En su carácter de Coordinador Nacional del Equipo de Pastoral Aborigen, el sacerdote Ponciano Acosta, planteó hoy la “incompetencia” y la “inconstitucionalidad” de una medida de “no innovar” rubricada por el juez federal Marcos Bruno Quinteros, tras la presentación de “una demanda de amparo” presentada por la abogada Roxana Silva, a quién ENDEPA le “rescindió el contrato».
Para “estos menesteres” arribó hasta la ciudad de Formosa, el Monseñor Fernando Maletti, obispo de Bariloche.
La abogada Roxana Silva trabajaba desde el año 2003 “bajo relación de dependencia” con ENDEPA, pero en las últimas semanas su contrato ha sido rescindido.
La abogada decidió presentar un amparo por esta situación laboral en el Juzgado Federal el día viernes 8 de julio “bien temprano”, antes que comience la feria judicial, y alrededor del mediodía de ese mismo día, el juez federal Quinteros “dictó la medida de no innovar” señalaron fuentes cercanas al caso “todo se resolvió en cuatro o cinco horas” agregaron.
CONDIMENTO POLÍTICO Y FACEBOOK
Los hechos se sucedieron en días agitados para la abogada: a fines de junio aceptó la precandidatura a senadora nacional por el radicalismo acompañando a Luis Naidenoff.
Mientras que esta semana se conoció en la red social Facebook un acta firmada (el 10 de octubre del 2008) por Roxana Silva y su defendido Félix Díaz (rubricado en la comisaría de Laguna Blanca) donde se reconoce que “las tierras en disputa” (que luego derivaron en la muerte de dos formoseños en un enfrentamiento en Colonia La Primavera) “no corresponden a la comunidad qom”.
Ponciano Acosta.
“CONDUCTA DELICTUAL”
Así califica Ponciano Acosta al proceder de Marcos Quinteros en el escrito al que tuvo acceso NoticiasFormosa, además de considerar que las actuaciones “perpetradas” constituyen “una clara situación de gravedad institucional” y que pone “en crisis la credibilidad, la seriedad y la idoneidad de la administración de justicia”.
LOS FUNDAMENTOS
Roxana Silva demanda a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) por la rescisión de su contrato laboral.
Empero la Iglesia señala en el escrito que en el contrato de “locación de servicios” estaba expresamente aclarado que “las partes” se someterían “a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Formosa, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle”, excluyéndose el fuero federal.
Además, recuerda que se trata de “un litigio entre particulares”. Silva planteó que el organismo que la tenía contratada es una “autoridad pública”.
La Iglesia solicitó “la expresa reserva del caso federal”; planteó la incompetencia y nulidad de las actuaciones; pidió “habilitación de días y horas” para los trámites posteriores y se expidan copias certificadas de todas la actuaciones.
PRIMER CAPITULO
Todo hace indicar, por la importancia política, mediática y de representatividad de los “actores” de este caso que podría transformarse en el “primer capítulo” de una larga “novela” donde no sería extraño que “salgan trapitos al sol” de algunos de los involucrados.
