El juez Sala aclara, dice que renunció al peronismo en 1991

Ramón Alberto Sala, uno de los jueces que integra el tribunal que lleva adelante el juicio oral y público al ex intendente Gabriel Hernández, renunció a su afiliación al Partido Justicialista hace 26 años, ni bien asumió como fiscal de primera instancia de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Las Lomitas.

 

«De esta circunstancia Hernández tiene conocimiento desde el año 2005 cuando fue notificado por el Superior Tribunal de Justicia que el juez Sala había renunciado al PJ en el año 1991. Pese a esto, el exintendente volvió sobre el mismo tema en los últimos días, radicó una nueva denuncia y al prestar declaración indagatoria en el juicio que enfrenta ante la Cámara Segunda en lo Criminal», acusó públicamente al magistrado de ser afiliado al Justicialismo.

La controversia se remonta al año 2005 cuando Gabriel Hernandez denunció ante el STJ que varios jueces  figuraban como afiliados al Partido Justicialista, sindicando como uno de ellos al doctor Alberto Sala, por entonces juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

La corte provincial dio trámite a la presentación del exintendente y pidió informes a los jueces señalados, ante lo cual el doctor Sala acompañó su escrito de renuncia a su afiliación al justicialismo y la aceptación de dicha dimisión en fecha 10 de junio del año 1991; documental que fue considerada por el alto cuerpo judicial y significó el inmediato archivo de las actuaciones dada la inexactitud del hecho denunciado, lo cual quedo plasmado en la Resolución Nº177/05 del registro de la Secretaria de Gobierno del STJ.

En la misma decisión, el Superior Tribunal de Justicia, además de tener por acreditada la renuncia partidaria del juez Sala,  también  valoró las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos (Ley 23298), la que en su artículo 25 bis dispone que las afiliaciones a los partidos políticos se extinguen por violación a lo dispuesto en el artículo 24, el cual prohíbe la afiliación de  la afiliación de magistrados nacionales, provinciales y de tribunales de cuenta municipales.

Entre los argumentos del Superior Tribunal de Justicia en la Resolución Nº 177/05 se resalta que la aplicación de las leyes debe realizarse en forma integral, porque pretender la vigencia de un articulo consignado en un cuerpo legislativo más amplio, sin hacer mención al artículo siguiente, que lo complementa, implica a bien una poco feliz estrategia electoral o cuanto menos ignorancia en la lectura del texto legal”, destacando asimismo el STJ que “nunca puede continuar la afiliación partidaria de alguien que ha ingresado en la Magistratura, porque se extingue automáticamente.

Juez Ramón Sala.

Si los partidos políticos no realizan la depuración de sus padrones, no es una cuestión que pueda ponerse a cargo de los magistrados que han dejado de pertenecer a la agrupación política, desde el momento que asumen sus cargos”, enfatizó el Superior Tribunal en la resolución que dio por terminada la discusión.

Esta decisión de la Corte provincial, fue formalmente notificada a Gabriel Hernandez  en fecha 29 de setiembre del año 2005.

Esta misma cuestión ha recobrado actualidad en el marco del juicio penal que se está realizando a Gabriel Hernandez por presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como Intendente de la ciudad de Formosa, expresando nuevamente en esta oportunidad una denuncia del mismo tenor que la formulada hace más de una década, sindicando otra vez al juez Sala como afiliado al justicialismo; tema que ya fue analizado y resuelto por el STJ.

El juez Sala, volvió a aclarar que renunció al Partido Justicialista en el año 1991, acompañando copia de su dimisión y la aceptación de la misma por parte del entonces presidente del partido justicialista de Las Lomitas, Modesto Meza. “La aclaración se torna necesaria dada la trascendencia pública que adquirió el nuevo embate de Hernandez”, sostuvo el magistrado, quien agregó: “lo hago con la única finalidad de brindar  información fidedigna para evitar confusiones al pueblo de la provincia.

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