El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para cerrar litigios con fondos que no ingresaron a los canjes de deuda tras el default de 2001, según informaron los abogados del país ante la Justicia de Estados Unidos.
Se trata de dos grupos de acreedores con sentencias firmes a su favor por unos US$ 600 millones. Uno de ellos, liderado por Attestor, concentraba cerca de US$ 500 millones, mientras que otro, encabezado por Bainbridge, reclamaba unos US$ 95 millones.
El entendimiento fue comunicado a la jueza Loretta Preska, quien centraliza las causas contra la Argentina en ese país. El acuerdo, firmado el 1 de abril, deberá ser aprobado por el Congreso y sería enviado en los próximos días.
Parte de la deuda ya fue cubierta tras embargos por US$ 310 millones sobre fondos argentinos en la Reserva Federal. Por eso, el monto final a pagar sería inferior a los US$ 200 millones.
Con este paso, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos desde el default, que aún genera costos para el país más de dos décadas después.
