A medida que iba conociéndose más aspectos de la enfermedad, fueron aprendiéndose y asimilándose comportamientos y la conducta social para tratar de frenar el avance de los contagios.

En Formosa, con un país paralizado, comenzaron a llegar desde distintos puntos del país, formoseños que habían quedado sin trabajo, sin clases o simplemente, sin poder realizar tratamientos o reuniones familiares ante la fuerte restricción del comienzo de la pandemia.

De la experiencia aprendida en los países donde primero impactó el coronavirus, pronto pudo manejarse el dato de los 14 días de aislamiento preventivo, que es un plazo en el que puede incubarse la enfermedad y manifestarse con los síntomas o bien si es asintomático, poder ser detectado a través de los hisopados.

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia. La Argentina, recién el 19 de marzo decide declarar la cuarentena obligatoria que arrancó el 20 de marzo.

Formosa empezaba al igual que todas las provincias del país, a desandar su propio camino en el entendimiento de una pandemia que avanzaba más que rápido.

LA CRONOLOGÍA

El primer ingreso notorio fue el de una médica que llegó a la provincia desde España y se aisló en el Hospital de Alta Complejidad.

Luego vinieron los aislamientos domiciliarios que eran custodiados por la Policía, sin embargo, muchos trabajadores temporarios llegados desde otras provincias, en el transcurso de esas dos semanas que tenían que evitar salir, evadían los controles y circulaban por la ciudad.

También estuvo el anuncio tecnológico, en el que se establecía un control por geoposicionamiento, pero era falible, porque el programa o APP de seguimiento era instalado en los celulares, y los recién llegados simplemente dejaban su celular en la casa y salían de ésta, sin respetar la cuarentena.

Más adelante, hubo una etapa de controles mixtos, en el que regía por mediados de abril, algunos recién llegados que eran aislados en sus casas en tanto otros lo hacían en un centro de alojamiento.

Los formoseños recién llegados, que todavía hacían cuarentena en sus casas, siguieron quebrantando el compromiso de quedarse auto aislados 14 días, obligando a tomar decisiones más restrictivas para controlar el estricto cumplimiento del aislamiento preventivo.

Luego la provincia decidió implementar a mediados de abril, el programa de ingreso ordenado para administrar el ingreso de personas que declaraban que iban a permanecer en la provincia. Establecía un orden de turnos de acuerdo a la disponibilidad de plazas en los centros de alojamiento. Ya nadie iba a hacer cuarentena domiciliaria.

La idea de que si una persona que ingresa manifieste la enfermedad en un centro de alojamiento, o sea hisopada y detectada en un ambiente controlado, era lograr que ese enfermo no contagie a otros.

Es el programa que hoy en día sigue vigente, pero con vaivenes por el numeroso grupo de personas que pidió el permiso para entrar a la provincia, y por los ingresos clandestinos, que ocupan plazas de los centros de aislamiento que dejan con poco margen de cupo para quienes aguardan el permiso de entrada.

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El 24 de febrero de año 2010, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán envía una nota al entonces ministro de Economía de la Nación Amado Boudou, -citando un convenio firmado en el año 2009 entre la provincia y el estado nacional- solicitando “realizar las acciones necesarias para disminuir el impacto de la deuda provincial y fomentar aquellas acciones destinadas a la inversión pública”.

Fue el inicio de una seguidilla de acciones que investiga la justicia. The Old Fund (TOF), sociedad presidida por Alejandro Vendenbrole, el 20 de mayo de 2010 le facturó al gobierno de Insfrán $ 7.823.531,94 con la factura 003 “exenta del impuesto al valor agregado en virtud de la Ley 23.576”, de la sociedad con sede en la avenida Luis María Campos 1.116 de la capital del país, en concepto de “servicio de asesoramiento legal y financiero para la reestructuración de la deuda provincial”.

