Ante la publicación en los medios locales sobre la presunta conducta irregular de la fiscal Claudia Ontiveros Todone quien se habría negado a que le realicen un control de alcotest durante un operativo de tránsito, el Superior Tribunal de Justicia puso en conocimiento de la situación al procurador general Claudio Aguirre para que disponga las medidas que considere pertinentes en orden a las obligaciones que impone a magistrados y funcionarios judiciales el artículo 9 – segundo párrafo- de la Ley Orgánica Judicial.
La fiscal, en una foto obtenida de una red social.
La decisión del STJ surgió tras la reunión de acuerdos que todos los miércoles realizan los ministros y ante la noticia aparecida en un matutino local que da cuenta que la doctora Claudia Ontiveros Toddone, Procuradora Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, se habria negado a un control policial de tránsito, invocando su condición de funcionaria judicial.
La Acordada del STJ dice que con el objeto de esclarecer la situación planteada y en función de las exigencias que impone a los magistrados y funcionarios el artículo 9 – segundo párrafo – de la Ley Orgánica Judicial, se impone poner en conocimiento del Procurador General, teniendo en cuenta que es quien ejerce la superintendencia, en forma exclusiva, sobre el Ministerio Público de la Provincia (artículo 66 de la Ley Orgánica Judicial), para que adopte las medidas que considere pertinentes.
El artículo 9 -segunda parte- de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados y funcionarios están obligados a observar permanentemente una conducta acorde con la jerarquía de su función, debiendo conducirse de manera que no comprometa la dignidad del cargo.
La violación de esta obligación será considerada falta grave y su inobservancia reiterada podrá ser apreciada como causal de mal desempeño del cargo.
