“Forzoso es colegir que el artículo 132 de la Constitución de Formosa, en tanto admite la reelección indefinida se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional, en función de lo establecido por los artículos 1° de la Ley Fundamental y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, sostuvo Casal en su dictamen al que accedió Infobae.

“En definitiva, cabe concluir que el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional y que las provincias se han obligado a respetar implica la limitación del poder. Las múltiples reelecciones sucesivas ─potencialmente indefinidas─ conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho que tuvieron en mira nuestros constituyentes, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”, agregó Casal en otro tramo.

La causa se inició el año pasado cuando la oposición en Formosa, a través del abogado Juan Sebastián Montoya presentó un amparo en el que pidió la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa que establece que “el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”. Fue incorporado en la reforma constitucional de 2003. En junio del año pasado Insfrán ganó las elecciones y obtuvo su octavo mandato como gobernador. Ha sido reelecto de manera consecutiva en 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. Antes había sido dos veces vicegobernador.

La oposición sostuvo que la Constitución de Formosa viola tres artículos de la Constitución Nacional -el 1, 5 y 123-, por lo que la Corte Suprema está habilitada para intervenir en el caso. Explicaron que si bien las provincias tienen autonomía para dictar sus propias constituciones, la reelección indefinida es contraria a la carta magna nacional. Sostuvieron que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

Casal avaló esa postura. Citó distintos fallos de la Corte Suprema en los que había limitado reelecciones, como los de Santiago del Estero en 2013 y el de San Juan el año pasado. “La vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades” y ha resaltado “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”, citó Casal uno de los fallos del máximo tribunal.Eduardo Casal

También que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. El procurador equiparó esa situación a los gobernadores.

En otro tramo de su dictamen, Casal citó a Juan Bautista Alberdi, el prócer preferido del presidente de la Nación, Javier Milei. “Admitir la reelección indefinida, es cambiar la forma de gobierno. Es una revolución sin ruido, hecha por la misma ley fundamental”, había dicho Alberdi.

En la causa ya opinó el gobierno de Formosa. Había pedido que se rechace el amparo porque el tema era abstracto ya que la oposición objetaba la presentación a elecciones de Insfrán el año pasado y que esos comicios ya los había ganado. También que la Corte nacional no podía intervenir porque la competencia de la causa era la justicia provincial y que era Fomosa la que había elegido la forma de gobierno en su Constitución. La provincia también señaló que este año la Legislatura aprobó una ley para reforma su carta magna y que entre los cambios se podía modificar el artículo 132.

Casal rechazó esos argumentos. Dijo que el caso no era abstracto porque “se mantiene vigente el texto del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa” y que la reforma constitucional aprobada es “incipiente” y que “resulta meramente hipotético suponer que, entre las modificaciones de la Constitución formoseña que decida la futura Convención Constituyente, se encontrará el artículo 132, y más incierto aún es el contenido que tendría esa conjetural reforma del citado precepto”.

Con el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver si es constitucional o no la reelección indefinida en Formosa.

Aquí el dictamen completo:

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“Pronto a finalizar el año, los judiciales sentimos pesar e incertidumbre. Realizamos medidas de fuerza solicitando aumento, pero cuando hubo la posibilidad –porque la plata estuvo–, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un aumento solo para ellos: $2.588.150 para cada ministro, olvidándose del resto de los trabajadores”, explicó Blanca Almirón, secretaria general de la Seccional 3 Formosa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Esto creó “una grieta entre trabajadores y funcionarios judiciales”, describió. Porque “los cinco miembros del STJ se dieron un gran aumento, sin la resolución que históricamente se aplicó para tasar los haberes judiciales. Esto creó desazón e incertidumbre, llevando a realizar paro para exigir proporcionalidad. Es decir: si los ministros se aumentan, los trabajadores también deberían recibir el porcentaje proporcional tal como establece la reglamentación vigente«.

