La provincia de Formosa enfrenta una «catástrofe vial» de proporciones históricas, cuya gravedad se ha judicializado. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Distrito 22, admitió públicamente la incapacidad de cumplir en tiempo y forma con la orden de reparación inmediata emitida por la Justicia Federal, un reconocimiento que desnuda la profunda crisis de infraestructura y la asfixia presupuestaria que sufre la delegación local.
El detonante de esta crisis institucional fue la «acción de amparo» interpuesta a mediados de junio por la Defensoría del Pueblo provincial, junto a organizaciones como la Fundación Padres Unidos por el Dolor, la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (A.A.T.H.A.) y el Sindicato de Choferes de Camiones. La denuncia fue un grito desesperado ante el «estado de abandono» y el «peligro inminente» que representan las calzadas de las principales arterias nacionales.
El Juzgado Federal número uno, a cargo del Dr. Pablo Morán, emitió una medida cautelar contundente en la causa caratulada «Fundación Padres Unidos por el Dolor y otros con Dirección Nacional de Vialidad sobre incidente de medida cautelar». Dicha orden obligaba a la DNV a ejecutar, en un perentorio plazo de 90 días, trabajos de «reacondicionamiento y reparación en puntos específicos» de las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95, con base en un detallado informe pericial que mapeaba la destrucción.
El Ing. Víctor Padilla, Director del Distrito 22 de Vialidad Nacional Formosa, confirmó que, agotado el plazo inicial, los abogados de la repartición presentaron un escrito solicitando una «prórroga». La justificación no solo apuntó a la complejidad administrativa, sino al trasfondo de una problemática de larga data.
«Dan un plazo de 90 días con el grado de deterioro que tienen las rutas, que no es de ahora, eso es importante aclararlo, que viene hace más de 15 años inclusive, resolverlo en un plazo de 90 días», enfatizó Padilla, dejando en claro que el problema no es solo coyuntural, sino una herencia de décadas de desinversión.
El escrito de la DNV, además de pedir más tiempo, se propuso «explicando los pormenores en la que nosotros nos estamos encontrando e informando técnicamente lo que se está ejecutando». Este reconocimiento formal ante la justicia subraya que la solución a la «destrucción en la calzada» requiere no solo obras puntuales, sino «proyectos de inversión» de gran escala y complejidad que trascienden cualquier plazo trimestral.
A pesar de la falta de recursos, el Distrito 22 ha intentado sostener la transitabilidad mediante esfuerzos internos, desplegando «cuatro frentes trabajando con todo el personal disponible, obrero» para atender las reparaciones más críticas y urgentes.
La esperanza de un respiro se centra en tres «licitaciones públicas» abiertas entre el 22, 23 y 24 de octubre. Estas tienen como objetivo la «provisión y colocación de mechas asfálticas tanto en frío como en caliente». Estos insumos resultan cruciales para implementar un «bacheo generalizado» que, si bien es un paliativo, resulta vital para «como mínimo paliar un poco la situación de emergencia» en las rutas 81, 86 y 11. El ingeniero destacó que la etapa actual es la de «proceso de evaluación» de las ofertas.
La Defensoría del Pueblo, consciente del riesgo que implica la espera, exigió a Vialidad que se adopten los «recaudos necesarios» para señalizar los puntos de mayor peligrosidad. La solicitud fue taxativa: «para que sean señalizados con cartelería horizontal los puntos críticos en los cuales las condiciones de transitabilidad de las calzadas representen riesgos graves para los usuarios y o vehículos«.
Padilla confirmó que se está trabajando en el «señalamiento vertical» (carteles), pero introdujo un elemento de frustración adicional: «También es inoportuno decirlo que gran parte de los carteles que vamos colocando también son vandalizados o robados o los rompen, y volvemos a actuar en consecuencia».
No obstante, en materia de «señalamiento horizontal» (demarcación de ejes y líneas), el titular del distrito recordó que entre septiembre y octubre del año pasado, y principios de este, se había señalizado «gran parte de la red vial nacional», incluyendo la doble línea amarilla en tramos de la Ruta 81 hasta Ibarreta y sectores de las Rutas 11 y 86.
El problema de las rutas en Formosa se enmarca en la reestructuración del gobierno nacional, donde Vialidad ahora depende del Ministerio de Economía, lo que según el Jefe de Distrito, complica la obtención de fondos. Hay gestiones constantes ante las autoridades superiores en Buenos Aires.
El punto más álgido de la entrevista llegó con la revelación de una «denuncia penal» en curso que agrega una capa de corrupción a la crisis de infraestructura.
«Es importante también decirlo que dentro de todo ese contexto también hay en proceso una denuncia penal por malversaciones, justamente sobre dos obras importantes sobre las rutas nacionales».
El ingeniero confirmó que esta causa involucra la Ruta Nacional 11, pero se abstuvo de dar mayores precisiones sobre los denunciados o el contenido de la misma: «Mire, no puedo dar muchos detalles sobre eso dado que hay secreto de sumario». Esta causa, sumada a la situación de subejecución presupuestaria que se denuncia a nivel nacional, sugiere que el problema de las rutas no es solo de escasez, sino de una posible desviación de los fondos que por ley deben ir al mantenimiento vial. (Fuente: diario Formosa Express)