El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, intimó formalmente a Vialidad Nacional para que explique las causas de su inacción frente a una orden judicial vigente que obliga al organismo a ejecutar obras de reparación y mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan el territorio formoseño.
La medida se da en el marco de una causa judicial impulsada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, que tramita ante el Juzgado Federal N°1 a cargo del juez Pablo Morán, y que ordenó a Vialidad Nacional realizar trabajos de bacheo, sellado de grietas, limpieza de banquinas y tareas de mantenimiento sobre las rutas N°11, 81, 86 y 95, consideradas peligrosas por su avanzado deterioro.
Según informó Gialluca, Vialidad Nacional incumplió los plazos fijados por la Justicia y no presentó informes sobre los avances de obra, por lo que se pidió que sea intimada a detallar los trabajos realizados o las razones de su desobediencia.
Fondos viales
El funcionario también cuestionó la falta de transparencia del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, en relación con el impuesto a los combustibles líquidos, que recauda alrededor de $1,5 billones al año y que, por ley, debe destinarse a obras viales en todas las provincias.
“Hasta ahora no se ha dado explicación alguna sobre el destino de esos fondos que todos pagamos en las naftas y el gasoil”, advirtió Gialluca, apuntando directamente al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Economía Luis Caputo.
El defensor sostuvo que el Ejecutivo nacional “decidió que no le interesa la obra pública” y denunció que los recursos provenientes de impuestos nacionales como el IVA, Ganancias o el impuesto a los combustibles “se concentran en la Capital Federal mientras el interior sufre el abandono y la falta de mantenimiento de rutas”.
Privatización encubierta
En medio del conflicto, el Gobierno de Milei anunció recientemente la apertura de sobres para la licitación de tramos de rutas nacionales, presentada como parte de un nuevo esquema de privatización. Sin embargo, el modelo implica que el Estado financie las obras con fondos públicos, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), mientras que la explotación quedará en manos privadas.
Para Gialluca, este sistema “no representa una solución” y agrava la desigualdad territorial. “No podemos seguir permitiendo que el Gobierno Nacional, al haber decidido que no le interesa la obra pública, continúe jugando con la vida de la gente”, advirtió.
Desinversión de Vialidad Nacional ocasiona más accidentes
El titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa recordó que la falta de inversión en infraestructura vial tiene consecuencias directas en la seguridad de los ciudadanos. En lo que va de 2025, se registraron 3.894 muertes por siniestros viales en el país, lo que equivale a un promedio de 12 fallecimientos por día, según datos oficiales de la Dirección de Estadística Vial de la Secretaría de Transporte.
“Los siniestros viales siguen aumentando y por eso hacemos directamente responsable al Gobierno Nacional”, concluyó Gialluca. (Con información de la Defensoría del Pueblo de Formosa).
