Jueces y juezas de Cortes y Superiores Tribunales de todo el país, nucleados en la JuFeJus, expresaron hoy su más enérgica oposición al reciente pedido de intervención federal de la provincia de Formosa, solicitado por un legislador nacional.
En un categórico comunicado, la entidad federal reafirmó el principio fundamental de la independencia judicial consagrado en la Constitución Nacional y en su propio Estatuto, que prohíbe la puesta en comisión de jueces, la intervención del Poder Judicial y otras medidas análogas que afectan la independencia judicial y las garantías del debido proceso, resguardadas por la Constitución Nacional.
El pronunciamiento no solo reafirma un principio fundamental de nuestro sistema republicano: la independencia del Poder Judicial, sino que también llama a la reflexión en torno al respeto por el federalismo y las autonomías provinciales consagradas en la Constitución Nacional.
En la declaración oficial, la Junta Federal subrayó la vigencia del artículo 2 inciso r) de su Estatuto, que explícitamente protege a los jueces de la puesta en comisión, las intervenciones y demás medidas que puedan comprometer la independencia judicial y las garantías del debido proceso. «Los jueces sólo pueden ser removidos por las causales previstas en las respectivas Constituciones provinciales», recuerda el comunicado firmado por la presidenta de la JuFeJus, Emilia María Valle y la secretaria Adriana García Nieto, respaldando esta posición con antecedentes similares en provincias como San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, La Rioja y Santa Cruz, en diversas fechas a lo largo de los últimos veinte años.
“Desde la histórica reforma constitucional de 1994, que incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos en su artículo 75 inciso 22, Argentina está obligada a garantizar el principio del juez natural y el debido proceso, pilares esenciales para la confianza en la administración de justicia”, dice la Junta, advirtiendo que que una intervención federal en el Poder Judicial de Formosa podría vulnerar estos principios fundamentales y sentar un preocupante precedente.
¿Intervención federal o intromisión política?
Lo que llama poderosamente la atención es que el pedido provenga de un legislador nacional, figura que, según la Junta Federal, debería estar a la vanguardia en la defensa del federalismo y las autonomías provinciales. “La intervención, entendida como una medida excepcional y restrictiva, choca con la necesidad urgente de preservar la autonomía judicial y garantizar que los procesos se desarrollen conforme a las normas constitucionales vigentes”, insistieron.
La postura de la Junta Federal refleja un claro compromiso institucional con la normalidad democrática y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y enfatiza la importancia de evitar «cualquier forma de presión indebida», defendiendo celosamente la independencia y el funcionamiento normal de los tribunales provinciales.
En un contexto donde la confianza pública en los poderes del Estado es algo que se debe rescatar y afianzar, la Junta sostiene que no puede haber lugar a acciones que, lejos de fortalecer, debilitan las bases de la justicia independiente y la gobernabilidad federal. “Recrear la credibilidad y la confianza pública en el accionar de los poderes judiciales provinciales es una condición indispensable para el correcto funcionamiento de nuestra democracia”, afirma el comunicado de las juezas Valle y García Nieto.
Preservar la institucionalidad
Por último, la Junta Federal instó a todos los actores políticos y sociales a respetar la plena vigencia de las instituciones como garantía irrenunciable de la confianza ciudadana en el Poder Judicial. El mensaje es claro: cualquier intento de interferir en los procesos judiciales provinciales mediante intervenciones federales o medidas similares representan una amenaza a la autonomía, la estabilidad institucional y los derechos fundamentales.
El fuerte rechazo expresado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia marca un punto de inflexión en el debate sobre la justicia y el federalismo en Argentina, toda vez que la defensa de la independencia judicial y el respeto por las autonomías provinciales se erigen como pilares insoslayables para la consolidación democrática del país.
