En na presentación realizada en las últimas horas en el Juzgado Federal norteño, se denunció a las ex autoridades quienes se habrían apoderado de unos 8 millones de pesos que debían ser destinados a afiliados de la obra social nacional afectados por catástrofes naturales en las ciudades de Formosa, Clorinda y Tres Lagunas; y subsidios de miniturismo y Prosar (de auxilio para situaciones socio-sanitarias), durante entre 2010 y 2015. Sumando otras denuncias, totalizan fraude por 24 millones de pesos.
Iván Kaluk, actual administrador aseguró que Télam que “además”, se llevan adelante otras investigaciones por “la existencia de viajes turísticos pagados y no realizados, maniobras poco claras con hoteles donde supuestamente se alojaban afiliados”, entre otros “trámites extraños”; y otra investigación en curso que “totalizan” una posible defraudación por 24 millones de pesos.
Kaluk lamentó que “muchos aborígenes del oeste provincial fueron usados porque algunos no saben leer ni escribir y firmaban en su nombre” para “crear viajes fantasma dentro y fuera de la provincia”.
La UFIPAMI “está realizando un trabajo muy serio y responsable” en base “a lo que pudo rescatar de documentación, porque existen denuncias de incendios intencionales y robo de expedientes cuando Fernández se enteró que debía dejar la conducción del PAMI-Formosa en agosto de 2015 en medio de graves denuncias de corrupción surgidas de una auditoría.
El médico Fernández, actualmente con un procesamiento sin prisión preventiva por otra causa por defraudación en el organismo nacional, es hijo de un diputado provincial del PJ, también ocupó una banca parlamentaria integrando el bloque del gobernador Gildo Insfrán.
El fiscal titular de la UFIPAMI, Javier Arzubi Calvo, detalló en su escrito presentado en la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad de Formosa que las maniobras consistían en retener una parte de los fondos, haciendo firmar a los beneficiarios un documento en blanco por solamente una parte del dinero.
La misma modalidad aplicaban con el programa Auxiliar Gerontológico Domiciliario, que era adjudicado a personas que no requerían asistencia y por quienes no se formaban los expedientes administrativos correspondientes.
Fernández y Palavecino habrían sido quienes impartían las órdenes a dos de sus empleados de mayor confianza, quienes las hacían cumplir bajo amenaza a otros trabajadores de realizar actas de incumplimiento. A su vez, eran los trabajadores sociales quienes debían firmar informes en los que se daba de la necesidad de que los afiliados recibieran los subsidios.
Los ex funcionarios también habrían manipulado los fondos destinados a cinco centros de jubilados para miniturismo. Según la denuncia de la UFIPAMI, por cada 10 viajes hacia el circuito de la Costanera de la Ciudad de Formosa que se facturaban, solamente se concretaban dos en promedio.
De la investigación preliminar llevada a cabo por el equipo encabezado por el fiscal Arzubi Calvo, se estableció que los denunciados, abusando de sus funciones, habrían administrado ilegítimamente los fondos de la obra social nacional, apropiándose de los mismos para fines aún desconocidos, que debían se aplicados para alcanzar los objetivos establecidos por el artículo 2 de la ley N°19032, de creación del INSSJyP, arrojando en consecuencia un perjuicio al PAMI de más de $8.000.000.
