La contestación al máximo órgano de justicia de la Nación, rubricado por la fiscal de Estado Zabala de Copes, asegura que no corresponde a la Corte Suprema de Justicia, definir la cuestión Formosa, sino que la competencia debe recaer en la Justicia de Formosa.
“El gobierno de Formosa intenta desviar la resolución del caso, a través de la Justicia local, todos conocemos la falta de imparcialidad de la Justicia de la provincia, le dicen a la Corte que no se meta, que esto lo resuelven ellos, pero hace 30 años resuelven a merced de sus intereses”, sostuvo el Sebastián Montoya.
El abogado radical también se refirió a que, según el Gobierno, solo el Defensor del Pueblo debería tener la facultad para llevar este tipo de acciones legales. Montoya y su espacio político rechazaron esta argumentación, señalando que el Defensor no actúa como un verdadero representante de los ciudadanos, sino como un portavoz del gobernador.
REINICIAR MANDATOS
Montoya entiende que el objetivo de máxima de la postura del Ejecutivo local es moldear “una maniobra para ´reiniciar´ el contador de mandatos del Gobernador, puntualizando que no existen garantías de que la futura Convención Constituyente pueda poner fin a la reelección de Gildo Insfrán”. De ese modo se “se está poniendo en duda la eficacia y transparencia de la reforma Constitucional”.
Montoya y Villaggi, en su “cruzada anti-reelección indefinida” comenzaron con presentaciones en la justicia provincial, pero han sido rechazadas.
Por último, Montoya expresó que “la respuesta del gobierno provincial carece de una fundamentación jurídica eficiente, por lo que está convencido que la Corte Suprema Justicia de la Nación dictará un fallo favorable a su planteo, para garantizar el respeto al sistema Republicano y a la Constitución Nacional”.
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