Los dos ex jueces, junto a otros ya fallecidos, fueron denunciados en el año 2007 por varias de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el proceso militar que asoló en nuestro país entre los años 1976 y 1983.

Los ex jueces de la Corte Provincial están acusados de haber incurrido en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes que tenían como funcionarios públicos y de encubrir los secuestros, torturas y desaparición forzada que sufrieron empleados del Poder Judicial capturados en aquel momento por los grupos de tareas de las fuerzas armadas y de seguridad, entre los que se encuentran los denunciantes de esta causa judicial.

Luego de 15 años de un incidentado y sinuoso proceso judicial, caracterizado por chicanas legales para dilatar o anular la causa, el expediente llegó finalmente a su punto culminante con la convocatoria a juicio oral y público que formuló el juez de Cámara Rubén David Oscar Quiñones, mediante una resolución firmada ayer en horas de la mañana.

La primera audiencia tendrá lugar el 24 de este mes a las 8, continuando el viernes 1 de julio, a la misma hora, de manera presencial en la sede del tribunal en calle Maipú 262, y en forma remota a través del sistema de videoconferencia de la plataforma zoom meeting.

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El presidente del STJ, Marcos Bruno Quinteros tomó el juramento de estilo a la flamante funcionaria judicial, que fue designada en este cargo por Acordada 3090, punto Décimo Primero, firmada por el titular de la Corte Provincial y los demás ministros Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, presentes en la ceremonia que tuvo lugar a las 11 horas en el salón “Juan José Paso”.

La nueva secretaria judicial dio el “si juro” visiblemente emocionada, coronado por el cerrado aplauso de los invitados al acto, sus familiares directos, las juezas de la Cámara Primera en lo Criminal y autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial.

La secretaria de Gobierno, Verónica Priewe dirigió el acto institucional dando lectura a los instrumentos legales de designación de la funcionaria. Tras el juramento de rigor, los ministros, la nueva secretaria y los invitados firmaron el acta pertinente y en el tramo final el doctor Quinteros, en nombre del STJ, entregó un presente a la funcionaria judicial.

Quinteros: “Somos servidores públicos”

Al hablar en el acto, el doctor Quinteros expresó su beneplácito por el paulatino retorno a la presencialidad, en medio de un proceso de lenta recuperación y muchas dificultades de una pandemia que ha trastocado al mundo y ha influido con fuerza en todos los sectores de la sociedad.

Dijo con satisfacción que en la actualidad están vacunados contra el Covid-19 todos los jueces, funcionarios y empleados judiciales, y los que están pendientes es porque han iniciado el proceso de la enfermedad y todavía no deben vacunarse.

“Entonces si antes era razonable quedarnos en la casa cumpliendo protocolos muy estrictos, hoy que estamos más resguardados desde el punto de vista sanitario, es razonable dotar de mayor esfuerzo y dedicación a nuestra tarea, y digo esto porque por ahí escucho algunas voces disonantes en altos niveles de gestión judicial que parece que creen que el servicio de justicia se limita a trabajar solo en horario matutino, y nunca fue así, el servicio es servicio o si no tienen la idea equivocada, el servicio se presta siempre que se demande”, enfatizó el presidente del STJ.

Por eso pidió que con el regreso a los lugares de trabajo se recupere la “mística de la camiseta judicial”, y aclaró que esta no es una visión corporativa sino una visión de servicio. “Aquel que perdió la cultura del trabajo tiene que recuperarla”, aseveró y dirigiéndose a nueva secretaria judicial que acababa de jurar expresó: “Gracias a funcionarias como usted estoy convencido que la vamos a recuperar, solo algunos no son corporativos y a ellos los exhorto a ser más comprometidos con el trabajo. Y se que usted es comprometida porque su propio jefe lo ha reconocido y quien mejor evaluador que su propio jefe, siendo catalogada como una persona que en poco tiempo en el Poder Judicial ha logrado frutos concretos y positivos con su trabajo comprometido, siendo esta una clara demostración que se puso la camiseta judicial desde el inicio, y eso viene desde la casa, de la educación que uno trae y que se adquiere a través de la vida y eso evidentemente usted profundizó como una servidora pública”, remarcó.

