La intervención conjunta del Departamento Cibercrimen de la Policía de Córdoba y el Chaco permitió recuperar y devolver a su legítima dueña casi tres millones y medio de pesos provenientes de una transferencia errónea.
La operación combinó inteligencia digital, gestiones de campo y coordinación judicial, lo que posibilitó no solo la localización del receptor accidental de los fondos, sino también la concreción del reembolso inmediato, marcando un precedente en la restitución eficiente de sumas transferidas por equivocación.
El caso se inició cuando una mujer de 44 años denunció haber enviado una transferencia electrónica a un destinatario ajeno mediante el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor).
Según información de la Policía de la Provincia de Córdoba, el error ocurrió por fallo en el tipeo y elección del destinatario, lo que derivó en que los fondos -identificados luego como $3.426.153,42– llegaran a la cuenta de un hombre identificado como G.N.M..
El personal del Departamento Cibercrimen desplegó herramientas de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), analizando datos públicos, bases de datos financieras, registros de alias y claves bancarias, además de domicilios y vínculos digitales asociados tanto a billeteras virtuales como a plataformas de correo electrónico y telefonía móvil.
A través de estas pesquisas se identificó un domicilio legal del receptor en la ciudad de Barranqueras, Chaco.
Posteriores tareas de campo, que incluyeron recorridos y consultas vecinales, permitieron establecer de manera fehaciente la identidad de la persona que recibió la transferencia.
El receptor, consultado por el equipo especializado, explicó de manera espontánea que desconocía la existencia de esa acreditación. Precisó que manejaba múltiples cuentas vinculadas a la plataforma Mercado Pago, muchas de ellas bloqueadas por falta de validación de seguridad.
La gestión culminó cuando un operador de Mercado Pago detectó la transferencia de $3.426.153,42 en una de las cuentas bloqueadas. Instruyó un reembolso interno que devolvió el dinero a una cuenta activa del titular, facilitando así la inmediata disposición de la suma para el reembolso a la damnificada.
Durante su declaración testimonial, fue asistido técnicamente para recuperar el acceso a estas cuentas mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.
En la etapa final del procedimiento, el Equipo Fiscal N° 13, bajo la dirección del doctor Víctor Recio, ordenó la devolución inmediata del dinero y la incorporación de los comprobantes correspondientes al expediente judicial. Personal del Departamento Cibercrimen cumplió con esta disposición, cerrando la instancia administrativa y asegurando la restitución total a la afectada. El proceso judicial permanece abierto.
En mayo del año pasado, se conoció el caso de Verónica Acosta, una mujer de bajos recursos que recibió, por un error de tipeo, una transferencia de $510.236.811 del gobierno de San Luis.
La mujer, una madre que esperaba una cuota alimentaria de apenas 8 mil pesos, gastó gran parte de la plata con compras y envíos de dinero. A raíz de esto, fue detenida junto a cinco familiares y recuperó la libertad.
Sin embargo, la causa penal en su contra por estafa, defraudación y retención indebida de fondos públicos sigue su curso.