La deuda se saldó mediante una transferencia del Fondo Financiero Provincial (FonFiPro), ordenado por el decreto 477/10 rubricado por el mandatario formoseño y la entonces ministra de Economía formoseña Inés Lotto de Vechietti, actual diputada nacional.

Luego de la trascendencia en los medios, los diputados provinciales Martín Hernández y Osvaldo Zárate (UCR) presentan en la Legislatura norteña un proyecto de resolución donde piden citar al ministro de Economía Jorge Ibáñez, a la la titular de la Unidad Central de Administración de Proyectos, Stella Maris Manzur y el titular del FONFIPRO, Jorge Melchor “a fin de brindar información sobre el pago realizado el 21 de mayo del 2010 a la firma The Old Found”. Con el voto de la mayoría, miembros del bloque PJ que responde a Insfrán, rechazó la iniciativa de la oposición.

El 21 de setiembre del 2012, el senador nacional Luis Naidenoff presentó una la denuncia penal ante la fiscalía de Marisa Vázquez, juzgado N° 4, a cargo del juez Héctor Shur.
Los legisladores radicales también insistieron en la búsqueda de información ante la justicia federal con asiento en Formosa, el reclamo fue girado al fuero provincial, que poco después dispuso su cierre sin mayores medidas probatorias.

En agosto del 2013, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa (STJ) rechazó, por unanimidad de los cinco miembros, un pedido de los parlamentarios Zárate y Hernández que pretendían acceder al expediente administrativo en se dispuso pagarle $ 7,6 millones a The Old Fund.

Los legisladores exigían que el gobernador Insfrán y sus colaboradores respondan “¿cómo se contrató? ¿Por qué a esa empresa? ¿Qué antecedentes profesionales tenía? ¿Qué procedimiento administrativo de contratación de servicios se utilizó? ¿Se realizó un estudio de antecedentes sobre la empresa?”.

Siete meses la justicia ordinaria formoseña concluyó en no se acreditó “el perjuicio material sufrido en su calidad de afectados”, ni “un derecho subjetivo o interés legítimo”.

Esa falta de “legitimación necesaria”, estimó el Tribunal, que los diputados no pueden “poner en marcha la estructura judicial”. Por tanto, “no habiéndose comprobado los extremos que acrediten la necesidad [de habilitar el pedido] corresponde el rechazo del mismo en todas sus partes”.

Ante el revés judicial provincial y federal que se sumaba al voto negativo en la Cámara de Diptuados, “para tener acceso a la información”, se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que el 2 de junio del 2015 dio curso al recurso interpuesto por los formoseños, hizo lugar a la queja, y remitió a STJ norteño para que revea la sentencia apelada.

Cuando el 23 de febrero de este año, se ordenó al gobierno de Formosa proporcionar la información requerida, “toda la documentación ya era conocida por los medios” dijo a Télam el actual diputado nacional Martín Hernández.

Para el senador Naidenoff, recordó que “en medio de esta lucha en la búsqueda de la verdad, el gobierno de Cristina Kirchner designó el 23 del diciembre del 2014 a la fiscal de la justicia provincial Marisa Vázquez, como fiscal federal en nuestra provincia. Se trataba nada más ni nada menos que la la funcionaria que archivó la causa The Old Found en Formosa” expresó.

En tanto, el diputado provincial Osvaldo Zárate, indicó que “la firma del decreto por parte del gobernador, para pagarle una supuesta coima a Amado Boudou, mediante Vandenbroele, es una prueba de la impunidad con que se manejaron en los tiempos del kirchnerismo”.

En ese sentido, Martín Hernández aseguró que “desde el 2012, que hicimos la denuncia y comenzamos reclamar el gobierno explicaciones sobre esta operación, tuvieron una actitud de ocultamiento cómplice. Incluso, con una justicia a su servicio, archivaron la denuncia que se había presentado en la justicia provincial, que por suerte después fue levantada por la justicia federal por su conexidad con otros casos donde Vandebroele y Boudou están implicados” indicó.

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