El juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, destacó el compromiso asumido por el gobierno de Chaco y por la Guardia Comunitaria Whasek para evitar la escalada de conflictividad social en la zona de El Sauzalito. “Es un acuerdo excepcional, espero que se cumpla”, reflexionó el magistrado. Dejarán las armas, los controles y el atuendo militar a cambio de que no los persigan penalmente.
“Iba a haber enfrentamientos”, señaló el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, al ser consultado sobre el acuerdo de conciliación al que arribaron este martes el gobierno del Chaco, a través del propio gobernador Jorge Capitanich, y miembros de la Guardia Comunitaria Wichí “Whasek” ante el fuero federal. Fue en el marco de un pedido del gobierno del Chaco en una investigación penal contra los integrantes de la organización indígena por el delito de “sedición” que, de esta manera, quedará desactivada ante la falta de interés del gobierno provincial en su prosecución.
En el acuerdo, ambas partes se comprometieron a cumplimentar una serie de acciones. La principal tiene que ver con que la Guardia Comunitaria Whasek dejará de funcionar como una especie de “fuerza de seguridad” paralela, con armamento y vestimenta de tipo militar, y que el Estado chaqueño no impulsará la persecución criminal por el presunto delito de sedición, además de otra serie de medidas para reforzar la seguridad en la zona, la asistencia integral y el acceso a la justicia de la comunidad wichí.
“Lo central, lo que al Juzgado le interesaba porque es de su competencia es el abandono por parte de la Guardia de las actividades de tipo militar, del uso del uniforme, de las armas, y que cesen los controles sobre los vehículos y las personas”, precisó Aranda.
En ese contexto, el magistrado federal advirtió que “la situación se estaba complicando día a día, es de público conocimiento que hay réplicas de la guardia por parte de otros pobladores de los pueblos originarios y también es muy preocupante que los criollos de la zona dijeron que pensaban organizar también su guardia para contrarrestar las acciones de la Guardia Comunitaria Wichí”.
“Con la idea de que no haya víctimas fatales, de salvar y bajar el conflicto social por suerte todos nos pudimos poner de acuerdo y llegar a este acuerdo conciliatorio”, puntualizó el magistrado federal.
En ese contexto, consideró que “es un acuerdo excepcional, histórico. Espero que se cumpla. De hecho, del cumplimiento del acuerdo, depende de que la justicia no accione sobre los delitos que se estaban investigando”.
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