Los viajes en micros de larga distancia ahora contarán con un nuevo esquema para el registro e identificación del equipaje, que permite a las empresas de transporte definir de manera autónoma los mecanismos documentales o tecnológicos destinados a vincular valijas y encomiendas con sus propietarios.
La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y dejó sin efecto la normativa que exigía el uso de marbetes y fajas físicas con diseños establecidos por el Estado, al considerarse incompatible con los principios de libertad de comercio promovidos por el actual Gobierno, en sintonía con el Decreto 70/2023.
Cómo deberá ser el registro de equipaje
Con este cambio, las transportistas podrán implementar distintos sistemas de trazabilidad, entre ellos códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos asociados, registros digitales integrados a los sistemas de ticketing, etiquetas emitidas por la propia empresa u otros dispositivos que aseguren una identificación segura e inviolable.
Pese a la flexibilización en la forma de identificación, el Estado mantendrá el control del procedimiento. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo la autoridad encargada de verificar que exista una trazabilidad efectiva entre el equipaje y el pasajero, priorizando la seguridad del sistema elegido por cada empresa por sobre antiguas especificaciones técnicas.
«El equipaje que no esté identificado con algún tipo de dispositivo de seguridad, no podrá ser ingresado a la unidad de transporte, sin derecho a compensación alguna», explica el documento.
Asimismo, las empresas deberán contar con un sistema de conservación y rendición de datos que permita facilitar la gestión de reclamos y la emisión de comprobantes de despacho, cualquiera sea el mecanismo utilizado. En los servicios interjurisdiccionales, los dispositivos adoptados deberán ser compatibles con los sistemas empleados en la región y en los servicios internacionales de países limítrofes.
La normativa alcanza a los servicios públicos interjurisdiccionales, de tráfico libre, ejecutivos y de turismo, tanto nacionales como internacionales.
Entrará en vigencia dentro de 60 días, y las transportistas deberán informar a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos elegidos con 30 días de antelación, bajo apercibimiento de sanciones.
