La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitó este miércoles una pena de 15 años de prisión, la unificación con su condena previa de 17 años y 6 meses, una multa de 50.000.000 de pesos y la inhabilitación absoluta para Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”.
La petición se realizó en el marco de los alegatos del juicio donde se lo acusa de liderar una organización delictiva que operaba desde el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, entre septiembre de 2016 y julio de 2021, Segovia comandó un entramado criminal especializado en el tráfico de armas, explosivos y estupefacientes, con vínculos directos con organizaciones narcocriminales de Rosario.
Uno de los hallazgos más alarmantes de la causa reveló que el grupo accedió ilegalmente a cuentas de correo electrónico oficiales del Gobierno de Formosa. La intención era utilizar estas identidades falsas para inscribirse en capacitaciones técnicas en manejo de explosivos, lo que sugiere un nivel avanzado de infiltración y conocimientos en ciberseguridad.
La estrategia permitió al clan Segovia adquirir información clave para modificar fusiles semiautomáticos y fabricar explosivos caseros.
Este delito informático, describió la fiscalía, constituyó la base de las actividad de la organización, pues a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa -que les permitieron a la banda hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, gracias a la extensión @formosa.gov.ar de las cuentas a las que accedieron ilegalmente- pudieron relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos a agencias estatales.
La fiscalía expuso que en septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro. Para que funcionaran como explosivo solo había que reemplazarle la sustancia inocua que llevaban por una como, por ejemplo, TNT, explicó el Fiscal Diego Iglesias.
Esa “sobre-bomba” tenía como remitente al ahora diputado provincial, Hugo García, que en ese momento se desempeñaba como concejal de la Ciudad de Formosa. Un docente de Formosa resulto detenido varias semanas por el hecho.
La investigación -tanto en Paraguay como en Argentina- determinó que el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia.
El plan -precisó el fiscal- era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza.
Iglesias contó que la investigación se enderezó a establecer quiénes utilizaban los correos electrónicos. Explicó que, con la colaboración del gobierno de Formosa, se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda. La Policía Federal, que con orden judicial intervino los correos con una “cuenta espejo” (que le permitía visualizar todos los movimientos), determinó que usaban un software VPN para evitar el rastreo.
Entre las pruebas más comprometedoras se hallaron cartas manuscritas de Segovia con instrucciones cifradas sobre el uso de los correos hackeados, la adquisición de precursores químicos y la distribución de armas en Rosario.
El impacto de esta red criminal se reflejó en la escalada de violencia en la ciudad santafesina, donde en 2022 se registraron 291 homicidios, el 80% cometidos con armas de fuego.
Según la Fiscalía, el grupo de Segovia abastecía a facciones como Los Monos y el clan Funes/Ungaro, cuyos métodos de operación se asemejan a los de cárteles mexicanos como el de Juárez o el Comando Vermelho brasileño.
Los antecedentes de Segovia, condenado previamente por el tráfico de efedrina hacia México, refuerzan el pedido de una condena ejemplar. La investigación apunta a que, desde la cárcel, intentó generar una escalada armamentista en Rosario, agravando el nivel de violencia en la región.
La sentencia final del tribunal se espera en las próximas semanas, mientras las autoridades refuerzan las medidas de seguridad en torno a la investigación.
ARCHIVO
