El Poder Judicial de Formosa habilitó la Unidad de Asistencia a la Víctima y al Testigo de Delitos Penales, que inicialmente trabajará sobre tres ejes: casos de siniestros viales con consecuencias fatales, hechos de violencia intrafamiliar y de género y delitos contra la integridad sexual, se informó oficialmente.
Guillermo Horacio Alucín , presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dijo que este “era el eslabón que faltaba para lograr asistir integralmente a las víctimas de delitos en Formosa”.
La nueva dependencia “no solo brindará asistencia a las víctimas de hechos delictivos, sino también contención y protección. Se trata de un compromiso de todo el Estado, no solo del Poder Judicial, porque esta dependencia va a atender a la víctima y al testigo y también a personas que muchas veces están desorientadas y no saben qué hacer o a quien recurrir cuando viven un episodio de violencia o alguna situación originada como consecuencia del delito”, explicó el titular del STJ norteño.
La unidad depende funcionalmente de la Procuración General del Poder Judicial, a cargo de Sergio Rolando López, quien al referirse a la nueva estructura judicial destacó la importancia porque “logra un verdadero equilibrio procesal de las partes. Era indispensable un cambio de paradigma que permita diferenciar entre los intereses de la sociedad representados por el Ministerio Público y los intereses individuales de las víctimas de hechos ilícitos” indicó.
Son objetivos generales de la Unidad: brindar asistencia integral en lo jurídico, psicológico y social a la víctima o testigo del delito penal, facilitando su participación activa en el proceso penal; garantizar el acceso a la Justicia, evaluar los riesgos a los que están sometidos las víctimas, prevenir mayores daños, evitar la revictimización secundaria y garantizar una protección mínima mediante las medidas cautelares vigentes necesarias.
Este modelo de atención integral está destinado a víctimas de delitos penales y testigos, abarcando a la familia inmediata o a las personas que estén a cargo de la víctima directa.
La Unidad de Asistencia a la Víctima y Testigo de Delitos (UAVT) se enmarca legalmente en los artículos 25 de la CADH y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función de lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que establecen la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos una protección judicial efectiva cuando alguno de sus derechos reconocidos en la Convención, Constitución o leyes internas hayan sido vulnerados, sea que la violación provenga de funcionarios del Estado o de particulares.
Semanas atrás, La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto impulsado por Sergio Massa (FR) a través del cual se crea un régimen de asistencia a las víctimas de delito que busca, entre otras cuestiones, que quienes sufran hechos de inseguridad tengan los mismos derechos que los imputados, como una parte esencial en el proceso penal.
La iniciativa aprobada por 212 votos establece, entre otras cuestiones, la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas, que contarán con médicos, psicólogos, asistentes sociales y peritos, para la asistencia integral de las víctima.
