El pronunciamiento de la Corte Provincial está plasmado en la Resolución 179/26 con la firma de la totalidad de sus integrantes: la presidenta Claudia María Fernández y los ministros Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll.

En la parte medular de la resolución, cuando se hace referencia al modo que tiene la Prensa de ejercer ese derecho, el STJ sostiene que el Estado no puede decir que está bien y que está mal en el ejercicio periodístico, cuestión que, en todo caso, quedará a cargo de la audiencia de cada medio.

Principios fundamentales

La resolución judicial se erige y está sustentada en los principios fundamentales sobre el libre ejercicio de la libertad de prensa, y es una contundente respuesta a un planteo que realizó la abogada Ana Gabriela Neme, al denunciar -por escrito y ante el STJ- la presencia de un medio de prensa en los pasillos del edificio de Tribunales de la ciudad de Formosa, en ocasión de una audiencia a la que tuvo que asistir en el marco de una demanda judicial en trámite y de la que ella es parte involucrada.

Previamente, tanto el periodista como el camarógrafo habían sido debidamente registrados en la recepción de Tribunales, anotándose, incluso, el motivo de su ingreso al edificio: entrevistar en un espacio común de ese inmueble a un funcionario judicial.

La abogada se quejó porque cuando el periodista de un canal de televisión local estaba entrevistando -en un espacio común de Tribunales- a una de las partes del referido pleito judicial, ella fue filmada cuando se retiraba del lugar.

Antes de entrar a analizar este caso puntual el STJ recordó a modo de referencia que el artículo 101 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia de Formosa, autoriza a periodistas a consultar expedientes judiciales, cuando ya se hubieren dictado sentencias definitivas o se tratare de actos procesales precluídos; lo cual implica que para que un periodista pueda ejercer esa facultad debe ingresar a Juzgados y/o Tribunales, sea este un medio público o de un medio privado, lo cual -afirma la Corte Provincial- “es absolutamente indiferente porque la garantía de la libertad de prensa que consagra el artículo 13 de la Constitución Provincial, no hace ese tipo de distinciones”.

Por otra parte, el STJ señala que los edificios judiciales, poseen espacios comunes – pasillos, mesas de entradas, etc – y espacios sujetos a determinadas restricciones. Estos últimos, donde se desarrollan audiencias de juicio o de cualquier otra naturaleza, están sujetos a las restricciones que imponen los jueces y juezas de cada causa, por las razones que las normas procesales autorizan.

El ejercicio periodístico no es incumbencia del Estado

Sin embargo -aclara la decisión del STJ- los pasillos y espacios comunes, como el asignado al medio de prensa en esta oportunidad, son absolutamente libres para su tránsito y para el cumplimiento del trabajo de medios de prensa, “cualquiera sea el sentido que el periodista pueda darle a su actividad, siendo irrelevante que sea de un medio público o de un medio privado, porque no es de incumbencia del Estado – en este caso, el Poder Judicial – determinar que está bien y que está mal en el ejercicio periodístico, ponderación que, en todo caso, queda a cargo de la audiencia de cada medio, sin perjuicio del juzgamiento de los casos puntuales que se investigan y resuelven en el ámbito jurisdiccional y cuando así corresponda. Pero en el ámbito administrativo no corresponde, desde el inicio, intervención previa alguna”, enfatiza la resolución 179/26.

Por lo demás, la Corte señala que escenas como las que relató la profesional del derecho y fueron motivo de su denuncia, han sido y siguen siendo habituales en distintas mesas de entradas de Juzgados y Tribunales, incluido dentro del propio Superior Tribunal de Justicia, “cualquiera sean sus ocasionales protagonistas y nunca a nadie, se les ocurrió prohibirlas, censurarlas o sancionarlas”.

En virtud de todo lo señalado, el STJ no advirtió infracción alguna que merezca investigarse, “porque el ejercicio de la libertad de prensa se encuentra por encima de los coyunturales inconvenientes que puedan suscitar a personas determinadas”, afirma la decisión, correspondiendo, en consecuencia, la desestimación de la denuncia y el inmediato archivo de las actuaciones.

