada, la Universidad ofreció un momento cultural en homenaje a los invitados, destacando a Corrientes como tierra del chamamé, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El público disfrutó de la interpretación de “Alma Guaraní”, a cargo de músicos y bailarines locales, junto a la participación especial de la Pareja Nacional Juvenil del Chamamé 2026. En reconocimiento a las raíces del invitado de honor, también se interpretó “Garota de Ipanema”, emblemática pieza de la bossa nova brasileña, que aportó un cierre artístico cargado de significado cultural y emotivo.

En el marco de su visita institucional, el jurista brindó además el conversatorio abierto “Temas actuales del derecho penal”, actividad que marcó la apertura de la cohorte 2026 de la Especialización en Derecho Penal de la UCP. La propuesta convocó a estudiantes, docentes y profesionales, generando un espacio de intercambio académico de alto nivel. Asimismo, se confirmó su participación como docente en dicha especialización, donde dictará clases virtuales durante la cohorte 2026.

Con este reconocimiento y su incorporación a la propuesta académica de posgrado, la Universidad de la Cuenca del Plata reafirma su compromiso con la excelencia, la internacionalización del conocimiento y el fortalecimiento de la formación jurídica, consolidándose como una institución referente en la región en materia de educación superior.

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La convocatoria está destinada a incorporar 40 nuevos guardaparques al Agrupamiento Técnico, cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente bajo la Categoría Guardaparque GT-2. Las inscripciones estarán abiertas entre el 12 de mayo a las 08:00 h. y el 2 de junio de 2026 a las 23:59 h.

El guardaparque técnico debe estar en condiciones de realizar tareas operativas en el terreno; control y vigilancia en las áreas protegidas; fiscalizar actividades; atender y asistir a las personas que visitan o residen en las áreas protegidas; así como participar en proyectos de investigación, monitoreo ambiental, de extensión y de educación ambiental, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias.

Entre los requisitos excluyentes para la inscripción se encuentran ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación; aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico; y contar con título de nivel terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente, correspondiente a carreras de duración no inferior a dos años atinente a la función o puesto a desarrollar.

El proceso de selección de agentes está organizado en 6 etapas, siendo necesario aprobar cada una para pasar a la siguiente:

Evaluación de antecedentes de formación y laborales

Evaluación técnica

Evaluación de habilidades prácticas

Entrevista laboral

Evaluación del perfil psicológico

Curso de habilitación

Se apunta de esta manera a dotar de recursos humanos al organismo encargado de la administración de áreas protegidas nacionales en todo el país, con el fin de fortalecer la gestión y el manejo de estos sitios estratégicos para la conservación de la biodiversidad y el disfrute de los visitantes.

Encontrá toda la normativa y documentación sobre la convocatoria en el siguiente link:

CONVOCATORIA GUARDAPARQUES 2026

Por consultas, escribinos a personalrrhh@apn.gob.ar.

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