La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre maniobras irregulares en la adquisición de armamento. A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de información e intervenciones, se logró identificar una estructura delictiva que operaba de manera organizada en distintas jurisdicciones del país.
Con intervención de la Justicia Federal, se ordenó la realización de 140 allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego, además de una orden de presentación. Con los 133 allanamientos realizados y los resultados obtenidos se continúa trabajando con 8 investigaciones en distintos puntos del país.
Como resultado de los operativos, fueron detenidas 35 personas integrantes de la organización, y se logró el secuestro de una importante cantidad de armamento, municiones y elementos vinculados a la actividad ilícita.
Entre los elementos incautados se encuentran 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, 7 fusiles, 7 ametralladoras, 1 carabina, 3 pistolones, 32 cargadores, 1 máquina de recarga, más de 40.000 municiones, 1 granada y 2 cuñetes de pólvora.
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que adquiría armas de fuego en el mercado legal mediante el uso de personas interpuestas, muchas de ellas sin capacidad económica para justificar las operaciones, lo que evidenciaba maniobras fraudulentas.
Asimismo, se detectó la participación de distintos actores dentro de la estructura, incluyendo responsables de comercios vinculados a la venta de armas, gestores e intermediarios que facilitaban los trámites de adquisición y transferencia, e instructores que certificaban documentación necesaria para concretar las operaciones.
Una vez obtenidas, las armas eran introducidas en el mercado ilegal, en muchos casos con numeraciones adulteradas o suprimidas, y posteriormente comercializadas tanto en el territorio nacional como en países limítrofes. Las ganancias obtenidas eran canalizadas a través de operaciones de lavado de activos mediante la adquisición de bienes.
El procedimiento permitió desarticular una red que abastecía de armamento a estructuras delictivas, afectando directamente su capacidad operativa y logística.
Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que continúa en etapa de investigación.