Al abonar esta idea, el magistrado recordó que quienes trabajan en el Poder Judicial son servidores públicos que deben dar respuestas a la gente, que confía y espera la resolución de sus conflictos. “Y como servidores públicos que somos nuestras cuestiones personales tienen que quedar necesariamente de lado y el día que estemos holgados y sin retrasos, seguramente vamos a tener más tiempo para nosotros, pero mientras tanto nuestra respuesta a la sociedad debe ser con más trabajo y cuando la gente vea que nosotros le dedicamos mucho tiempo al trabajo, seguramente nos va a saber disculpar cuando no podamos resolver todo como queremos y debemos”, subrayó.

Finalmente manifestó en nombre del STJ la conformidad de que una persona con esta idoneidad y perfil se ponga al frente de una gestión judicial tan importante como es la Secretaría de una Cámara Penal, con responsabilidad en el manejo del personal, la relación con los profesionales y con sus superiores; “algo que ya lo ha venido haciendo tan bien y con mucha eficacia”, cerró.

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El documento, al que tuvo acceso NoticiasFormosa, aborda punto por punto los reclamos de los abogados, explicando a la CSJ los pormenores de cada una de las situaciones que motivaron primero los hábeas corpus, sus posteriores apelaciones e incluso se abarcó la cuestión de competencia que se arrogan tanto la Justicia Federal como la provincial.

La provincia cuestionó que los abogados Lee y Villaggi Nicora introdujeron en su escrito a la CSJ, cuestiones no planteadas anteriormente, y que ya expresadas en esta etapa quedarían fuera de considerarse por quedar extemporáneas. Luego, remarca que existe un conflicto de competencia generado entre la Justicia Federal y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa.

Por otro lado negó que existan trabas burocráticas por parte del gobierno a los ingresantes por vía judicial y se explicó cuál es el fundamento del criterio de exigir un examen PCR negativo en las 72 horas previas al horario de efectivo ingreso de la persona a la provincia.

Zabala también negó que exista un trato desigual entre quienes ingresan por el programa de ingreso ordenado de la provincia y quienes lo hacen por la vía judicial, como que tampoco existe ningún tipo de cobro de cánon como aluden los abogados.

Otro punto que sobresale en el escrito de la provincia, es la explicación que da a la CSJ sobre la acusación de otorgar plazos irrazonables de ingreso que los beneficiarios de las acciones judiciales no pueden cumplir, por la inmediatez que tienen, y en el cual el Gobierno se defendió indicando que los plazos los pone el juez federal que hace lugar a los amparistas, dándole al Gobierno términos de 48 horas, 72 horas o 5 días, según el caso, es decir que las fechas otorgadas cumplen la orden judicial, y no son fechas que se otorgan con el fin de que el beneficiario se vea imposibilitado de cumplir.

“La cantidad de plazas disponibles no es un dato menor y de seguir ordenado el ingreso masivo, irrestricto e ilimitado escaparía del adecuado control estatal y pondría en jaque y en desequilibrio todo el sistema sanitario y la política que viene llevando adelante eficientemente la provincia con asesoramiento de especialistas y que no son tenidas en cuenta por los magistrados” planteó la Fiscal de Estado.

Advirtiéndose que “al seguir ordenándose el ingreso por fuera de los lugares que la provincia puede ofrecer, y dentro de los acotados plazos que se vienen dando, no dan tiempo a desocupar los centros, los solicitantes deberán ir a hoteles costeándose por ellos mismos la estadía, los hisopados, la comida y la policía que inexorablemente debe haber” remarcó además la provincia a la Corte.

Aquí vea el escrito completo de la Fiscalía de Estado en respuesta a la Corte Suprema:

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