El 23 de Noviembre de 2010, la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, – La Primavera- fue reprimida por la policía de Formosa, que desalojó el corte de la ruta 86 que mantenían hacía cuatro meses por un reclamo territorial.
Los hechos ocurridos en esa jornada mostraron un ensañamiento extremo contra la comunidad y un patrón de impunidad para los autores de la violencia ejercida en su contra, digno de los tiempos de la dictadura, publicó en su portal el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen -ENDEPA.
La comunidad reclamaba contra la expropiación del territorio que ocupan, amparándose en la Ley de Emergencia Territorial, del cual habían sido arbitrariamente despojados a favor de la Universidad Nacional de Formosa (600 hectáreas) y de la familia Celia, ligada al poder político provincial, continuó Endepa.
En la mañana del 23, la policía provincial había rodeado a los miembros de la comunidad, cuando repentinamente se hicieron presentes miembros de la familia Celia, que atacaron a balazos a quienes cortaban la ruta ante la pasividad policial. Si bien no hubo heridos tras ese incidente, la policía se retiró para regresar en horas de la tarde y proceder a un violento desalojo.
La comunidad fue atacada con gases lacrimógenos, balas de plomo y de goma, atropellada por la montada y atacada a palazos. Sus miembros fueron perseguidos por los efectivos policiales dentro del monte, que incendiaron varias viviendas. Mujeres y niños fueron llevados detenidos en camiones traídos por la policía, muchas personas resultaron heridas.
En el marco de la persecución fue asesinado por las balas policiales el abuelo Roberto López. Poco después se sabría que también fue asesinado el policía Eber Falcón. La comunidad denunció que fue víctima de sus propios colegas, pero la Justicia imputó a quienes habían sufrido la represión. Al día siguiente -24 de noviembre- el comunero pilagá Mario López fue atropellado por un patrullero cuando se dirigía a solidarizarse con la gente de La Primavera.
La Justicia formoseña – aliada al poder – nunca investigó la responsabilidad de los ataques sufridos por la Comunidad y las dos muertes que ocurrieron allí permanecen impunes. En cambio la Justicia imputó a su líder Félix Díaz y una veintena de comuneros más por usurpación y otros delitos. Todos ellos estuvieron imputados hasta que en 2012 fueron sobreseídos por falta de pruebas.
Once años después de aquellos incidentes la comunidad sigue resistiendo el asedio del poder político provincial y no tiene tranquilidad en el ejercicio de la posesión territorial.
Sin embargo, abrió con su lucha – que incluyó el largo acampe en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, junto a sus hermanos Pilagá, Nivaclé y Wichí – el camino a la discusión de una ley de Propiedad de los Territorios Comunitarios Indígenas.
