La jueza que tiene el caso, Belén López Macé, ordenó que tras el pago de cauciones reales los acusados abandonen las celdas de Gendarmería y puedan ir a sus domicilios hasta que se resuelva la situación procesal que podría conocerse “antes de fin de año”.
Para llegar a este nuevo status “de domiciliaria” se debió depositar en cuentas oficiales cauciones reales desde 5 a 15 millones de pesos cada uno. Pero el beneficio no les permitirá salir de sus domicilios particulares.
El embargo de bienes por más de 700 millones de pesos por la causa caratulada “fraude en perjuicio a la administración pública, asociación ilícita; falsificación de instrumentos públicos, lavado de activos», entre otras “se mantiene firme”.
