Aunque las entidades financieras atienden con normalidad, la protesta afecta el circuito de distribución de dinero en 21 puntos del país, lo que podría generar inconvenientes en la carga de cajeros automáticos.

Desde el sindicato cuestionaron la falta de diálogo y reclamaron garantías para los trabajadores.

En tanto, las operaciones digitales continúan funcionando sin inconvenientes.

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Los especialistas y técnicos de la planta cordobesa de Dioxitek S.A. denunciaron que ocurrieron por lo menos dos incidentes internos que habrían implicado exposición a dióxido de uranio y señalaron presuntas irregularidades en el manejo de materiales. Los datos fueron difundidos por el diario La Voz del Interior y fueron provistos por testimonios de empleados que pidieron reserva de identidad. Según esos relatos, uno de los episodios habría involucrado la rotura irreversible de una máquina y otro una presunta fuga de uranio a través de una tubería dentro de las instalaciones ubicadas en el barrio Alta Córdoba.

Los trabajadores sostienen además que no se habrían reportado adecuadamente los hechos a los organismos de control, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), responsables de la supervisión en materia de seguridad nuclear.

Desde la conducción de Dioxitek rechazaron las acusaciones y cuestionaron la veracidad de las fuentes citadas en las publicaciones periodísticas. La compañía, encargada de producir dióxido de uranio (UO2) de grado cerámico, había informado en 2025 una producción récord de 190 toneladas, insumo estratégico para el sistema energético nuclear del país.

Dioxitek es encabezada por el libertario Federico Ramos Nápoli, que utilizó sus redes sociales para negar el incidente. “Desmiento categóricamente que haya existido un incidente en la planta de Córdoba. La operación de Dioxitek cumple con todos los estándares de seguridad nacional e internacional”. 

Sin embargo, los trabajadores denunciaron la existencia de “presuntas prácticas irregulares en el tratamiento de residuos nucleares, como el lavado de indumentaria de protección sin el debido tratamiento del agua residual, almacenamiento inadecuado de desechos potencialmente contaminados y falta de controles médicos periódicos sobre la exposición del personal”. 

La empresa proyecta un superávit de 775 millones de pesos sobre gastos operativos superiores a 25.500 millones. Según los denunciantes, ese equilibrio financiero estaría acompañado por un deterioro en la politica de seguridad, cuando la planta está en ubicada en una zona urbana de Córdoba.

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La medida incluye inmuebles en Río Gallegos y El Calafate —como terrenos, viviendas y el complejo Los Sauces—, muchos de ellos cedidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de activos de empresas como Austral Construcciones.

El decomiso fue actualizado tras peritajes y se avanzó con la ejecución al no haberse pagado el monto fijado.

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La medida fue aprobada por el Ministerio de Cultura y Educación mediante una resolución y anunciada este viernes por el ministro Julio Aráoz, durante la presentación del Programa “Puente” en Clorinda.

El protocolo fija pautas claras para el accionar de directivos, docentes y personal no docente, buscando garantizar entornos seguros y proteger la integridad física y emocional de los estudiantes.

Desde el organismo indicaron que la iniciativa se enmarca en la normativa vigente y promueve una “pedagogía del cuidado”, con intervenciones graduales, respetuosas de los derechos de los alumnos y evitando la estigmatización.

Además, establece la implementación obligatoria en todas las instituciones, que deberán adecuar sus Acuerdos Escolares de Convivencia. La Subsecretaría de Educación será la encargada de supervisar su cumplimiento.

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Este fallo no solo afecta a las provincias demandadas (Salta y Santa Fe), sino que pone bajo la lupa las prácticas de presión fiscal en provincias fronterizas como Formosa, donde la estructura de control de ingresos brutos y las facultades de la Dirección General de Rentas (DGR) han sido históricamente cuestionadas por el sector privado.

Las sentencias, suscriptas por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifican que las provincias no pueden establecer beneficios para sus industrias locales en perjuicio de competidores de otras jurisdicciones. La Corte fue tajante al señalar que este tipo de esquemas equivale a la creación de «aduanas interiores», una figura expresamente prohibida por la Constitución Nacional.

«Ese tipo de esquemas rompe con el principio de unidad económica nacional y vulnera la Constitución», destaca el fallo, subrayando que el desarrollo económico regional no puede ser utilizado como excusa para levantar barreras al comercio interprovincial.

La provincia de Formosa mantiene un sistema de fiscalización riguroso a través de la Dirección General de Rentas, que opera puestos de control en los accesos provinciales (como Mansilla o El Colorado). Si bien estas no son aduanas en el sentido técnico, el sector empresarial local y nacional ha denunciado a menudo que los regímenes de «pago a cuenta» de Ingresos Brutos para mercaderías que ingresan a la provincia actúan, en la práctica, como una barrera.

Con este precedente, cualquier diferencia de alícuota que penalice a una empresa por no tener su planta física en suelo formoseño queda desprotegida legalmente. El fallo indica que «las provincias no pueden establecer ventajas fiscales para sus industrias locales en detrimento de competidores de otras provincias.»