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Las amenazas aparecieron como pintadas en baños y provocaron alarma, incluso con suspensión de clases en algunos establecimientos. La funcionaria advirtió sobre un “reto viral” que comenzaría con armas de juguete y podría escalar al ingreso de armas reales.

Además, se investigan grupos en redes donde enseñan a manipular y ocultar armas. Tafetani pidió mayor control familiar y diálogo con los hijos para prevenir situaciones más graves.

Fuente: @algoestapasandofsa

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En la Sala de Audiencias Nº 2, a partir de las 09:30, la jueza interviniente, Dra. Laura Karina Paz, presidió siete audiencias multipropósito, una de ellas realizada en forma remota, a través de la plataforma Zoom, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el desarrollo de esta última, se trató la situación de un imputado detenido por rebeldía y orden de detención en su contra, acordándose entre las partes un juicio abreviado. Como resultado del mismo, se dictó condena en suspenso, ordenándose su inmediata libertad.

En las siguientes audiencias programadas, la jueza Paz dictó dos rebeldías, una elevación a juicio criminal, una orden de individualización y comparendo, una suspensión de juicio y una instrucción con prisión preventiva.

Por otra parte, con la Cámara Primera en lo Criminal, integrada por las juezas María Laura Viviana Taboada y Lilian Isabel Fernández y el juez Ramón Alberto Sala, se trató un legajo con detenido por rebeldía, realizándose un juicio abreviado, por acuerdo entre las partes. Se dictó una condena en suspenso, ordenándose la inmediata libertad del imputado.

Asimismo, el pasado 10 del actual, con el juez de Audiencias Sergio Felipe Cañete, se llevó a cabo una audiencia multipropósito, también a través de la plataforma Zoom, esta vez con la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, resolviéndose la situación procesal del imputado. Se ordenó su inmediata libertad y el levantamiento de la rebeldía que pesaba en su contra.

El jefe de la O.G.A. Formosa, Plutarco Guzmán, resaltó la eficiente gestión del personal de la Oficina y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos con que cuenta el Poder Judicial de la provincia para gestionar y concretar las audiencias programadas, con diferentes y siempre predispuestos magistrados, resolviéndose a través de los mismos y con la intervención de las partes, los diversos legajos donde están involucrados los imputados.

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Ahora, la decisión queda en manos del juez interviniente, quien deberá definir si dicta el sobreseimiento o la falta de mérito.

La información fue confirmada por los abogados Javier Vargas y Eladia Carrión.

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El caso se originó tras la denuncia de una militante radical que aseguró haber sido afiliada al espacio libertario sin su consentimiento, mediante el uso de sus datos personales y una firma que no le pertenece.

La denuncia apunta puntualmente contra Pablo S. Míguez y Esteban López Tozzi, quienes habrían intervenido certificando de manera irregular la supuesta afiliación.

La presentación judicial pide investigar la maniobra, realizar pericias sobre las firmas y restituir la afiliación de la denunciante. Además, se solicitó auditar el padrón ante posibles casos similares.

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El reclamo tuvo lugar mientras las personas que se trasladaban en el automóvil que colisionó contra la motocicleta —en la que la víctima viajaba como acompañante— prestaban declaración ante la Justicia.

El caso generó conmoción y los allegados del joven reiteraron el pedido de esclarecimiento y responsabilidades.

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En una resolución fechada este miércoles 8 de abril , el tribunal integrado por los jueces Enrique Bosch, Rocío Alcalá y Patricia García declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de siete de los imputados, cortando así el intento de elevar las actuaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Los recursos habían sido presentados los abogados de Guadalupe Firpo, Carolina de los Ángeles Torres, Alejo Sierra, Maximiliano Sierra y María Fernanda Flores Jara, Iván Cruz Costa y Nicolás Costa, estos dos últimos considerados por la justicia como los presuntos organizadores de la maniobra. Todos ellos habían sido procesados sin prisión preventiva, en una resolución que la propia Cámara había confirmado el pasado 16 de marzo.

Las defensas argumentaron arbitrariedad en lo decidido, deficiencias en la imputación, afectación al derecho de defensa y al debido proceso, irregularidades en los allanamientos, violación al principio de ne bis in idem y errores en la calificación jurídica, entre ellos la supuesta inexistencia de lavado de activos y asociación ilícita. También plantearon que la intervención simultánea del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante, mediando entre ambos un vínculo familiar directo, comprometía la imparcialidad del órgano acusador.

