El Gobierno nacional oficializó este viernes una medida largamente reclamada por las provincias: la delegación de la administración y mantenimiento de rutas nacionales. Mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó a Corrientes y otras ocho jurisdicciones (Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz) a concesionar tramos viales dentro de sus territorios.
La decisión permite que los estados provinciales asuman la reparación, ampliación y conservación de los trazados nacionales bajo el sistema de obra pública por peaje. No obstante, el decreto aclara que la titularidad del dominio público seguirá siendo del Estado nacional y que la delegación es de carácter «funcional, temporal y revocable».
Requisitos y plazos para la gestión provincial
Para formalizar el traspaso, cada provincia deberá firmar un convenio individual con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los gobernadores tendrán que presentar:
Plan de obras: detalle de las mejoras y reparaciones proyectadas.
Esquema financiero: condiciones de la concesión y tarifas de peaje propuestas.
Plazos: las concesiones podrán extenderse por un máximo de 30 años.
Una vez aprobados los convenios por la Secretaría de Transporte, las provincias tendrán un plazo de un año para seleccionar a los concesionarios. En caso de incumplir este término, la facultad delegada caerá automáticamente. Además, el decreto establece que los fondos recaudados por peajes deben invertirse exclusivamente en el tramo concesionado.
La postura de Juan Pablo Valdés
El gobernador de Corrientes ya venía anticipando gestiones directas con el Ministerio de Economía para concretar este traspaso. Juan Pablo Valdés ha sido uno de los mandatarios más críticos respecto al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, calificándolas de «fundamentales» para el crecimiento económico pero denunciando un estado de abandono persistente.
Para el Ejecutivo correntino, la federalización de la gestión caminera es una respuesta necesaria ante la retención de fondos del Impuesto a los Combustibles por parte de la Nación, recursos que deberían destinarse por ley al mantenimiento de estas vías. Con esta nueva herramienta, Corrientes busca garantizar la seguridad vial y la fluidez del transporte de carga, motor clave para la industria forestal y agrícola de la región.
