El comité Provincial de la UCR de Formosa expresó en un documento que “habiendo analizado en profundidad el comunicado firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde solicita al gobierno argentino dar pronta respuesta a lo resuelto por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (GTDA) sobre la supuesta detención arbitraria de Milagro Sala y pidiendo en consecuencia su libertad, este Comité Provincial respalda lo actuado por el Poder Judicial Jujeño y la Fiscalía de Estado de la provincia por lo que a nuestro juicio Milagro Sala debe continuar detenida hasta que opere sentencia firme sobre todas las causas que pesa sobre la misma”.
Además el documento de la UCR con la firma de María Cristina Erico, Dolly Di Biase y Juan Carlos Amarilla afirma que “La orden de detención sobre Milagro Sala no se ha dado por ejercer su libertad de expresión o manifestación pacífica como se ha querido instalar, suponemos por la mala información a la que ha tenido acceso la CIDH y el GTDA. De otra manera es imposible que hayan derivado a la conclusión de que esta señora deba estar en libertad”.
Se explayó el Comité indicando que “por las acusaciones de instigación, tumulto, entorpecer la circulación y sedición por el acampe a partir del 16-01-2016 expediente Nº 127785/15, el 29 de enero se ordenó su excarcelación pero luego se mantuvo privada de su libertad por una causa que se abrió un día antes”.
La organización partidaria remarcó además que “en el marco del segundo expediente Nº 129652/16 se promueve acción penal pública en contra de Sala en su carácter de Jefa de una Asociación Ilícita y coautora de extorsión y fraude contra la Administración Pública”. “Por otra parte Milagro Sala se encuentra imputada además de esos dos expedientes en cuanto menos otras seis causas penales, cuatro de ellas radicadas ante la justicia provincial y dos en el fuero federal acusada de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con el delito de falsedad ideológica; Tentativa de homicidio agravada por promesa remuneratoria y determinación directa; Lesiones gravísimas; Amenazas en dos hechos en concurso real; Amenazas y Daños agravados; Enriquecimiento Ilícito y Evasión Fiscal”.
Para Erico, Di Biase y Amarilla “además del Estado Provincial, varias de las denuncias fueron realizadas por nueve presidentes de organizaciones sociales y cooperativas de trabajo que integraban la R.O.S., denuncia ésta efectuada en enero de 2016, por hechos del 2015. En ella revelaron el modus operandi utilizado por Milagro Sala y un grupo de colaboradores cercanos, para absorber fondos destinados a la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales que luego fueron asignados a fines por el momento desconocido. Estamos hablando del desmanejo de casi 1200 millones de pesos”.
“El encarcelamiento preventivo de Milagro Sala, según los dirigentes radicales “responde a una actuación legítima e independiente del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, integrado por jueces, los cuales ninguno de ellos fueron designados por el actual gobierno, por hechos de corrupción y circunstancias procesales que la justificaron”.
Es innegable, agregan que “el pronóstico de la conducta procesal de Sala en caso de estar en libertad, resulta preocupante, toda vez que su conducta siempre ha sido violenta y por tanto claramente podría entorpecer toda investigación por el peligro que pueden correr la integridad física de los testigos como así también cualquier condena que se le aplique por todos estos delitos de ser culpable no sería de ejecución condicional, vale decir que quedaría con pena privativa de libertad. Estas razones ajustadas al código procesal resultan suficientes para determinar la medida de restringir su libertad”.
“Debe agregarse que Sala ha sido la cabeza de una Asociación ilícita (delito no excarcelable) que mediante la intimidación y la extorsión a asociaciones cooperativas, instaló un clima de permanente violencia que se extendió y perjudicó a la mayor parte de la sociedad jujeña. 1800 viviendas que no se construyeron y más 500 no fueron concluidas. Los trabajadores de estas cooperativas si no la obedecían perdían su casa, su trabajo y su plan social”.
“Por lo expuesto consideramos razonable concluir que ponerla en libertad implicaría renunciar como sociedad de antemano al necesario enjuiciamiento y castigo de la responsable de un manejo absolutamente al margen de la ley y la constitución que solo pudo ser posible por la complicidad de años del gobierno provincial jujeño y la expresidenta de la Nación Cristina F. de Kirchner”.
