Tras meses de postergación y bajo la presión de un fallo judicial, el Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley 27.793 mediante el Decreto 84/2026, estableciendo un esquema de auditorías obligatorias y otorgando facultades a la Secretaría Nacional de Discapacidad para modificar los procesos del Certificado Único de Discapacidad.
Nuevas auditorías y fiscalización de fondos
La puesta en marcha de la emergencia, firmada por el presidente Javier Milei junto a Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, ocurre luego de que el Congreso diera el aval a la norma a mediados de 2025. El Ejecutivo había demorado la reglamentación argumentando la necesidad de definir con precisión el origen de los fondos para financiar las medidas contempladas.
El nuevo esquema dispone que la Secretaría Nacional de Discapacidad deba realizar auditorías periódicas. Los resultados de estos controles médicos y administrativos deberán ser elevados ante el Consejo Federal de Discapacidad, buscando una mayor transparencia en el otorgamiento de beneficios y en la asignación de recursos estatales.
El impacto en el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
El decreto delega en la Secretaría la capacidad de dictar normas aclaratorias y operativas. Esto significa que, en coordinación con el Consejo Federal, el organismo podrá actualizar los lineamientos para la tramitación del CUD. Si bien el proceso actual requiere reunir documentación médica y pasar por una Junta Evaluadora, se espera una modernización de estos criterios.
El objetivo oficial es agilizar la burocracia, aunque el Gobierno ya adelantó que apelará el fallo judicial que lo forzó a reglamentar la ley. La disputa legal se centra en la sostenibilidad financiera de la norma, mientras las organizaciones del sector siguen de cerca cómo se implementarán los cambios operativos en el día a día de los beneficiarios.
Derechos garantizados y prestaciones vigentes
A pesar de la declaración de emergencia y los nuevos controles, el CUD mantiene su validez nacional y asegura el acceso a beneficios fundamentales para los titulares:
Salud: Cobertura total en rehabilitación, medicamentos, prótesis y apoyos educativos.
Transporte: Viajes gratuitos en transporte público de corta, mediana y larga distancia.
Beneficios impositivos: Exenciones en la compra de vehículos nacionales y tasas municipales según la jurisdicción.
Seguridad Social: Acceso a asignaciones familiares específicas y prioridad en programas de empleo.
Movilidad: Uso del Símbolo Internacional de Acceso para libre estacionamiento y tránsito.
El trámite para obtener el documento continúa siendo gratuito y personal, sin necesidad de gestores intermediarios. Las autoridades recomiendan mantener la documentación actualizada ante posibles cambios en los turnos de evaluación que podrían derivar de esta nueva reglamentación.
