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El diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa) adelantó que presentará un proyecto de pedido de juicio político para los ministros de la Corte Suprema de Justicia tras el fallo que permitirá que presos condenados por delitos de lesa humanidad gocen del beneficio del 2×1. Entre ellos, el juez Carlos Rosenkratz, que tuvo el voto favorable de los tres senadores nacionales de Formosa (De La Rosa, Mayans y Naidenoff) cuando su pliego fue tratado en la Cámara Alta de la Nación. VER VIDEO Y RESUMEN DE VOTACIÓN.
“Esta decisión de la Corte de lo que hizo con el 2×1 le restará apoyo al gobierno, seguramente mañana en nuestra reunión de bloque vamos a coincidir varios diputados con proyectos. Personalmente iré con un proyecto de juicio político a la Corte. Sacaremos un pedido y veremos qué desarrollo tiene. Ha habido muchos senadores que apoyaron muchas cosas del gobierno y que espero que ya no lo hagan” precisó el legislador formoseño.
Para Díaz Roig es realmente grave porque “al darle a los delincuentes de lesa humanidad la facultad del 2×1, también se lo están volviendo a dar, en un momento en que la sociedad le está pidiendo a la justicia que no libere a delincuentes, femicidas, a golpeadores, asesinos. Abren una puerta para que todos salgan de las cárceles, porque si les dan el 2×1 a los autores de delitos de lesa humanidad, que son los que más delitos cometieron, con más razón se los tienen que dar al que violó una vez.”
“Además, enriquecieron a empresas entre ellas a las de Macri, por eso él está devolviendo favores. En el año 1982, cuando termina la guerra de Malvinas, los militares llaman a un grupo que se llamó el Circulo Rojo, conformado por veinte o treinta más grandes de la Argentina y le dice: tenemos que devolver el gobierno porque perdimos Malvinas y tenemos que convocar a elecciones, pero antes de irnos vamos a hacer un negocio. Cuando deben ustedes? En ese momento todo el país debía 20 mil millones de dólares, pero este grupo debía el mismo dinero. El PBI era de 40 mil millones de dólares, se nacionalizó la deuda privada de estas empresas, el grupo de Macri debía 270 millones de dólares” recordó.
Historió que “allí comenzaban las grandes fortunas de Macri, Fortabat, Techint, Clarin, La Nación, todas estas grandes empresas que debían, y nos trasladaron a todos los argentinos, que estamos pagando desde 1982 esta deuda privada. El Grupo Macri que tenia cinco empresas cuando empezó la dictadura, terminó con 57, se benefició muchísimo, y todo compraba a crédito. Por eso es que Macri está devolviendo favores a quienes lo enriquecieron, permitiéndoles salir en libertad aunque hayan cometido estos delitos aberrantes. Esta es la realidad de lo que está pasando” concluyó Díaz Roig.
El pliego de Rosatti obtuvo sesenta votos a favor y diez en contra. En tanto, la designación de Rosenkrantz fue respaldada por 58 senadores y rechazada por doce.
Los únicos ausentes a la hora de votar fueron el peronista cordobés Carlos Caserio, de viaje por el exterior, y la kirchnerista tucumana Beatriz Mirkin.
A partir de su integración, la Corte Suprema quedó compuesto por Ricardo Lorenzetti (presidente), Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El debate fue iniciado por el presidente de la Comisión de Acuerdos, el kirchnerista salteño Rodolfo Urtubey, quien aseguró que el Senado estaba “realizando un acto de gobierno y ejerciendo una facultad institucional de máxima importancia”.
“Se trata de un acto de cogobierno”, afirmó Urtubey para luego señalar el “error inicial” del presidente Mauricio Macri de designar a Rosatti y a Rosenkrantz por decreto de necesidad y urgencia que calificó como una “aberración inconcebible”.
“No venimos a votar a jueces del gobierno y ajenos a nuestra fuerza política. Estos candidatos son buenos porque no son del gobierno ni tampoco nuestros”, agregó Urtubey.
El radical Luis Naidenoff también señaló el “error político que fue enmendado por el Poder Ejecutivo”, al tiempo que señaló que “la Corte debe tener un rol político”.
“Y, cuando no se asume ese rol político, los costos los paga el conjunto de la sociedad”, añadió Naidenoff y cuestionó la decisión de la Corte Suprema de fallar a favor de la devolución del quince por ciento de la Coparticipación federal a las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba, que suma varios miles de millones de pesos, apenas asumió el gobierno de Macri. “Fue una falta de visión política de la Corte o una falta de coraje. Pero eso generó un enorme costo social”, enfatizó el radical formoseño.
A su turno, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió la postura adoptada por la mayoría de su bancada argumentando que “hoy hay un fuerte compromiso del peronismo con lo institucional” ya que “tuvo una visión de apostar por el país”.
“Este es un aporte a las instituciones. Esta Corte, con tres miembros, no puede seguir funcionando”, opinó Pichetto, para luego señalar que ambos postulantes tienen “calidad como intelectuales y trayectoria” y que “cumplen con los requisitos de idoneidad y calidad que deben tener los jueces de la Corte”.
El presidente del interbloque federal, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, evaluó que el Senado estaba “dando un paso imprescindible” pero pidió reformar la legislación para ampliar el número de integrantes de la Corte, respetando representatividad por género y región.
Entre quienes votaron en contra de ambos candidatos figuraron las ultrakirchneristas Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Marcelo Fuentes (Neuquén), Virginia García (Santa Cruz), Nancy González (Chubut), María Labado (Santa Cruz), Marilín Sacnum (Santa Fe), María Pilatti Vergara (Chaco) y el representante de Proyecto Sur, Fernando Solanas.
En tanto, el representante de GEN, Jaime Linares votó en contra de la postulación de Rosatti; mientras que Hilda Aguirre, Carlos Menem y Marina Riofrío votaron contra el pliego de Rosenkrantz.
“Ese ‘pecado de origen’ en mi intención de voto, fue mortal”, enfatizó Pino Solanas y denunció que “acá no hay un compromiso de abrir el debate para aumentar el número de los integrantes de la Corte y cumplir con el cupo” femenino.
“El solo hecho de aceptar ser jueces por decreto es una falta de respeto a este órgano legislativo”, argumentó Labado. En tanto, la correntina Almirón acusó a Macri de haber “forzado nuestra Constitución” y calificó como “opaca” la designación en comisión.