Fuente: web Cuarto Poder Diario
En los próximos días, la Justicia provincial deberá investigar detalles de una denuncia que recibirá de un numeroso grupo de vecinos de la ciudad que reveló ante este medio, haber sido estafado por una mujer y la participación de varias personas en la adquisición de viviendas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) construye en el barrio Nueva Formosa.
“Nos estafaron con la venta de vivienda; hay una señora de apellido Mereles; es la que da la cara, pero hay dos personas más que trabajan en el IPV. Esta mujer nos citó en la casa de su suegra, de apellido Maidana, en el barrio San Francisco, sobre calle Madariaga. Después la misma Mereles nos llevó a su casa que está en La Nueva Formosa, donde nos aseguró que dispone de unas cien viviendas para vender”.
Hasta ahí el relato de uno de los afectados, un jefe de hogar que da la cara, lleno de frustración, bronca y desilusión.
“Yo le dije como sé que no me va a joder, ante lo cual contestó que no se va a arriesgar si no es seguro; aparte afirmó que fue concejal y que trabaja en la Legislatura; quédate tranquilo que antes de las fiesta ustedes están en su casa”, prosiguió, relatando la reacción de la mujer.
La maniobra afecta a unas 80 personas, cada una de las cuales ya habría hecho un adelanto de 50.000 pesos, lo que supone un desembolso de 4 millones. Aparecen vinculados dos empleados del organismo público, una empleada legislativa, su marido y su suegra.
“Ella mismo nos llevó a todos hasta el barrio y nos mostró unas edificaciones ubicadas a dos cuadras de la escuela, como para darnos seguridad en la maniobra”, contó.
“Pagamos 50 mil pesos y dijo que después de un año debemos comenzar a pagar la cuota, ante lo cual le respondí que no hay drama; así como yo fueron 80 personas más, pero tras el pago la tal Mereles desapareció por completo”, advirtió.
“No se la encuentra por ningún lado; aunque también no dio los nombres de las personas que están con ella en el IPV, como parte de todo este andamiaje”, redondeó.
“Al reanudarse las actividades judiciales efectuaremos la denuncia; a esta altura ya sabemos que el dinero no lo vamos a recuperar, pero necesitamos que se haga justicia”, consideró.
El informante exhibió dos recibos convencionales, por 20 y 30 mil pesos, para concretar la exigencia solicitada para acceder a la unidad habitacional, de 50 mil.
