El libre acceso a las fuentes de información es un derecho con rango constitucional. Por ello se agrava cuando el impedimento a ejercerlo parte de un miembro del poder estatal que es el último resguardo para defenderlo.
El Sindicato de Prensa de Formosa hace público este lamentable episodio para que la responsable reflexione sobre su conducta y la rectifique en el futuro. Y para que no se repitan hechos que lesionen este derecho, que repercute directamente sobre el de la libertad de prensa.
La publicidad de los actos de los poderes del Estado es una obligación. En este caso, la funcionaria directamente se negó a brindar información sin siquiera detenerse a considerar que no se pedían datos que pudieran entorpecer la investigación del hecho.
Para que una democracia se mantenga sana, es necesario desterrar estos excesos. Es saludable y necesario que los funcionarios, de cualquiera de los poderes del Estado, mantengan una actitud abierta hacia la prensa. Lo contrario lleva inexorablemente a cercenar el derecho al acceso a las fuentes de información.
