Uno de las acciones que llegaron hasta la Corte fue la presentada por el senador Luis Naidenoff, quien presentó una acción de Amparo ante el máximo tribunal. En igual sentido y por el tema de los varados formoseños que esperan el permiso de ingreso a la provincia y que desde hace meses están en algún punto del territorio argentino sin poder avanzar hacia Formosa dado que la provincia de Chaco pide la exhibición de tal permiso para permitir el tránsito por su territorio.
Esto último fue incorporado luego de la permanencia de decenas de varados en localidades chaqueñas, generándose todo tipo de inconvenientes por las múltiples necesidades de las familias varadas, principalmente por la situación de vulnerabilidad y permanencia prácticamente a la intemperie sin poder acceder a comida, agua, techo, o cobijo alguno ante los vaivenes del clima.
Para la presentación ante la Corte, la provincia emitió el mismo informe tanto para el expediente iniciado por la presentación del senador Naidenoff, como también para el presentado a instancias de los abogados Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora.
El informe, que lleva la firma de la Fiscal de Estado Estela Zabala, fue elevado al ministro de Gobierno Jorge González, quien rubricó el informe junto con el mismísimo gobernador Gildo Insfrán, atento al tenor del pedido de informes de la Corte.
En los escritos, la provincia explicó pormenorizadamente los criterios de ingreso a través del programa provincial, las características y los cupos, cantidad de centros de alojamiento y la capacidad de cada uno de ellos.
Formosa aprovechó además la oportunidad para indicarle a la Corte que los ingresos ordenados por la primera instancia de la Justicia Federal, haciendo lugar a recursos de hábeas corpus con múltiples personas varadas, complica el sistema de ingreso en base a los cupos disponibles que tiene hoy la provincia.
Al mencionar el orden de prioridades que otorga la provincia a las solicitudes de ingreso, surgió el dato de los 13.317 pedidos de ingreso desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo de este año. De ese total, ya ingresaron 5.795 personas, quedando en lista de espera 7.522 pedidos de personas que pretenden ingresar y quedarse en la provincia.
Otro dato que surgió del informe es la cantidad de centros de alojamiento, que suman 44 a lo largo de la provincia, y un total de 1.455 plazas de cupo para el ingreso progresivo de personas, a medida que van desocupándose en el marco del cumplimiento de los 14 días de cuarentena obligatoria preventiva.
Además, el Gobierno deslizó sus críticas sobre los varados que “son colocados en esa situación de vulnerabilidad” y apostados “en los límites para forzar su ingreso vía judicial, por sobre los inscriptos con anterioridad”.
Por último, el plazo estimado del gobierno para el ingreso del grupo restante pendiente de 7.522 personas es de unos ocho meses, para finalizar alrededor de junio del año que viene, sin embargo, el ministro González ya advirtió estos últimos días sobre la desorganización del sistema de ingreso a partir de las órdenes judiciales para habilitar el ingreso de aquellos beneficiados por un fallo favorable tras la presentación de hábeas corpus.
Ahora, queda en manos de la Corte Suprema analizar los argumentos de ambas partes, por un lado lo planteado por Luis Naidenoff y en forma similar por los abogados Lee y Villaggi Nicora, y por el otro, los fundamentos que defiende la provincia en el marco de su programa de ingreso ordenado para evitar la propagación de contagios de coronavirus en el territorio.
Ese análisis de la Corte, se hará a la luz de su consecuencia jurídica inmediata, los derechos en pugna, la situación sanitaria, y todo en el marco de las pautas legales que establecen los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.
Mire aquí los informes sobre los varados:
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