Un afiliado que padece una enfermedad oncológica recurrió a la justicia ante la falta de suministro de medicamentos para su tratamiento, por parte de la obra social estatal, el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP).
Se trata de un afiliado que vive en el interior de la provincia, a más de 300 kilómetros de distancia de la ciudad capital, y sede central de la obra social. Con el patrocinio del abogado Juan Pablo Montoya, presentó un amparo ante el Juzgado Civil N° 6 de Formosa, cuya titular es la Dra. Graciela Patricia Lugo, quien emitió una resolución en la que emplazó al IASEP a que suministre una serie de medicamentos al accionante en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación al organismo.
ABOGADO
“La normativa que reglamenta el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece expresamente que las obras sociales deben garantizar una cobertura del 100 % del costo de todos los medicamentos oncológicos” dijo Montoya sobre la situación.
“Lo único que argumentaron los empleados de la obra social es la falta de disponibilidad del fármaco, pero la realidad es que el medicamento se sigue produciendo en la República Argentina y se vende en las farmacias a quienes tengan el dinero para pagarlo, por lo que la obra social no puede justificar con ese argumento la negativa de brindar la debida cobertura indicada por el médico especialista tratante”, explicó.
“La conducta de IASEP es claramente ilegal y discriminatoria, ya que el derecho a la cobertura como persona con discapacidad no puede ser desconocido, condicionado ni retaceado por la obra social. La denegación de cobertura infringe, así, lo establecido por la normativa vigente en la materia”, agregó.
Destacó además “la rápida intervención y predisposición tanto de la Secretaria como de la Jueza del Juzgado interviniente, quienes trabajaron incluso fuera del horario laboral para darle un trámite rápido a los requerimientos de mi cliente”.
El resolutorio judicial se firmó el pasado 25 de junio, y se conoció hoy. El caso sienta otro precedente de cómo un afiliado al IASEP tuvo que recurrir a la justicia para lograr una cobertura que está regulada y preestablecida.
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