La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), denunció a una red de gestores que desde Clorinda, provincia de Formosa, captaba a ciudadanos de nacionalidad paraguaya y les hacían tramitar el DNI argentino, declarando domicilios falsos en nuestro país, para tramitar jubilaciones y los intermediarios cobraban comisiones.
La maniobra habría contado con la complicidad de agentes de la Anses, funcionarios de la Municipalidad de esa localidad, y de otros organismos públicos. El perjuicio económico ocasionado al ente previsional superaba los 30 millones de pesos.
A fines del 2015 la Anses puso en conocimiento de Minatta y De Vedia la existencia de una serie de irregularidades en la tramitación de beneficios jubilatorios en la oficina de Anses, de la ciudad limítrofe con la República del Paraguay.
Según la información recabada a lo largo de la investigación, existían más de 250 casos de jubilados de nacionalidad paraguaya que obtuvieron beneficios jubilatorios en el país sin contar con el requisito de residencia permanente exigida por la normativa.
En este sentido, se llegó a detectar la utilización de al menos 16 domicilios, declarados como lugar de residencia de los beneficiarios, pese a que estos nunca vivieron allí.
Por ejemplo, en un mismo domicilio, figuraban registrados en los sistemas de Anses más de 68 personas.
Una vez acreditada la falsa residencia y a través del acogimiento a las moratorias previsionales vigentes en donde se regularizaban servicios apócrifos prestados en el país, los beneficiarios accedían a la prestación y los gestores obtenían las retribuciones por las labores realizadas.
Cabe destacar que los beneficiarios de nacionalidad paraguaya cruzarían todos los meses la frontera para percibir la prestación jubilatoria en las entidades bancarias de Clorinda, debido a que en la mayoría de los casos no existen apoderados designados a tal fin.
A raíz de la investigación desarrollada por la UFISES se logró identificar la mecánica de la maniobra ilícita y sus autores, entre los que cuales habría funcionarios de Anses y de la municipalidad de Clorinda.
Los Fiscales Minatta y De Vedia destacaron el arduo trabajo que realizó todo el plantel de UFISES que culminó en la interposición de la denuncia.
Para ello, se analizaron más de 250 expedientes administrativos, se ordenó y sistematizó un gran caudal de información requerida a distintos organismos públicos, y se efectuó un entrecruzamiento de datos que permitió desentrañar el funcionamiento de esta práctica ilegal.
La línea de investigación seguida por los titulares de la UFISES se orientó a determinar quienes eran los eslabones principales de la cadena delictiva y no únicamente centrarse en los beneficiarios que percibían indebidamente sus jubilaciones.
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