Por medio de la Resolución N° 334/20 de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario que encabeza el arquitecto Edgar Pérez, se impuso una multa de 30.000 pesos a la firma local a la que se suma otro concepto por otros 5.000 pesos.
El organismo que dirige Pérez consideró que la empresa causó un “daño directo” por lo que le impuso la multa de 200 dólares estadounidenses.
Ni bien se notificó a una empresa formoseña el 3 de septiembre pasado sobre la sanción impuesta por el organismo de Edgar Pérez, apeló, y el tema fue a parar al Superior Tribunal de Justicia, que ahora tiene que establecer si la sanción, como fondo de naturaleza penal, puede o no fijarse en una moneda extranjera, no declarada como de curso legal en el país.
Paralelamente, por estos días, a nivel nacional han prevalecido políticas cambiarias restrictivas de la adquisición de dólares por parte de particulares y empresas, que si bien no está prohibida su compra, las novedades cambiarias han hecho que la mayoría de los bancos dejen de ofrecer para la venta la divisa norteamericana. Esto complica para muchos la compra de dólares para cualquier actividad, sea ahorro, o en este caso, pago de multas.
En el ámbito tribunalicio, el representante legal de la empresa presentó documentación de ser el apoderado legal de la firma para sostener el recurso en el STJ, pero la Corte provincial consideró que su mandato de dos años está fenecido, por lo que lo intimó a justificar fehacientemente su representación orgánica. Una vez que esto se complete, los ministros del STJ deberán abordar el tema y resolver sin mucha dilación la cuestión presentada en esos estrados.
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