Falta de voluntad

Almirón reveló que “se sabe que hay fondos en el Poder Judicial formoseño, porque así lo dicen las resoluciones. Pero lo que no hubo nunca es voluntad de equidad y proporcionalidad a la labor que realizan los trabajadores. Entre ellos se juntaron para otorgarse un aumento gigante, pero no tuvieron voluntad de diálogo para tratar el aumento para los trabajadores”.

“No hubo voluntad de ser equitativos –ahondó– para el reparto de los fondos que manda la Provincia para mejorar el salario de los trabajadores, cuando el compromiso era mejorar el salario del que menos percibe. Mezquinamente solo mejoraron el futuro de cinco personas, en detrimento del resto de los miles de trabajadores que integran la planta funcional judicial formoseña”.

Sin cubrir la canasta básica

Esta situación se debe a que los trabajadores judiciales formoseños en su mayoría no llegan a cubrir la canasta básica, con salarios que se mantienen congelados hace meses a pesar del aumento del costo de vida: «Los Ministros del STJ conocen la realidad que atraviesa cada uno de los trabajadores judiciales”.

Como ejemplo, citó que “son públicas las colectas económicas entre trabajadores para ayudar a la familia del trabajador que tiene problemas de salud o alguna situación especial”.

“Es por eso que terminamos un año duro y triste, porque al margen de la política nacional que destruyó el poder adquisitivo del trabajador en general en nuestra provincia mucho más porque el trabajador judicial tiene un magro salario que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de la familia”.

Atropellos

En la misma línea, la secretaria general de UEJN Seccional 3 recordó que “los judiciales tuvieron que soportar una serie de atropellos a sus derechos”. Entre ellos: “Descuentos que realizó el STJ por reclamar que haga justicia en la justicia con los salarios de sus trabajadores. También, de forma violenta que se disminuyan los derechos de los trabajadores incluidos en el RIAJ (Reglamento Interno de Administración de la Justicia)”, se lamentó.

Y dijo que “vienen trabajando a espaldas del trabajador judicial, ya que el diálogo con el representante del trabajador (gremio) permanece cerrada. Desde que se dictó la Resolución N° 235/24 (donde se dispuso el aumento de $2.588.150 para cada uno de los cinco jueces del STJ) han cerrado todo diálogo, evitando la posibilidad de llegar a algún acuerdo para salir de esta crisis”.

“Con estas actitudes –remarcó Almirón– crean temor, división y cercenan los derechos de los trabajadores. A su vez, cortan el entusiasmo y la posibilidad de seguir adelante con la carrera judicial, que siempre tuvo mucho prestigio a nivel laboral y social por que la caracterizaba la igualdad ante la ley. Pero ahora perdió ese reconocimiento histórico cuando se dictó esta Resolución N° 235/24, incluidos Ascensos y Pases a Planta todo que todo trabajador siempre aspira».

Reforma constitucional

La representante de UEJN recordó además que “estamos en una etapa histórica para Formosa, ya que se va a reformar la Constitución Provincial. Y en ese contexto, en uno de los poderes más importantes como es el judicial no existe unidad. Al contrario, existe disolución por la voluntad de las autoridades que causa tanto perjuicio a los trabajadores y al sistema de división de poderes de la provincia”.

“Porque –señaló– tengamos en cuenta que el Poder Judicial tiene una gran red de áreas que con su trabajo acompañan la vida social de los formoseños que viven a lo largo y ancho de la provincia. Y en todos los lugares trabajan hombres y mujeres a quienes lisa y llanamente durante todo el año se les vulneró los derechos y se les condicionó a recibir un salario que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus familias”.

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«A diferencia de otros planteos efectuados por otros actores, en este caso es el único que realizó previo al planteo a la corte una impugnación formal
contra la candidatura de Insfrán en el proceso electoral 2023, y una vez agotado el trámite recién se recurrió a la Corte Suprema» explicó la diputada provincial Gabriela Neme.

