La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora el Senado deberá tratarlo para confirmar la sanción de la ley.
En una sesión de más de siete horas, la normativa obtuvo media sanción en general con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. Ahora se pasa a la votación en particular, capítulo por capítulo.
La sesión continuará luego con el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esa definición se realizará mediante una única votación general, que deberá resolverse por la aprobación o el rechazo del texto. De acuerdo con el esquema parlamentario acordado, no habrá posibilidad de introducir modificaciones, por lo que el resultado dependerá exclusivamente del posicionamiento de cada bloque.
El festejo de Adorni
Inmediatamente después de la sanción de la Cámara baja, el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró en sus redes sociales: «Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina».
Por su parte, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva remarcó: «Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo» y completó: «Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden».
Qué implica la reforma del Régimen Penal Juvenil
El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social».
Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar «por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas» y se habilitan «instancias de mediación con el adolescente imputado».
El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley.