Impacto local: Especialistas en derecho tributario en Formosa advierten que este fallo habilita a empresas distribuidoras de alimentos, materiales de construcción y medicamentos —que operan desde centros logísticos en el Chaco o Santa Fe— a litigar contra posibles alícuotas diferenciales o exigencias administrativas que no se aplican a firmas locales.

El tribunal basó su decisión en la violación de tres principios fundamentales que las provincias suelen tensar en tiempos de escasez presupuestaria:

Principio de igualdad (Art. 16): No se puede dar un trato desigual ante una misma actividad económica solo por el domicilio legal.

Cláusula comercial (Arts. 75 inc. 13 y 126): Solo el Congreso Nacional puede regular el comercio interjurisdiccional.

Prohibición de aduanas interiores (Arts. 9 a 12): Se prohíbe cualquier gravamen que actúe como un arancel de entrada o salida entre provincias.

«La Corte ya había advertido que aplicar alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos según el lugar de producción constituía una discriminación inconstitucional», recordando el caso precedente de Bayer S.A. en 2017.

En casos como el de Panificadora Veneziana S.A. o Comercial Rossi S.A., las empresas enfrentaron multas millonarias por el solo hecho de considerar que gozaban de las mismas exenciones que sus competidores locales. La Corte determinó que «el desarrollo económico no puede lograrse mediante discriminación fiscal».

Para Formosa, este fallo representa un desafío para la recaudación propia. La provincia ha defendido históricamente sus facultades de control fronterizo para evitar la evasión, pero el límite ahora es claro: el control es lícito, la discriminación impositiva no.

«Las provincias deberán revisar sus esquemas impositivos para evitar distorsiones que afecten la libre circulación de bienes», concluye el análisis de la sentencia. Esto podría forzar una reestructuración del impuesto sobre los Ingresos Brutos en todo el Norte Grande, buscando una armonización que evite la «balcanización» fiscal del país.

El fallo trasciende lo jurídico para convertirse en un hecho político. En un contexto de crisis, la tentación de «exportar» la carga tributaria a empresas de otras provincias es alta. Sin embargo, la Corte Suprema ha sido clara: «el federalismo no puede convertirse en fragmentación económica.»

Para los empresarios formoseños y aquellos que comercian con la provincia, esta decisión aporta seguridad jurídica y una herramienta de defensa ante lo que el tribunal denomina la «voracidad fiscal de provincias». A partir de ahora, el origen de un producto no puede ser el motivo de su carga impositiva. (Fuente: diario Formosa Express)

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El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini, quien deberá definir la situación de la exfuncionaria judicial, acusada de encubrimiento agravado por presuntas irregularidades en la escena del hecho.

Según el dictamen, la actuación de Fein durante las primeras horas de la investigación habría provocado la pérdida de pruebas clave, y su defensa no logró desvirtuar las sospechas en su contra.

Además, Taiano planteó la existencia de un posible plan para simular un suicidio, en una causa donde la Justicia ya determinó que la muerte de Nisman fue un homicidio vinculado a su rol en la investigación del atentado a la AMIA.

Fein, que ya fue indagada, rechazó las acusaciones y pidió su sobreseimiento, al considerar que se intenta responsabilizarla por el fracaso inicial de la investigación.

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El fallo exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron como “poco serios” los argumentos oficiales y señalaron que el impacto fiscal es bajo.

La cautelar había sido dictada por el juez Enrique Cormick tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional, que cuestionó la suspensión de la ley mediante el Decreto 759/2025.

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El pedido está dirigido a quienes hayan presenciado el hecho o cuenten con información que pueda aportar a la causa, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente.

Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse a los siguientes números: 3705-033755 o 3704-578701.

Cualquier información puede resultar clave para la investigación en curso.

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Además, el tribunal ratificó que YPF no tiene responsabilidad en el proceso de estatización. De este modo, el país evita el pago de una indemnización superior a los US$16.100 millones, que había sido fijada en 2023.

Si bien las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran poco probable que el máximo tribunal tome el caso.

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La resolución dictada en marzo de 2026 formaliza la instrucción judicial contra ambos acusados y establece nuevas medidas. Entre ellas, la citación de dos mujeres que viajaban en el auto para declarar como testigos el 13 de abril.

Además, los imputados deberán prestar declaración los días 21 y 23 de abril, respectivamente. En la causa también se constituyó como querellante particular Juan Alfonso Cáceres, con patrocinio legal.

Por otra parte, se ordenó la recolección de pruebas, incluyendo informes técnicos y fotográficos del siniestro, registros de cámaras de seguridad de la zona y la historia clínica de la víctima, Juan Ángel Cáceres, del Hospital Central de Formosa.

El proceso está a cargo del juez Marcelo Javier López Picabea, con intervención de la secretaria Myrian Beatriz Román, y se garantiza el derecho de defensa de los imputados mediante la Defensoría Oficial.

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