La vice presidente de Nuevo País ve «con mucha esperanza que todos los trámites estén avanzando hacia la concreción de la declaración de inconstitucionalidad y ya que todos son distintos solo esperamos que cualquiera de ellos tenga el éxito procesal que los formoseños nos merecemos para terminar con un modelo de pobreza y persecución que se logró por la perpetuidad del poder y la suma del poder público«.

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El año pasado, el legislador nacional del radicalismo presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción meramente declarativa para que se expida respecto de los alcances, constitucionalidad y convencionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial, sobre la reelección indefinida en Formosa.

Con el patrocinio del abogado Carlos Lee, Carbajal presentó esta acción de amparo ante el máximo tribunal del país en el que advierte sobre “el vacío legal del art. 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa, cuya ambigüedad permitiría “la reelección indefinida” del actual Gobernador Gildo Insfrán.
En su presentación, el diputado nacional de la UCR advirtió que la reelección indefinida “constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que, en sus arts. 1, 5 y 123, recepta para el pueblo de la Nación Argentina, los principios Republicanos de Gobierno y temporalidad en el poder”.

En tal sentido, solicitó a la Corte que “se declare la inconstitucionalidad del artículo de mención y se inhabilite –e impugne- a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo Formoseño”.

Como parte de los argumentos, en su presentación sostiene que la Corte Suprema tiene competencia originaria en este planteo, al señalar que “en la demanda se invoca la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. De esta manera, en los términos del artículo 117 de la misma norma fundamental se justifica la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la nación. Esto en razón de la materia, dado que en esta causa versa cuestión federal predominante, exclusiva y excluyente de toda autoridad provincial, donde es parte una provincia, y se denuncia que han sido lesionadas disposiciones constitucionales provinciales –su artículo 132- que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno”.

“En otras palabras, el pedido de competencia originaria no se trata de una injerencia de las autonomías provinciales, sino todo lo contrario: la búsqueda del acatamiento que las provincias se comprometieron a respetar al momento de fundar el pacto constitucional nacional”, sostiene Carbajal en su presentación, en la que cita, además, numerosa jurisprudencia y fallos que justifican la intervención de la Corte.

“Es de recordar que esta Corte Suprema de Justicia de la nación sostiene que, en materia electoral, la intervención jurisdiccional garantiza la vigencia del sistema democrático de la representatividad popular, a la vez que tiene por finalidad poner fin a las disputas mediante la rápida definición de situaciones jurídicas que trasciendan el interés de los partidos y afectan el normal desenvolvimiento institucional”, añadió el diputado nacional del radicalismo.

Ahora, con fecha 15 de octubre de 2024, La Corte Suprema dispuso notificar de esta presentación ante el gobernador Insfràn, con el fin de avanzar en el expediente y adoptar una resolución en la causa iniciada por Carbajal.

FUNDAMENTOS

Tras hacer una reseña de las modificaciones en la Constitución Provincial desde su provincialización, Carbajal recordó que “en el año 2003, las ambiciones del gobernador Insfrán de continuar al frente del Ejecutivo provincial, motivaron una nueva reforma de la Carta Magna Formoseña. La amplia mayoría de diputados oficialistas en la Legislatura facilitó la declaración de necesidad de reforma; lo que se llevó a cabo ese mismo año, quedando redactado el nuevo Art. 132 de la Constitución Provincial: El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.

Advirtió que “este articulado deja abierta la posibilidad que una persona se perpetúe en el poder, como ha sucedido en Formosa; aprovechando esta omisión del constituyente, el actual gobernador Gildo Insfrán cumplió veintiocho (28) años de mandato ininterrumpidos en el ejecutivo (desde el año 1995, ocupando antes el cargo de vice gobernador periodo 1987-1995”.

