La directora de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad, Susana Jara, habló sobre la restitución de las pensiones por discapacidad para más de 14 mil formoseños, tras el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Formosa y la Asociación Camino Azul.
Vale recordar que los fondos de estas pensiones fueron retenidos luego de una auditoría que, aseguraron desde ambos organismos, era arbitraria y no respetaba el trato digno que merecen las personas con discapacidad, por lo que, ante la acción de amparo que presentaron, la jueza federal Nº 1 de Formosa, Belén López Macé, ordenó una medida cautelar, de cumplimiento en 24 horas, a los efectos de que se restituyan las mismas.
Finalmente, el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, confirmó el dictado de una resolución que recepta el informe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dispone dejar sin efecto las suspensiones de dichas pensiones.
Al respecto, Jara resaltó que Formosa es la primera provincia con fallo favorable, lo que consideró “el puntapié para que otras provincias inicien la misma metodología de trabajo” para “defender los derechos de los discapacitados” y “obtener un resultado favorable”.
“Son aproximadamente 14.542 beneficiarios a los cuales se les restituirá el beneficio del cobro. Y las auditorias seguirán realizándose”, detalló.
Asimismo, la funcionaria aseguró que Formosa “ha permanecido siempre acompañando a cada uno de los formoseños”.
“Desde la provincia para todo el país, no sólo van a poder recibir este ingreso sino que también volverán a estar de alta con la cobertura social que incluye salud. Van a volver a recuperar las prestaciones que les corresponden”, aseguró.
Estado presente
Por su parte, Laura Romero, vicepresidenta de la Asociación Camino Azul, expresó estar “muy felices” y sentirse “contenidos por un Estado presente”.
“La ayuda es inmensa. Ojalá esto les llegue a las demás personas con discapacidad, porque no hay que llegar a la última instancia y que no pase de nuevo esto”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que “el Estado presente es el formoseño” ya que “estos recortes vienen a nivel nacional” y ratificó que “la Asociación no está en contra de las auditorias, pero estas se hicieron de manera arbitraria, lastimando a muchas personas”.
“No llegaban las notificaciones, se las citaba en lugares poco dignos, no se fijaban en el espacio geográfico, se las mandaba lejísimo sin tener en cuenta si la persona tiene los medios necesarios para trasladarse”, explicó.
Y cuestionó que, además, utilizaban canales digitales a los que “no todos tienen acceso” y en los que “costaba muchísimo cargas las historias clínicas”.
“No se tomó en cuenta la geografía del país a la hora de auditar”, cerró.
