Varios abogados «se frotan las manos» al percibir que, llamativamente, la Legislatura provincial no adhirió el año que finalizó a la emergencia económica -como habitualmente lo hace- dejando libre el camino para que la justicia ordene pagos de juicios perdidos por el estado provincial. AUNQUE LA SITUACIÓN YA GENERÓ POLÉMICA, IMPORTA SABER QUE EL GOBIERNO NACIONAL HABÍA ANUNCIADO EN EL MES DE NOVIEMBRE QUE LA EMERGENCIA ECONÓMICA (QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EN EL 2002, CON EL GOBIERNO DE DUHALDE) QUEDARÍA EN EL RECUERDO (leer más)
Al no adherir a la norma de inembargabilidad, que rigió hasta el 31 de diciembre del 2017, es pasible que la justicia ordene embargos de coparticipación provincial o municipal «hasta el 10 por ciento del monto total percibido». La situación también alcanza a los municipios, que en el efecto cascada, también se adherían con la aprobación de los Concejos Deliberantes. Aprovechados de la circunstancia, varios intendentes del interior se consideraban impunes y libraron cheques a mansalva, a sabiendas que no le tocarían los ingresos mensuales. Ahora están muy preocupados.
MES CRUCIAL. La Cámara de Diputados de la provincia ingresó en receso parlamentario hasta marzo, cuando el gobernador habilita el período ordinario de sesiones. La feria judicial se extiende todo el mes de enero y se rehabilita el primer día hábil de febrero; desde cuando los letrados podrán solicitar el cobro de juicios con sentencia firme que, hasta ahora, no podían ejecutarse por la vigencia de la adhesión provincial a la Ley de Emergencia Económica. A nivel nacional, la Ley de Emergencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
