El gobernador de Fromosa, fue favorecido por la justicia de Formosa al ser sobreseído en un expediente vinculado al caso Ciccone, donde se investiga un extravagante contrato de asesoramiento de la renegociación de la deuda que la provincia tenía con la Nación, a través de una consultoría que costó 7,6 millones de pesos.
Ese trabajo -que se corroboró que fue simulado- lo facturó The Old Fund, la firma que luego la Justicia le atribuyó a Amado Boudou a través de un testaferro.
El caso dejó de tramitar hace más de un año en Comodoro Py, cuando el juez Ariel Lijo decidió que se desdoble el caso, es decir, que el tramo que involucra a funcionarios formoseños se investigue en la provincia y la instancia que involucra ex funcionarios nacionales, como Amado Boudou, tramite en los tribunales federales de Retiro.
La discusión fue dirimida por la Cámara Federal porteña. El debate inició cuando Lijo hizo lugar a un recurso de la defensa de Gildo Insfrán que planteó que el caso sea remitido a la provincia que él gobierna hace 26 años. Los camaristas entendieron que un tramo de los acontecimientos investigados habrían ocurrido íntegramente en la provincia de Formosa, con la intervención de funcionarios locales (y un particular cuya participación resulta inescindible de la de aquellos) y con la afectación de fondos provinciales.
Así fue que el tramo que incluía a Gildo Insfrán quedó radicado en la justicia federal formoseña. El juez Marcelo López Picabea sostuvo en su resolución que no detectó irregularidades en los convenios de renegociación de deuda que firmó la provincia el Estado Nacional. Entendió que la reestructuración del a deuda no incurrió en ningún hecho ilegal.
La medida se dictó a finales del año pasado y al no contar con la apelación del Ministerio Público Fiscal, el gobernador formoseño quedó finalmente sobreseído.
El expediente que devino en la primera condena por corrupción confirmada por la Corte Suprema de Justicia, contra Amado Boudou, se concentra en el procedimiento de la renegociación de la deuda de Formosa con el gobierno nacional, para el cual se contrató una «simulada consultoría» de más de 7 millones de pesos a The Old Fund, del presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele. Esa firma, además, se quedó con el 70% de las acciones de la ex calcográfica Ciccone.
La causa investigó la maniobra por la cual Amado Boudou, mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economía de la Nación, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal (en roles desdoblados, uno desde el sector público y el otro privado, respectivamente), a través de la firma The Old Fund, y de su representante Alejandro Vandenbroele, «habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor».
LA RESOLUCIÓN
CamScanner-05-02-2022-14.11-1Durante la instrucción se determinó que se «simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera. El objetivo, según determinó el juez Lijo, fue que se concrete la contratación entre The Old Fund y el FON.FI.PRO para el «cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa».
Pero para el juez de Formosa nada de esta maniobra fue corroborado. Entendió que la reestructuración encarada por el gobierno de Insfrán nada tenía que ver con la contratación de The Old Fund.
En un tramo de su resolución el juez federal formoseño indicó: “En su dictado (por los decretos de Insfrán) no media la finalidad atribuida en la imputación sino, categóricamente, que este decreto, a la par de la necesaria aprobación del convenio, con igual o mayor importancia para su ejecución, tuvo la expresa finalidad de garantizar con recursos provinciales el cumplimiento de los pagos comprometidos a la Nación en el convenio suscripto y aprecio que está muy lejos de configurar un aporte personal o una contribución al hecho típico descripto en la acusación”.
La resolución trascendió a través del diario Ámbito Financiero de Cristóbal López, que plantea un criterio completamente diferente al resuelto por el juez Lijo cuando tuvo a cargo la causa.
En su oportunidad en Comodoro Py se sostuvo que luego de asumir, Amado Boudou, en su calidad de Ministro de Economía, firmó junto con Insfrán, en su carácter de Gobernador de Formosa, una adenda al convenio previamente rubricado por Cristina Kirchner, a través de la cual «se estipuló que la reestructuración de la deuda no sólo incluyera al capital (como había sido pactado) sino también a los intereses, incrementando el valor del bono a emitir a la suma de 312.941.277,63 pesos; lo que permitió que The Old Fund cobre 7.667.161 pesos por un asesoramiento que nunca brindó».
Tanto el gobernador Insfrán como la entonces Ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, «intervinieron en diversos actos administrativos de sus competencias tendientes a dotar de legalidad tanto la contratación de The Old Fund en la maniobra de asesoramiento simulado para la reestructuración de la referida deuda pública, como la disposición de fondos de la provincia de Formosa a través de FON.FI.PRO (administrado por Jorge Melchor)», se había argumentado.
TAMBIÉN LEA