El tribunal rechazó de plano la procedencia de la vía intentada. Sostuvo que la confirmación de un auto de procesamiento sin prisión preventiva no constituye sentencia definitiva ni puede equipararse a tal, dado que no pone fin a la acción ni a la pena, no impide la continuación del proceso ni deniega la extinción o suspensión de la condena. En ese sentido, citó jurisprudencia concordante de la propia Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde hace décadas sostiene que los procesamientos no habilitan la instancia casatoria por carecer del requisito de definitividad exigido por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación.

El tribunal también descartó que los planteos constitucionales invocados por las defensas —en particular la alusión al artículo 18 de la Constitución Nacional— pudieran suplir la ausencia de ese presupuesto objetivo de admisibilidad. Señaló además que la Cámara ya había satisfecho el derecho al recurso o doble conforme consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos al actuar como segunda instancia en el marco de la apelación, con control integral de la resolución de la jueza de grado. En cuanto al planteo de arbitrariedad, concluyó que los agravios de los recurrentes no eran más que una reedición de los ya introducidos al apelar, sin que se identificara un déficit extremo de fundamentación ni un apartamiento palmario del marco legal aplicable.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, involucra a doce imputados en total y permanece en etapa instructoria. De esos 12, un total de 7 había presentado los recursos, que ahora fueron rechazados. Según la querella del Banco Nación, el perjuicio actualizado al momento de la resolución de marzo superaba los mil millones de pesos. La trama investigada incluye la presentación de balances y facturas apócrifas para acceder a créditos, el libramiento de cheques sin fondos, y la constitución de sociedades utilizadas presuntamente para dar apariencia lícita a los fondos obtenidos de manera fraudulenta.

(Fuente: litigio.com.ar)

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La propuesta integra un paquete inicial de 52 postulaciones enviadas al Senado, mientras que el resto de los nombramientos será acordado con gobernadores en busca de respaldo político para su aprobación.

En Formosa, la designación apunta a reforzar la estructura del fuero federal y avanzar en la normalización de cargos, conforme al mecanismo establecido por la Constitución Nacional para la designación de jueces.

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El caso involucra al Sr. O. de 42 años y la Sra. R. de 22, en el que la ex pareja -por cuestiones económicas- decidió permanecer viviendo en el mismo «reducido» inmueble junto a sus dos hijos menores (4 y 2 años).

No obstante, la mujer se presentó ante el Tribunal de Familia y pidió que se excluya al hombre del hogar y éste, a su vez, solicitó que se prohíba el acceso y acercamiento de los parientes de la mujer al domicilio de ambos.

Tras analizar el caso y las particulares condiciones de convivencia, la jueza Kalafattich rechazó el planteo de la mujer al afirmar que sacarlo del hogar a su expareja iba a provocar graves daños a los derechos de los infantes, tanto la subsistencia de los mismos (reducción o escasez de alimentos) como la privacidad y salubridad del ambiente (presencia y permanencia de extraños en el pequeño hogar).

En cuanto al segundo planteo -prohibición de acceso y acercamiento de los parientes no convivientes de la mujer- la magistrada consideró al pedido como “razonable” ya que el reclamo ataca al verdadero problema en aras de defender los derechos de los menores.

Con total firmeza y ecuanimidad Kalafattich dijo que estas circunstancias llevan a brindar un plus de protección a los niños A. y H. “garantizándoles un ambiente más apto para vivir y contar con la alimentación adecuada que procuran los progenitores como responsables de los mismos”.

La jueza sintetizó el cuadro de situación, identificando las raíces del conflicto que impedían una convivencia pacífica en pos del bienestar de los niños A. y H., advirtiendo estar en presencia de una pareja ya finalizada pero que ha tratado de acordar una convivencia pacífica en pos de su propio bienestar y el de los niños de autos, ante la falta de recursos para procurarse otro hogar.

