La Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, dispuso ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados para cubrir $684.990 millones en la causa Vialidad.
La medida incluye inmuebles en Río Gallegos y El Calafate —como terrenos, viviendas y el complejo Los Sauces—, muchos de ellos cedidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de activos de empresas como Austral Construcciones.
El decomiso fue actualizado tras peritajes y se avanzó con la ejecución al no haberse pagado el monto fijado.