El legislador nacional señala a la Corte que “esta realidad que se vive en la provincia de Formosa, por una redacción sin límite de periodos en que pueden ser reelectos sus gobernantes (conf. Art. 132 Constitución Provincial), permite la perpetuidad en el cargo de una sola persona, en clara contraposición con los principios de Republica que establecen los arts. 1, 5 y 122 de la Constitución Nacional: cada provincia dictara para si una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; lo que indiscutiblemente, con la reelección indefinida del gobernador no han sido respetados”.

En este punto, Carbajal aclara que “está claro que la periodicidad en el cargo no se ve afectada, habida cuenta, que los mismos duran –efectivamente- cuatro años; sin embargo, no pasa lo mismo con la alternancia en las personas o candidatos, siendo siempre la misma fórmula, teniendo como figura repetida la del actual Gobernador Insfrán”.

“En ese sentido –añadió-, la democracia se convierte en autoritarismo, ya que, quien acumula tanto poder, y por tanto tiempo, difícilmente pueda ser vencido en los comicios; poniendo a los pueblos frente a la hegemonía del poder de turno, que, con todo su aparato económico, laboral y de seguridad someten a los pueblos; concatenado a la vez, con el sometimiento de los otros poderes del Estado que en el tiempo pierden su autonomía, como es el caso de la Provincia de Formosa”.

LEY DE LEMAS

Cabe recordar que el diputado Carbajal también tiene una acción en curso ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, planteando la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas vigente en Formosa.

FUENTE: Diario Expres

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Participó de la firma del acuerdo por la República de Paraguay, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; en tanto los Ministerios Públicos de ambos países estuvieron representados por la fiscal adjunta de Paraguay,  Matilde Moreno Irigoitia, encargada de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, y el fiscal Federal Nº 2 de Formosa, Luis Benítez.

“Los beneficios de los equipos conjuntos de investigación tienen que ver justamente con la posibilidad de los fiscales de diferentes países de poder trabajar en forma conjunta y coordinada, y poder investigar a todas las estructuras de la organización delictiva en ambos países”, significó el fiscal Benítez en declaraciones a NF.

El acuerdo firmado entre ambos países establece la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), con el fin de diseñar de manera conjunta y concertada, las mejores estrategias de investigación, persecución y enjuiciamiento de los integrantes de una organización criminal vinculada al Tráfico Internacional de Drogas que afecta a varios países de la región.
Desde las instituciones involucradas, se resaltó la firma de esta estrategia conjunta de lucha contra el tráfico internacional de drogas y contra el crimen organizado, que fue impulsada y coordinada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer y su homólogo de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal argentino, Diego Martín Solernó.

De esta manera, las autoridades competentes en materia de investigación criminal de ambos países firman el segundo Equipo Conjunto de Investigación bilateral como una muestra palpable de la sinergia entre las autoridades competentes y las necesidades conjuntas de enfrentar al crimen organizado transnacional que afecta esta región sudamericana.

Con la firma del ECI, las Fiscalías de Paraguay y Argentina, en coordinación de esfuerzos en ambas jurisdicciones, “podrán abordar de manera más integral el flagelo de las drogas, en su modalidad de tráfico transnacional, definiendo las mejores estrategias de investigación, persecución penal, desarticulación y enjuiciamiento de quienes resulten vinculados a la organización criminal objeto del ECI”, explicó el fiscal formoseño.

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El letrado agregó que “son personas involucradas que trabajan en el RENAPER” y que “no encontraron faltas” al momento de la asignación de la pensión.

De acuerdo a la versión de Martínez “había un sistema corrupto” que permitía “confeccionaban el DNI y a cambio de eso ofrecían una pensión y o trámites para discapacidad a personas que no se adecuan de tenerlo. Siete de cada diez personas -oriundas de Misión Laishi- tienen dicho beneficio y está totalmente comprobado por la unidad fiscal de seguridad social”.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Teniendo en cuenta que “a la Oficina Anticorrupción nos dispusieron de Formosa la guarda temporal, decidí avanzar con la cuestión de trasladar el presente al juzgado correspondiente, el cual fui aportando todo tipo de carga de pruebas. Repito nada de lo que esta mencionado en el caso está sin pruebas, la unidad fiscal avanzó tal cual correspondía y hoy en día ya llegó a la instancias de las auditorias”.