El análisis judicial desmenuzó tres factores principales que alimentaban el malestar constante entre los ex convivientes:
1 Brecha generacional y estereotipos de género: Se identificó una marcada diferencia en las prioridades. Mientras el Sr. O. se enfocaba en «trabajar para ahorrar dinero y poder mejorar la calidad de vida de sus hijos,» la Sra. R. priorizaba «ampliar su entorno social, salir e independizarse.» La jueza señaló que el demandado pretendía un «concepto estereotipado de ‘una buena madre'» que no se alineaba con la visión de la mujer.
2 Invasión del entorno familiar: Un punto crítico fue la «invasión constante del grupo familiar no conviviente de la Sra. R.» Estos familiares accedían a «instalarse» en el hogar, sin respetar la voluntad del Sr. O. quien buscaba resguardar la privacidad de los hijos en un «hogar de espacios pequeños» y proteger la economía familiar que él sostenía”.
3 Ausencia de violencia estructural: A pesar del conflicto generalizado, el fallo de la doctora Kalafattich fue preciso al afirmar que «no se advierte asimetría alguna ni trato desigual ni sometimiento ni discriminación» contra la Sra. R.”, concluyendo que el malestar era consecuencia del contexto (brecha generacional, vivienda pequeña, crianza desigual y presencia familiar).

Interés superior del N.N.A.

Frente a este escenario de tensión creciente y potencial escalada de peligrosidad, la jueza optó por reforzar la protección de los más vulnerables, disponiendo medidas tendientes a garantizar a los niños A. y H. un ambiente más apto para vivir y contar con la alimentación adecuada que procuran los progenitores.
La decisión judicial no se limitó a la resolución de la disputa de convivencia. Se emitió una exhortación a ambos progenitores para que «eviten todo acto de violencia entre ellos (gritos, insultos, destratos, acusaciones prejuiciosas o calumniosas, entre otros) y menos delante de los niños,» y que asuman por igual el cuidado y la crianza.

Este caso es relevante porque demuestra cómo la Justicia, al analizar la prueba social y la realidad material de las partes, puede aplicar soluciones equitativas que priorizan el interés superior del niño por encima de las disputas personales de los adultos.

El SIAJ destacó la decisión

El fallo judicial fue elogiado en la columna que escribe Juan Manuel Leonardi, en el boletín informativo del Sistema de Información Jurídica (SIAJ).

Bajo el título: “Un delicado equilibrio y un justo desenlace” el comentario destaca la celeridad en la resolución del conflicto -la denuncia ingresó el 22 de enero de 2025 y el fallo fue dictado tres meses después- y la ecuanimidad frente a denuncias recíprocas de una expareja.

“No es usual encontrar sentencias que sorteen con admirable equilibrio situaciones tan delicadas de violencia familiar en las que -incluso- se encuentra afectado el Interés Superior del Niño, pues generalmente se acude al atajo de aplicar -cual fórmula mágica- la perspectiva de género, prescindiendo de considerar y proteger el verdadero interés jurídico comprometido: los derechos del niño, niña y adolescente”, subraya la nota publicada por el SIAJ.

El enfoque objetivo y desideologizado -agrega- es lo que permitió a la magistrada encuadrar adecuadamente la cuestión planteada y, de esa forma, arribar a una solución estrictamente ajustada a derecho al proteger el Interés Superior del Niño tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (4) y la Ley 26.061.

“Es reconfortante constatar que existen magistrados/as que están atentos a la situación de los niños y con erudita dedicación logran detectar cuando está amenazado su verdadero interés superior, única manera de poder ponerlo a salvo”, enfatiza Leonardi en su comentario.

En el caso analizado, en el que la ex pareja -por cuestiones económicas- ha decidido permanecer viviendo en el mismo «reducido» inmueble junto a sus dos hijos menores (4 y 2 años), es innegable que la constante presencia y permanencia del grupo familiar no conviviente de la mujer en la vivienda, durmiendo en la casa e ingiriendo los alimentos que el progenitor compraba para sus hijos, “afecta decididamente tanto la subsistencia» de los niños (reducción o escasez de alimentos) cuanto su privacidad y la salubridad del ambiente (presencia y permanencia de extraños en el pequeño hogar)”.

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Según confirmó, el autor del hecho continúa privado de su libertad, mientras avanza la causa judicial.

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