El ex interventor del IPV, Sergio Reynaldo Giménez, regresaba de Paraguay (donde aseguran posee campos) en una “camioneta 4×4 de alta gama”. Al ingresar a la zona de Aduanas, personal de la dependencia requisó el vehículo y se encontró con una sorpresa: una ametralladora 9 mm y una pistola Smith & Wesson del mismo calibre.
Sin dudar, los agentes públicos informaron al ex hombre fuerte del gobierno de Insfrán de la ilegalidad de la portación de las armas y le informaron que serían secuestradas, al igual que la camioneta y que él quedaría detenido.
El hecho trascendió inmediatamente por el protagonista del caso en ámbitos periodísticos y de funcionarios de gobierno.
El arquitecto Giménez admitió la irregularidad y argumentó que su “custodio” habría olvidado las armas en el vehículo, que eran de uso personal y que habitualmente “se mueve” con esas armas. Se hizo cargo de la situación y se puso en contacto telefónico “con alguien de Formosa”.
Quedó a disposición de Gendarmería Nacional, donde se notificó de la infracción al artículo 189 bis segunda parte del Código Penal Argentino.
Tanto Aduanas, como Gendarmería investigaron “si el detenido pertenecía a algún organismo policial o de seguridad”.
El trato fue en los carriles normales, pero el caso por “tenencia de arma de guerra” ocurrido en jurisdicción federal (paso fronterizo San Ignacio de Loyola) “es excarcelable” y “de competencia de la justicia provincial, por eso pasó a manos del juez (Santos Gabriel) Garzón,quién dispuso su libertad bajo palabra” explicaron fuentes de la investigación.
Las fuentes aclararon que “no se pagó fianza”.
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