TRANSFERENCIAS

“Cabe destacar que desde Formosa se nos rieron en la cara cuando apenas se inició la causa. Las fotos de transferencias que realizaban entre personal que trabaja en Renaper (Banegas) y Personal del Anses la cual fue auditado y están avanzando (se involucra a la señora Nilda Ruíz Diaz) de la cual poseemos sellos. Hay firmas de médicos deslegitimadas, dado que nunca pidieron una junta médica evaluadora y daban solo un certificado (una pensión en Formosa tarda 3 meses ) en el país 2 años para el que realmente la necesita” acotó el querellante.

Abogado querellante Cristian Martínez.

MUNICIPALIDAD DE LAISHÍ

“Personal que trabaja para La Municipalidad de Misión Laishí gozan del beneficio y personas que se creyeron impunes que hacían aperturas de cuentas bancarias para también cobrarles a estas personas un porcentaje durante determinado tiempo” añadió.

COLABORACIÓN

“Gracias a la colaboración que le brindamos a la UFISES (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y su intervención pudimos destapar esta obra delictiva que llevan a cabo hace años” señaló Martínez a NF.

“PLAN MACABRO”

 Para concluir, el denunciante asegura que “familiares de las personas mencionadas, todas poseen CUD y pensiones. Esto es un plan macabro, juegan con la identidad, pensaron que no teníamos elementos fuertes, pero se les acabó el juego a estas personas” concluyó.

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En representación del Poder Judicial de Formosa fueron designados como coordinadores del programa, el juez Civil y Comercial Nº 3, Raúl López Uriburu y el juez de Paz Nº 1, Jorge Luis Grassi.

CUATRO ETAPAS

La Inteligencia Artificial Generativa llegó a instalarse dentro de los diferentes estamentos del estado para hacer más eficientes, rápidos y transparentes los procesos. Pero también interpela la necesidad de hacer un uso responsable y estratégico de esta herramienta.

Bajo este concepto es que las instituciones más importantes involucradas en el servicio judicial del país elaboraron y lanzaron el Programa Piloto de IA Generativa en la Justicia.

Este se divide en 4 etapas. La primera, es la que comienza a desarrollarse el día 10 de julio en la sede de la JuFeJus, en Buenos Aires.

En la primera fase se establecerán las bases metodológicas, incluyendo la metodología de medición, la selección de tareas y subtareas, así como los correspondientes métodos para analizar los resultados.

Además, se abordarán otras cuestiones relacionadas con el tiempo de revisión, las cuestiones vinculadas a la protección de datos, los estándares y las buenas prácticas de uso. Aquí se incluye una breve descripción de las directrices y una propuesta de estándares éticos y de buenas prácticas en materia de uso de IAGen.

Jorge Luis Grassi

En total se prevé que este programa dure 4 meses. En cada uno de esos meses se desarrollará una nueva etapa. Es así que en agosto se llevarán adelante el Desarrollo de pruebas y la recolección de interacciones. En septiembre, comenzará la tercera etapa que será la Sistematización de resultados. Finalmente la última etapa será en octubre donde se procederá a la documentación y difusión de resultados.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este programa piloto es evaluar el uso responsable y estratégico de IA generativa en la Justicia para mejorar la eficiencia y calidad de las tareas judiciales.

Asimismo, se busca escalar y amplificar los resultados obtenidos en las pruebas oportunamente realizadas por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB) y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) para identificar posibilidades de aplicación de inteligencia artificial generativa (IAGen).

Por último, la finalidad del programa será también sensibilizar y alfabetizar a los integrantes de los órganos judiciales en la materia, promoviendo un uso estratégico, ético y responsable de herramientas como ChatGPT y Gemini, entre otras.

