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Intentó robar una moto en el barrio San José Obrero, lo detuvieron, y a las 36 horas lo condenaron

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Intentó robar una moto en el barrio San José Obrero, lo detuvieron, y a las 36 horas lo condenaron

En el “debut” del plan piloto de oralización del fuero penal en la justicia formoseña, un ladrón fue enjuiciado y sancionado un día después de haber cometido el hecho en un barrio de la capital norteña, en un trámite que duró 15 minutos.

 

La modalidad consiste en juzgar sin más trámite a la persona que es sorprendida “infraganti” delito.

El hecho llevado a juicio ocurrió el miércoles 15 de este mes a las 1.15 de la madrugada cuando el acusado pretendió apoderarse de una moto que estaba aparcada en una casa de familia ubicada en el barrio San José Obrero.

El ladrón fue sorprendido por el dueño de casa y propietario del rodado cuando estaba por consumar el ilícito, razón por la cual abandonó el rodado en la calle cuando huía y escapó raudamente a la carrera amparado en la oscuridad de la madrugada.

La esposa del damnificado llamó al Comando Radioléctrico y enseguida acudieron al lugar efectivos policiales que rápidamente encontraron la moto y segundos después interceptaron al malviviente cuando estaba en plena fuga, procediendo a su detención en la vía pública.

El ladrón quedó alojado en la Comisaría jurisdiccional y ayer -un día después- fue llevado a juicio oral y público donde resultó condenado a cumplir trabajos comunitarios no remunerados en favor del Estado y a someterse a las reglas de conducta establecidas por el juez.

Este caso -encuadrado como infraganti delito- encuadra perfectamente con los hechos que pueden ser incorporados dentro del plan de oralización del fuero penal que se puso en marcha este miércoles.

La audiencia fue rápida, concisa y práctica, respetándose íntegramente las garantías individuales y el debido proceso. El acusado fue asistido por la Defensora Oficial Ida Carbajal, mientras que por la parte acusatoria actuó la fiscal Bassanese, y ambas tuvieron participación en el juicio realizando cada una de ellas la tarea inherente a sus funciones.

Por tratarse de un delito que prevé una eventual condena de ejecución condicional, el acusado -que no tiene antecedentes penales- fue excarcelado en el mismo acto y finalmente condenado a realizar trabajos comunitarios en la Parroquia San Luis Rey durante ocho horas diarias en un lapso de tres meses.

Además deberá someterse a las reglas de conducta que impuso el juez Schaeffer.

La víctima del delito también tuvo participación en el juicio a través de la fiscal, quien conversó con la misma antes del inicio de la audiencia. La fiscal hizo saber la conformidad de la víctima con la sanción aplicada y refirió que como no sufrió pérdidas económicas ni daños materiales, simplemente requería la restitución de la moto que estaba secuestrada en la Policía; petición a la que se hizo lugar disponiendo la inmediata entrega del rodado incautado.

El plan piloto en marcha tiene una duración de dos meses (entre el 15 de junio y el 15 de agosto) y para su implementación, además de la Unidad Fiscal que dependerá de la Procuración General, el STJ creó la Oficina de Gestión de Audiencias, conformada por empleados administrativos de calificada experiencia en el fuero penal, y que constituye el núcleo operativo más importante del Programa porque tiene a su cargo todas las tareas referidas a la celebración de las próximas audiencias orales que el procedimiento demande.

La Unidad Fiscal está integrada por Fiscales, personal administrativo y un oficial de Policía que oficia de enlace con las distintas dependencias de la fuerza de seguridad, de la capital.

Se encarga de seleccionar los casos que a su criterio puedan ser abordados íntegramente bajo el sistema de audiencia oral, desde sus inicios, dándose prioridad a aquellos en que pueda implementarse instrucción reducida, suspensión de juicio a prueba, decisiones sobre la libertad ambulatoria del imputado, amparo por usurpación y casos de flagrancia.

El caso así seleccionado, pasa inmediatamente a la Oficina de Gestión de Audiencias, para que convoque al juez que tendrá a cargo la audiencia, en un plazo breve (de hasta cinco días si no hay detenido y de 48 horas si hay personas privadas de su libertad) junto a todas las demás personas que deban participar del caso, resolviéndose en audiencia pública y bajo las reglas de la oralidad todas las cuestiones que resulten pertinentes.

Las audiencias son íntegramente grabadas y filmadas, y ese material será utilizado ante eventuales apelaciones, cuyos jueces deberán también resolver de inmediato bajo el mismo sistema.

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