El edil radical exigió una quita en las deudas y que los saldos sean refinanciados mediante un fideicomiso con garantía estatal.
“Reclamamos una auditoria profunda de las deudas de los empleados con las entidades que fueron habilitadas a descontar directamente de los haberes”, dijo el concejal al dar a conocer su preocupación por lo que ocurre con los trabajadores municipales.
“Solicito puntualmente que la comisión encargada de analizar las deudas esté integrada con representantes de la oposición para que el proceso de análisis sea lo más transparente posible”, planteó.
“Considero que de la auditoria debe participar la oposición y otros sectores sociales, puesto que resulta irrisorio que el mismo órgano que autorizo, aprobó y avalo los descuentos como es el Poder Ejecutivo hoy sea el mismo que pretende aparecer como salvador de esta situación; por el contrario existen serias sospechas que ha sido socio, cuando no cómplice en situaciones de verdadera estafa, con la consecuencia conocida de que la gente más desprotegida es la que paga los platos como con los bonos”, advirtió.
En este sentido, para el legislador comunal “luego de analizar las deudas, casi con seguridad se debe proceder a una quita sustancial del endeudamiento ilegítimo y efectuar, de corresponder, las denuncias por estafa, usura, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Paralelamente, ya que la participación directa del Estado en este verdadero escarnio a la dignidad del formoseño es innegable, proponemos que se constituya un fideicomiso con garantía estatal, que pueda ubicar la cartera de deuda con quitas, a mayores plazos que los pactados originalmente, en alguna institución financiera de primera línea, autorizándose de aquí en adelante un solo código de descuento, que quedaría en manos del Estado para cancelar la deuda contraída”, propuso.
“Luego de este importante apoyo financiero a los empleados, también planteamos que de aquí en adelante el único autorizado a usufructuar códigos de descuentos sea el Estado y con los excedentes presupuestarios del que se jactan ambos ejecutivos se constituya un organismo de ayuda financiera, que preste asistencia a tasas razonables y cuyo superávit sea destinado al financiamiento de viviendas y urbanismo, todo con estricto control parlamentario y auditoría externa”, planteó finalmente.
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