Una vivienda del IPV entregada a una persona, que fue vendida con “cesión de derechos” a otra, y usurpada por un tercero es motivo de una disputa que llegó a la justicia. Lo llamativo del caso es que el organismo provincial a cargo de Martín Muracciolli, fue notificado por el “okupa” de la situación. La nota en cuestión tiene la firma del “recibido” por el abogado-asesor Julio González y no de mesa de entradas.
De acuerdo al expediente judicial al que tuvo acceso NoticiasFormosa (donde la justicia no hace lugar al recurso de amparo por usurpación) queda en claro que el Instituto de la Vivienda dio el visto bueno para que se habite la casa.
El hombre que ocupó la vivienda, “porque sabía que estaba deshabitada”, reconoce que en la vivienda “hay un aire acondicionado y una mochila con documentación” a nombre de quién adquirió el inmueble!!!.
Pero lo más llamativo es que asegura, de acuerdo al expediente judicial, que “había hablado con un tal Julio González, abogado del IPV, quien la habría dicho que a ese organismo le constaba el estado de abandono de la vivienda y que si el declarante se instalaba allí, si se anotaba como postulante a adjudicatario de ese inmueble y pagaba las deudas atrasadas, se lo adjudicarían a él, cumpliendo con todos esos trámites….” (textual)
También queda en claro que “se encuentra en estado inicial”…”la regularización del citado inmueble”… “sin echar luz sobre la autorización definitiva”… (textual)
Notificado
Otro dato curioso es que cuando se realiza el trámite de “venta” del inmueble pro parte del titular original se notificó al IPV de tal transacción, y, en una oportunidad el organismo provincial notificó a “nuevo dueño” del inicio de trámite, pero la firma –según consta en la misma- a una vecina “porque no estaba el señor …… en su casa”….!!!!!
EL PAPEL DE LA JUSTICIA
Está claro que “el meollo de la cuestión” está en los “trámites poco claros” de un abogado-asesor del organismo.El damnificado planteó ante un Juzgado Penal un amparo por usurpación que fue denegado porque el juez que analizó la controversia y concluyó –con sobrados argumentos legales- que el recurso presentado “no es la vía correcta” para canalizar el reclamo porque no se dan en este caso los requisitos exigidos por la legislación para dar curso al amparo.Por tratarse de un planteo equivocado, la jueza no analiza el fondo de la cuestión porque no le corresponde hacerlo, y refiere con precisión en que caso corresponde iniciar un amparo de esta naturaleza y que circunstancias deben darse para que el mismo pueda seguir su curso procesal.
La resolución judicial deja entrever que el reclamo debe focalizarse en sede institucional (IPV) donde se están tramitando varios expedientes vinculados con la controversia para arribar a una conclusión que ponga fin al conflicto a todas luces polémico por parte de funcionarios que responden al interventor Martín Muracciolli.