A los fines de discutir los alcances de la implementación de este Programa Piloto, se llevó adelante una reunión el pasado 13 de junio a las 11:30 en la sede de la JuFeJus, en Buenos Aires.

Raúl López Uriburu

INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN

Las instituciones que co-organizan este programa son la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB), la Red Federal de Escuelas Judiciales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ReFleJar), el Laboratorio de Innovación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza (JusMendoza.Lab), el Laboratorio de IA, Innovación y Transformación Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (DYNTEC), el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (LIDeSIA).

A la larga lista se cuman la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); con la colaboración del Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, el Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IFITEJ), el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la Red de Innovación Juslab, la Asociación de Impulsores de Legaltech Argentina (ALTA), la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación del Observatorio de Derecho, Tecnología e Innovación (ODTI) de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Thomson Reuters – La Ley, la Red Mujeres para la Justicia, el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (CETyS) y Justicia Digital Porteña.

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El hecho ocurrió cuando efectivos que cumplían funciones como Policía Auxiliar Migratoria en el Paso Fronterizo Internacional Puerto Formosa (Argentina) – Puerto Alberdi (Paraguay), detectaron a través del Sistema Integrado de Capturas Migratorias (SICAM), a un hombre que registraba “notificación roja” de la Organización Internacional de Policía Criminal – (INTERPOL), con orden de captura internacional vigente.

Tras identificarlo, se constató que está involucrado en una causa por violencia familiar, en el marco de la cual el Juez Penal de Garantías de las Ciudades de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, República del Paraguay, emanó la orden de captura.

Ante esto, el Juzgado Federal N° 2, a cargo de María Belén Macé, Secretaría Penal de la María Lucrecia Gallardo, ordenó su detención.

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La jornada fue organizada por el Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal de Formosa y autoridades de Gendarmería Nacional.

Durante la charla se abordaron cuestiones referidas al Proceso Penal, las nulidades dentro del proceso y las características y alcances del denominado agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada, el arrepentido y la prórroga de la jurisdicción.

Las denominadas técnicas especiales de investigación están contempladas en la Ley 27.319.

Participaron de la charla el juez Federal Nº 1, Pablo Morán, la jueza Federal Nº 2 Belén López Mace, la fiscal Federal Nº 1 Marisa Vázquez y el fiscal Federal Nº 2, Luis Benítez, quien intervino como coordinador del evento junto con el jefe de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional, comandante principal Enrique Alberto Velázquez.

Por otra parte, se informó que el Ministerio Público Fiscal está organizando para el 11 de abril un nuevo encuentro de capacitación con fiscales y funcionarios de fuerzas de seguridad de Argentina y Paraguay que trabajan en zona fronteriza, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Procuración General de la Nación.

En esta ocasión se abordarán temas tales como la cooperación internacional, el proceso acusatorio, técnicas especiales de investigación, proceso penal y seguridad.

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En medio de muchas intrigas y misterios, y sin información oficial al respecto se tejieron muchas conjeturas. Después de casi 8 horas de allanamiento y secuestros, una fuente que fue testigos de lo que ocurrió en Mitre 1.388 se despejaron algunas dudas, «todo se inició por la denuncia de una ex empleada de la madre del abogado y la jueza Laura Karina». Por el caso no hay detenidos.

LA CARÁTULA

«NNs/ insfracción a la ley 26364 Juzgado Federal N 1 De Mar del Plata Secretaria Rodolfo Prada» reza en el expediente que generó el revuelo en la mañana y la siesta formoseña.

LEY 2.364, DE TRATA DE BLANCA

La citada norma refiere a «PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS» y entre sus disposiciones generales -en el artículo 1- indica que «La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas». VER LA LEY COMPLETA

TAMBIÈN LEA / Allanamiento en el estudio del abogado Julio Paz, los detalles – NoticiasFormosa

ARTICULO 2º — Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;

c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

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