Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) deberían ser un 21% más altas si el Gobierno hubiese aplicado la actualización correspondiente a la canasta de inflación, según se desprende de un duro análisis difundido en las últimas horas.
La decisión del Ministerio de Economía de mantener la medición con una canasta de consumo que data de 2004, postergando la nueva metodología que debía regir desde este mes, provocó que los aumentos otorgados quedaran muy por debajo del costo de vida real.
El informe detalla que, desde la implementación de la nueva movilidad decretada por Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, con una medición de precios debidamente actualizada, deberían haber aumentado un 140%.
Esta brecha del 21% en la fórmula de actualización se traduce en una pérdida directa de bolsillo. En términos acumulados, cada jubilado de la mínima perdió $1.032.000 solo por el desfase del índice. Si a esto se suma el congelamiento del bono de $70.000 (estancado desde marzo de 2024), la pérdida total asciende a más de $2.401.483 por beneficiario en el período analizado.
El análisis contrasta estos números con el costo de vida real: mientras que la Defensoría de la Tercera Edad calculó que una canasta básica en octubre de 2025 costaba $1.514.074, el haber mínimo más el bono apenas alcanzaba los $396.298, cubriendo solo 8 días del mes.
La crítica apunta directamente al ministro Luis Caputo, cuestionando que mientras se posterga la actualización estadística argumentando que se hará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”, los funcionarios del Gabinete duplicaron sus sueldos a $5 millones.
