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El ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió ayer cuando advirtió a las provincias que estuvo analizando “todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente”, si alguno de los artículos económicos de la ley ómnibus es rechazado. Por las dudas, aclaró: “No es una amenaza”. Se trata de un botín clave en la distribución de los fondos públicos. El año pasado, según un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el Tesoro transfirió a las provincias $1,9 billones de manera discrecional; es decir, que no eran parte de las partidas automáticas que surgen del régimen de coparticipación y que el Ejecutivo no puede modificar.
La provincia más favorecida fue Buenos Aires, que recibió $824.112 millones en el año. Es el equivalente al 44% del total de las transferencias corrientes distribuidas. De ese total, $705.808 millones fueron partidas para gastos corrientes, mientras que los $118.304 millones restantes tuvieron como destino gastos en capital.
La provincia gobernada por Axel Kicillof no había recibido tantos fondos de manera discrecional desde los primeros años de administración de Eduardo Duhalde. “En 2023, Buenos Aires alcanzó el récord de participación en las transferencias totales (automáticas más discrecionales), junto al año 1995”, dijo Marcelo Capello, economista jefe en Ieral.
Buenos Aires suele ser la provincia que más transferencias discrecionales recibe, ya que se considera que fue perjudicada en 1989 con la actual ley de coparticipación vigente. Se le designó un porcentaje de reparto automático de 21,3%, muy por debajo de la representación que tiene la jurisdicción en el total de la población del país, de aproximadamente 38% (17,6 millones de personas de un total de 46 millones, según el último censo de 2022).
“Cuando Duhalde era gobernador, logró que se cree el Fondo del Conurbano Bonaerense, que recibe transferencias de la Nación. Con eso mejoró su participación y llegó a recibir 25% del reparto total de transferencias automáticas y discrecionales. Sin embargo, después se le estableció un tope al fondo que no se actualizó y eso hizo que Buenos Aires represente cada vez menos del reparto, cayendo a 18% en los últimos años de gestión de Daniel Scioli y el primero de María Eugenia Vidal. Lo curioso es que esa situación comenzó cuando el actual gobernador Kicillof era ministro de Economía”, dijo Capello.
La segunda jurisdicción que más transferencias discrecionales recibió el año pasado fue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con $147.885 millones, equivalente al 8% del total. También se trata de un porcentaje algo mayor a la representación que tiene la jurisdicción en el total de la población nacional, que es 7% (3,1 millones de personas).
Esto se debe a que, cuando el gobierno de Alberto Fernández bajó el coeficiente de coparticipación de manera unilateral a su porcentaje original, de 3,75% a 1,4%, compensó al gobierno porteño con transferencias discrecionales para financiar el traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano, que correspondía por ley.
Las siguientes provincias que más transferencias discrecionales recibieron de la Nación fueron Santa Fe ($83.047 millones), La Rioja ($71.853 millones) y Chaco ($69.635 millones), que equivalen al 4% del total. Aunque el peso que tiene cada una en el total de la población es distinto: 7,7%, 0,84% y 2,5%, respectivamente. La Rioja y Chaco tenían el año pasado dos gobernadores muy afines al entonces ministro de Economía, Sergio Massa: Ricardo Quintela y Jorge Capitanich.
“Las provincias que recibieron transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población en 2023, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado, fueron: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego”, destacó el informe del Ieral. Se trata de todas provincias que eran gobernadas por políticos afines al anterior gobierno nacional.
El 80% de las transferencias discrecionales se canaliza a través de seis mecanismos: el fondo de incentivo docente, por el cual la Nación complementa el salario de los docentes provinciales; el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que se creó cuando el gobierno de Fernández bajó el coeficiente de coparticipación a la Ciudad; el programa de relaciones con provincias y desarrollo regional, donde en gran medida entran los ATN; las transferencias de la Anses a las cajas de jubilaciones provinciales; la asistencia financiera a las provincias, y las transferencias a CABA para financiar el traspaso de la policía federal a la metropolitana.
Transferencias automáticas
Las transferencias automáticas a provincias son aquellas en las que existe una ley que determina un porcentaje de un impuesto nacional (o varios de ellos) que se participan a las provincias, y si los recursos girados son para un fin determinado o de libre disponibilidad. “Las transferencias generalmente son diarias, a medida que entra la recaudación de los impuestos involucrados”, explica Capello.
La transferencia automática más importante es la de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que envía diariamente recursos de libre disponibilidad a provincias. Se reparte en un 40% al Tesoro Nacional, 59% a las provincias y 1 % al Ministerio del Interior, para constituir el fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), de donde salen parte de las transferencias discrecionales.
El fondo de coparticipación se nutre principalmente del 100% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y del 89% de lo recaudado por IVA. Por eso la presión de los gobernadores para restituir el impuesto a los ingresos, que bajó el año pasado durante la campaña presidencial (con el apoyo de los propios gobernadores y las fuerzas políticas encabezadas por Massa y Javier Milei, entonces diputado y hoy presidente que quiere restituir este impuesto).
Existen también otras asignaciones a fines específicos, como la distribución de la recaudación de los impuestos a los combustibles.
Si se consideran solo las transferencias automáticas, Buenos Aires recibe un 22,5% de los envíos a provincias y, en el otro extremo, Tierra del Fuego, un 1,2%.
“Existen provincias en que los recursos recibidos desde Nación superan el 90% de sus ingresos totales, como es el caso de Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%). Inclusive en algunas provincias que detentan un buen nivel de desarrollo agropecuario e industrial, como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, las transferencias nacionales representan entre 53% y 68% de sus ingresos totales”, explica Capello.
Si se analiza en términos per cápita, CABA es la que recibe menor monto ($100.000), seguida por Buenos Aires ($185.000) y Mendoza ($277.000). Las provincias con más transferencias automáticas per cápita son Tierra del Fuego ($894.000), Catamarca ($856.000), Formosa ($814.000), La Rioja ($725.000) y La Pampa ($712.000).
“Teóricamente, es lógico que provincias menos densamente pobladas y/o más rezagadas económicamente reciban mayores transferencias fiscales, porque tienen más necesidades sociales y para acortar distancia de desarrollo con las jurisdicciones más avanzadas. Pero desde la evidencia empírica de la Argentina no se puede explicar razonablemente por qué algunas jurisdicciones ricas reciben altas transferencias por habitante (algunas patagónicas), o por qué existe trato tan disímil entre jurisdicciones similares. Esto sucede con Catamarca o La Rioja, mucho más altas que Salta, Formosa mucho más altas que Corrientes o Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz mucho más altas que Chubut, Santa fe mayor que Mendoza”, concluyó Capello.