La medida judicial alcanza al empleado de la empresa REFSA y a los dos profesores de la EPET 1, el colegio técnico donde cursaba sus estudios el infortunado adolescente.
De esta forma, el juez Cañete resolvió la situación procesal de los tres imputados tal como ordena la legislación luego de la declaración indagatoria que prestaron oportunamente, entendiendo que de las conclusiones preliminares que arroja la investigación hasta esta instancia del proceso, existe semiplena prueba que los imputados son autores del delito que se les atribuye.
No obstante, la instrucción de la causa judicial seguirá su curso porque todavía quedan pendientes de llevar adelante una serie de pruebas y pericias ordenadas por el magistrado a fin de esclarecer los hechos que derivaron en la muerte de Joaquín.
La resolución que tomó el juez Cañete (foto) disponiendo el procesamiento de los tres imputados, tiene carácter provisional y es apelable ante la Cámara Penal, constituyendo la misma una medida de carácter cautelar.
Joaquín Oviedo falleció el 24 de agosto el año pasado tras recibir una fulminante descarga mientras manipulaba uno de los transformadores instalado en una sala de la planta energética.
El estudiante estaba en ese lugar realizando una pasantía de trabajo, en el marco de un convenio que oportunamente firmaron la Escuela Técnica con la empresa de energía.
En primera instancia fue imputado el empleado de REFSA que tenía bajo su responsabilidad ese sector de la empresa, y con el devenir de la investigación también fueron acusados e implicados en la causa dos profesores del colegio técnico.
La medida que dispuso el juez de instrucción es sin prisión preventiva, debido a que el delito endilgado de homicidio culposo es excarcelable en la legislación de nuestro país, lo que significa que los imputados cursaran el proceso en libertad.
