El Gobierno nacional oficializó la provincialización de rutas nacionales mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, que también habilita su financiamiento a través de peajes directos.
La medida prevé transferir la gestión de distintos tramos a provincias y/o al sector privado, que quedarán a cargo del mantenimiento y operación de las rutas.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionaron la decisión y la calificaron como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”, al considerar que requiere una ley del Congreso y una asignación de recursos adecuada.
Además, advirtieron que el esquema podría impactar en los costos del transporte, la seguridad vial y las economías regionales.
