Un informe del Observatorio Politiké estima que, en promedio, el valor del Kw/h que pagan los usuarios de la energía eléctrica en todo el país se incrementó entre 259,57% y hasta un 614,22%, dependiendo de la distribuidora, la categoría de ingresos de los usuarios y los subsidios que recibieran y que dejaron de percibir por decisión del Gobierno nacional.
Sin embargo, los incrementos implementados por la Secretaría de Energía de Nación son muy superiores, llegando a 3662,9% en el valor de la potencia y al 2037,6% en el caso del valor del megavatio (Resolución 234/24 SE).
“La política nacional tuvo dos grandes ejes. En primer lugar, el incremento en dólares del valor de la energía, política que benefició a las generadoras eléctricas, que venden con precio asegurado la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), para que esta, de manera monopólica se las venda a las distribuidoras locales, que son precios aceptantes”, afirma el informe.
En tanto, “el segundo gran eje de la política nacional fue reducir al mínimo los subsidios, incluso para los hogares de ingresos bajos, que hoy deben pagar tarifa plena a partir de los 350 Kw, un consumo mínimo, sobre todo para los hogares del norte, donde el verano exige como necesidad la refrigeración de alimentos y del hogar”.
De la misma manera, el documento advierte que “se observa en todo el país que las distribuidoras no trasladaron el incremento dispuesto por Nación, porque resulta imposible dado que la capacidad de pago de los usuarios no se incrementó de la misma manera y ergo, haber trasladado el costo dispuesto por Nación, hubiera generado un importante incremento en la cantidad de usuarios que no podrían pagar la factura”.
En promedio, el estudio estima que las distribuidoras absorbieron entre un 50% y hasta un 70% los incrementos de Nación, trasladando a los usuarios entre el 30% (las de menor tarifa) y hasta un 50% (las de mayor tarifa) los aumentos dispuestos por el Estado nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación.
Además, se marca que “al hecho de que las distribuidoras estén absorbiendo una parte importante de los aumentos dispuestos por el Gobierno nacional, se agrega el desfasaje que existe entre el momento que CAMMESA cobra lo facturado (a mes vencido), con la facturación que realizan las empresas (30 a 60 días posterior al consumo) que se cobra 30 a 60 días después. Es decir, hay un desfasaje de 90 a 120 días para las distribuidoras que también tuvieron que absorber durante 2024”.
Y señala que “REFSA posibilita el pago en tres cuotas, cubriendo así hasta 90 días más ese desfasaje financiero”.
Otro punto es la injusta manera en la que se cobra el transporte de la energía. “Con nodo cero en Buenos Aires, las provincias del NEA pagan más de 1000 kilómetros de transporte, aún cuando la energía que se produce en Yacyretá, a menos de 500 kilómetros de Formosa, alcanza para abastecer todo el NEA. Si bien Corrientes y Misiones son las más perjudicadas por este sistema centralista, Formosa y Chaco también deben pagar un costo de transporte muy superior a lo real”.
Al comparar las tarifas de Formosa ($128,89 el Kw en su tramo mayor) con el de las demás provincias (aclarando que no todas publican su cuadro tarifario), se observan dos particularidades, manifiesta el informe.
Y remarca que “la primera de ellas es que Formosa es la única provincia que no cobra ningún tipo de impuestos provinciales en la factura de luz (el único impuesto es el IVA, cobrado desde Nación). La segunda es que tiene el menor precio del Kwh de la región, que significa que tiene el costo de distribución o VAD (lo único que cargan las distribuidoras) más bajo del Noreste argentino”.
Dicha realidad se debe a que “sin dudas, el hecho de que REFSA sea una empresa estatal que no busque el lucro, sino el funcionamiento eficiente, la tarifa dispuesta equilibra el precio social que puede abonar el usuario, con las necesidades económicas que requiere la empresa para funcionar con eficiencia”.
